“El carril de avenida de Portugal se va a quitar […] para que la calle vuelva a tener la lógica de circulación”. En julio de 2023, la teniente de alcalde de Logroño (PP), Celia Sanz, ofrecía así un ejemplo de las actuaciones de varios consistorios de derechas, que se estrenaron ese año eliminando carriles bici y bus para dar más espacio al coche. Un mes después, la infraestructura —puesta en marcha solo medio año antes— fue destruida. Ahora, el Ministerio de Transportes ha enviado una resolución al Ayuntamiento de Logroño —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— para rechazar estos cambios y advertirle de que si no construye los carriles previstos tendrá que retornar la subvención europea de 6,5 millones recibida de forma previa para actuaciones a favor de la movilidad sostenible. El departamento de Óscar Puente está investigando otras 14 urbes por estas causas. “Los ayuntamientos incumplidores tendrán que devolver el dinero y además pueden enfrentarse a una sanción de hasta tres veces la cuantía de la subvención”, explica a EL PAÍS el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia.
El Ejecutivo español movilizó 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation en dos convocatorias (2022 y 2023) para impulsar el desarrollo de la movilidad urbana sostenible con carriles bici, peatonalizaciones, zonas de bajas emisiones o carriles bus. Cualquier modificación de estos proyectos requiere de la aprobación previa del Ministerio de Transportes, algo que, en muchos casos, no ha ocurrido.
De hecho, Logroño eliminó en agosto la infraestructura de la avenida de Portugal, construida con urbanismo tácticoy que pretendía consolidar con los fondos europeos. Después, en varias peticiones —de septiembre de 2023 a febrero de 2024— solicitó modificar el Eje Ciclista Este-Oeste. Pese a no tener respuesta del ministerio, el Consistorio destruyó el carril bici protegido para dar más sitio al coche y lo sustituyó por un espacio compartido entre coches y bicicletas. Además, ha pedido no construir la ampliación del puente de la A-13 para albergar una conexión ciclista y peatonal con la excusa de que otro proyecto del Gobierno de La Rioja proporciona acceso desde el otro extremo de la ciudad. Además, quiere dejar de ejecutar la actuación de plataforma única —poner la calzada y la acera al mismo nivel— en la calle Sagasta.
Los técnicos del ministerio entienden que Logroño pide realizar tres modificaciones de mucho alcance, “que responden a ningún criterio técnico objetivo, ni tampoco a actuaciones sobrevenidas, sino a un cambio de criterio municipal, que no es admisible”. Como ejemplo destacan la destrucción de la parte central del Eje Ciclista Este-Oeste: “Hablan de la carga y descarga de un teatro, que existía desde antes, y de la instalación de unos contenedores subterráneos que el propio Ayuntamiento puso después. Ninguna de ellas es una circunstancia sobrevenida una vez que está aprobado el proyecto”.
Julio Romero, portavoz de Logroño en bici, considera que estas actuaciones se hacen por “revanchismo político” del equipo municipal: “Teníamos un modelo técnico como el de Oslo o Copenhague, hecho con poco dinero, y se está cambiando por otro que supone 40 años de retroceso en la movilidad ciclista. Se están eliminando actuaciones pagadas con fondos europeos, como la prioridad ciclista en la rotonda holandesa [un tipo de infraestructura en el que las bicis tienen prioridad], y también se están quitando otras. El resultado es que mucha gente ha dejado de usar la bici, sobre todo los chavales para ir al instituto”.
Políticas reaccionarias contra la movilidad sostenible
David Lois, profesor de Psicología Social y experto en movilidad, tercia: “Tras las elecciones municipales de 2023, la agenda de algunos ayuntamientos parece tener un único punto: desmantelar políticas destinadas a hacer más fácil la movilidad activa, los viajes en transporte público o la mejora del espacio urbano. Las actuaciones se hacen sin ningún tipo de evidencia, más allá de tópicos como un supuesto maltrato a los conductores”. En su opinión, “son políticas reaccionarias que socavan mejoras en la autonomía infantil, en la caminabilidad de los mayores o en la creación de entornos donde pedalear no resulte estresante”. En este sentido, “Logroño ha sido una de las ciudades más activas en llevar a cabo medidas regresivas”.
Hay una lista de las otras 14 ciudades? Me imagino que la mía podría estar ahí.
