España podría recibir en dos meses fondos europeos del programa Next Generation EU para la reconstrucción de infraestructuras (vías férreas, carreteras, puentes…) dañadas por la DANA. Ese sería el plazo para la recepción del dinero desde que el Gobierno de coalición cursase la solicitud formal a la Comisión Europea, según han confirmado a ‘La Información’ fuentes próximas al Ejecutivo comunitario.
España tendría que solicitar primero una modificación del plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que podría justificarse en función de circunstancias imprevistas, de acuerdo con el artículo 21 del Reglamento del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Uno de los objetivos del plan es reducir tanto los riesgos de inundación, como aquellos vinculados a otros desastres relacionados con el clima. Así, aunque no es un instrumento de emergencia como tal, el plan español puede modificarse si es necesario ante circunstancias imprevistas en virtud de ese artículo.
“La aprobación de dicha modificación requeriría unos dos meses”, apuntan las mismas fuentes. Este periodo cubriría el mes necesario para la aprobación por parte del Consejo Europeo. Sin embargo, inciden en que España podría considerar comenzar a implementar inversiones elegibles antes, “ya que la elegibilidad puede aplicarse retroactivamente”, puntualizan. Al igual que sucede con el resto de las medidas vinculadas al programa europeo cualquier nueva inversión debería finalizarse antes de agosto de 2026.
Actualmente, la principal fuente de financiación a nivel europeo para ayudar a las regiones a prevenir, prepararse y abordar los riesgos de las catástrofes relacionadas con el clima, como inundaciones, corrimientos de tierra, incendios, tormentas o sequías, entre otros, es la política de cohesión. En el periodo entre 2021 y 2027 España ha destinado alrededor de 863 millones de euros de financiación de esos fondos a esos objetivos.
El pasado martes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya anunció que España recurriría al Fondo Europeo de Solidaridad, informa Emilio Ordiz. Esta herramienta no permite dar respuestas rápidas a emergencias o catástrofes naturales específicas, sino que se emplea para dar resolver a posteriori los estragos causados por estas.
Una respuesta más rápida a las catástrofes naturales
El hecho de que los desastres naturales sean cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático ha llevado a la Comisión Europea a mover ficha. Tras las inundaciones en Centroeuropa en julio de 2021 y los incendios registrados el mes pasado en Portugal, el Ejecutivo comunitario ha puesto sobre la mesa nuevas flexibilidades en el marco de las políticas de cohesión y de la Política Agraria Común (PAC) para ayudar a los Estados miembros a gestionar las consecuencias sociales y económicas de esas catástrofes.
Se trata de la propuesta RESTORE, que actualmente está en manos del Parlamento Europeo y del Consejo para su negociación y aprobación, y que pretende facilitar un marco más flexible que permita a los Estados miembros cubrir las necesidades más acuciantes. Servirá, además, para aliviar la carga financiera que pesa sobre los presupuestos nacionales a la hora de hacer frente al impacto de las catástrofes climáticas.
Los cambios propuestos en este reglamento permitirían a los socios europeos contar con la flexibilidad necesaria para dedicar parte de los fondos de la política de cohesión a reparar infraestructuras y equipos dañados por catástrofes relacionadas con el clima, pero también para proporcionar alimentos y asistencia material básica, garantizar el acceso a la asistencia sanitaria para todos los afectados y apoyar temporalmente de manera más flexible la financiación de los regímenes de reducción del tiempo de trabajo.
En este último supuesto se incluirían los ERTE por fuerza mayor que el Gobierno de Pedro Sánchez desarrolló como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y que ha vuelto a activar tras el paso de la DANA en las provincias afectadas por la misma, o la prestación por cese de actividad de los autónomos.
Hasta la fecha, el Gobierno estima que alrededor de 420.000 empleos podrían haberse visto afectados por las consecuencias de la DANA. Desde el día posterior a la riada y hasta el jueves, se habían registrado un total de 159 expedientes de regulación de empleo que afectan a 2.318 trabajadores en la Comunidad Valenciana, según cifras de la Generalitat.
A todo lo anterior se suma que, gracias a los cambios propuestos en el Fondo de Desarrollo Rural de la UE (marco jurídico del Feader 2014-2022), los Estados miembros contarán también con más flexibilidad para apoyar a los agricultores, a los silvicultores y a las empresas afectadas por catástrofes relacionadas con el clima.
Las fuentes consultadas explican que serán los propios Gobiernos y las regiones quienes decidan si se acogen a las nuevas flexibilidades, cómo hacer uso de las mismas y cuánta financiación quieren movilizar en respuesta a catástrofes naturales, teniendo en cuenta sus necesidades.