El Gobierno ha pedido este viernes a la Comisión Europea el quinto pago de fondos europeos. Solicita unos 25.000 millones, el 15% de todos los recursos que tiene asignados desde la pandemia. Se trata de unos 8.000 millones en ayudas directas no reembolsables. Y adicionalmente se solicitan otros 16.000 millones en préstamos correspondientes a los dos primeros tramos. Para obtener esto, España ha acreditado el cumplimiento de unos 84 hitos y objetivos, 55 de los cuales han sido adelantados sobre la programación prevista.
A cambio, el Ejecutivo puede reclamar algo más de dinero. Y puede retrasar otros compromisos que le está costando sacar adelante por la fragmentación parlamentaria, como la ley de familias o una reforma de beneficios fiscales, que ahora solo se tendrán que abordar para el octavo pago. También se aplazan inversiones relativas al hidrógeno verde, que habían estado paradas en Bruselas a la espera de que el Ejecutivo comunitario decidiera sobre las ayudas de Estado. Y se sustituye la ley de servicios sociales por un acuerdo con las comunidades y una regulación posterior del ministerio. La Comisión acepta algunos retrasos y modificaciones, hasta 30 dice la nota del Ministerio de Hacienda, pero a cambio reclama como contrapartida subir la fiscalidad del diésel, incluyéndola como una nueva exigencia vinculada a los fondos europeos.
Entre los principales compromisos cumplidos destaca la ley de universidades, el paquete fiscal que acaba de aprobar el Gobierno y la ley de eficiencia organizativa en la justicia. También se han incluido entre los objetivos logrados inversiones verdes, en Cercanías, o para la digitalización y la innovación.
Los fondos europeos conocidos como Next Generation fueron aprobados para paliar los efectos económicos de la pandemia. A España le tocaron unos 160.000 millones, de los que la mitad eran ayudas directas y la otra mitad préstamos. El Gobierno ya ha recibido unos 48.000 millones en subvenciones, a los que se sumarían estos cerca de 8.000 del quinto pago, siendo uno de los países en los que la ejecución del plan avanza más rápido.
En cualquier caso, el tiempo apremia. Todo debería estar listo antes de mediados de 2026, cuando termina el plan. Si no se ha gastado lo asignado para entonces, se podrían perder fondos. Esta es la tercera vez que se modifica la hoja de ruta. Y habrá una cuarta pronto con el fin de incluir la reasignación de fondos europeos hacia los territorios damnificados por las inundaciones de la dana, el llamado componente Valencia diseñado para financiar la reconstrucción.
Este asunto todavía no aparece en el documento relativo al quinto pago, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que se formulan las últimas modificaciones al plan de recuperación español. Ahí es donde la Comisión Europea recoge la subida del impuesto al gasoil como un compromiso relativo al quinto pago. Eso da de margen hasta marzo para incrementar la tributación al diésel, si no la UE tendría que retener una porción de los 8.000 millones en ayudas directas, como sucede con el incumplimiento de cualquier hito.
La Comisión Europea ya había incorporado hace unas semanas la exigencia del diésel en sus recomendaciones al plan fiscal estructural de España. Pero de esta forma se asegura todavía más que el Ejecutivo español adopte esta subida de impuestos. Son unos 1.500 millones de euros en recaudación, en torno a una décima del PIB.
Los fondos se entregan conforme se va cumpliendo los objetivos de reformas e inversiones. El hito 388 hace referencia a la reforma fiscal que se debía haber aprobado a principios de 2023 siguiendo las recomendaciones del comité de expertos. Estos defendían sobre todo eliminar los tipos reducidos del IVA y subir impuestos verdes. Pero el último paquete fiscal del Gobierno no ha incluido estas modificaciones en el paquete fiscal que lanzó hace más de un mes y se aprobó este jueves en el Congreso. Tampoco logró introducir la subida al diésel, aunque lo intentó, por la resistencia de Podemos.
La iniciativa suponía que cada litro repostado se encarecía en algo más de 11 céntimos, al igualar la tributación con la de la gasolina, ya que actualmente el diésel cuenta con bonificaciones pese a ser contaminante. Podemos consideró que era un impuesto regresivo porque hay más familias de rentas bajas cuyos vehículos son de gasoil. Y no brindó su respaldo en el Congreso, dejando caer la medida. El Gobierno planea llevar al Congreso en breve el asunto, que ahora además es una exigencia que Bruselas pone negro sobre blanco en el nuevo documento.