Eliminación de carriles bici en valencia waiting room –>
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“El carril de avenida de Portugal se va a quitar […] para que la calle vuelva a tener la lógica de circulación”. En julio de 2023, la teniente de alcalde de Logroño (PP), Celia Sanz, ofrecía así un ejemplo de las actuaciones de varios consistorios de derechas, que se estrenaron ese año eliminando carriles bici y bus para dar más espacio al coche. Un mes después, la infraestructura —puesta en marcha solo medio año antes— fue destruida. Ahora, el Ministerio de Transportes ha enviado una resolución al Ayuntamiento de Logroño —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— para rechazar estos cambios y advertirle de que si no construye los carriles previstos tendrá que retornar la subvención europea de 6,5 millones recibida de forma previa para actuaciones a favor de la movilidad sostenible. El departamento de Óscar Puente está investigando otras 14 urbes por estas causas. “Los ayuntamientos incumplidores tendrán que devolver el dinero y además pueden enfrentarse a una sanción de hasta tres veces la cuantía de la subvención”, explica a EL PAÍS el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia.
El Ejecutivo español movilizó 1.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation en dos convocatorias (2022 y 2023) para impulsar el desarrollo de la movilidad urbana sostenible con carriles bici, peatonalizaciones, zonas de bajas emisiones o carriles bus. Cualquier modificación de estos proyectos requiere de la aprobación previa del Ministerio de Transportes, algo que, en muchos casos, no ha ocurrido.
De hecho, Logroño eliminó en agosto la infraestructura de la avenida de Portugal, construida con urbanismo tácticoy que pretendía consolidar con los fondos europeos. Después, en varias peticiones —de septiembre de 2023 a febrero de 2024— solicitó modificar el Eje Ciclista Este-Oeste. Pese a no tener respuesta del ministerio, el Consistorio destruyó el carril bici protegido para dar más sitio al coche y lo sustituyó por un espacio compartido entre coches y bicicletas. Además, ha pedido no construir la ampliación del puente de la A-13 para albergar una conexión ciclista y peatonal con la excusa de que otro proyecto del Gobierno de La Rioja proporciona acceso desde el otro extremo de la ciudad. Además, quiere dejar de ejecutar la actuación de plataforma única —poner la calzada y la acera al mismo nivel— en la calle Sagasta.
Los técnicos del ministerio entienden que Logroño pide realizar tres modificaciones de mucho alcance, “que responden a ningún criterio técnico objetivo, ni tampoco a actuaciones sobrevenidas, sino a un cambio de criterio municipal, que no es admisible”. Como ejemplo destacan la destrucción de la parte central del Eje Ciclista Este-Oeste: “Hablan de la carga y descarga de un teatro, que existía desde antes, y de la instalación de unos contenedores subterráneos que el propio Ayuntamiento puso después. Ninguna de ellas es una circunstancia sobrevenida una vez que está aprobado el proyecto”.
Julio Romero, portavoz de Logroño en bici, considera que estas actuaciones se hacen por “revanchismo político” del equipo municipal: “Teníamos un modelo técnico como el de Oslo o Copenhague, hecho con poco dinero, y se está cambiando por otro que supone 40 años de retroceso en la movilidad ciclista. Se están eliminando actuaciones pagadas con fondos europeos, como la prioridad ciclista en la rotonda holandesa [un tipo de infraestructura en el que las bicis tienen prioridad], y también se están quitando otras. El resultado es que mucha gente ha dejado de usar la bici, sobre todo los chavales para ir al instituto”.
Políticas reaccionarias contra la movilidad sostenible
David Lois, profesor de Psicología Social y experto en movilidad, tercia: “Tras las elecciones municipales de 2023, la agenda de algunos ayuntamientos parece tener un único punto: desmantelar políticas destinadas a hacer más fácil la movilidad activa, los viajes en transporte público o la mejora del espacio urbano. Las actuaciones se hacen sin ningún tipo de evidencia, más allá de tópicos como un supuesto maltrato a los conductores”. En su opinión, “son políticas reaccionarias que socavan mejoras en la autonomía infantil, en la caminabilidad de los mayores o en la creación de entornos donde pedalear no resulte estresante”. En este sentido, “Logroño ha sido una de las ciudades más activas en llevar a cabo medidas regresivas”.
Hay una lista de las otras 14 ciudades? Me imagino que la mía podría estar ahí.
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