Durante décadas, el régimen de Francisco Franco trabajó en secreto para convertir a España en una potencia nuclear. El Proyecto Islero, como se bautizó el ambicioso plan, estuvo cerca de materializarse, pero finalmente quedó en el olvido debido a presiones internacionales y diferencias dentro del propio gobierno español.
Tras la Segunda Guerra Mundial, España quedó aislada en el panorama internacional. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos empezó a ver en el régimen franquista un aliado estratégico contra el avance del comunismo. La visita del presidente Dwight D. Eisenhower a Madrid en 1959 marcó un punto de inflexión, consolidando la relación entre ambos países a cambio de la instalación de bases militares estadounidenses en territorio español.
En este contexto, el gobierno de Franco aprobó la idea de desarrollar armamento nuclear como herramienta de disuasión. La Junta de Energía Nuclear (JEN), creada en 1951, sería el organismo encargado de llevar a cabo la investigación atómica.
El inicio del Proyecto Islero
Uno de los principales impulsores del plan fue Guillermo Velarde, ingeniero militar que se formó en Estados Unidos en la Universidad del Estado de Pensilvania y el Laboratorio Nacional de Argonne. Durante su estancia en el país norteamericano, adquirió conocimientos clave en física nuclear y trabajó en el desarrollo de reactores, experiencia que más tarde aplicaría en España.
En 1961, Velarde planteó al presidente de la JEN, José María Otero Navascués, la posibilidad de que España fabricara su propia bomba atómica. Tras obtener el respaldo del gobierno, en 1963 se le encomendó la dirección técnica del proyecto, que operaría bajo estricta confidencialidad.
Para evitar sospechas, Velarde y su equipo trabajaban en secreto en las instalaciones de la JEN, sin que los propios investigadores conocieran el objetivo final del proyecto. El plan se estructuró en nueve fases, siendo la principal la obtención de plutonio para fabricar la bomba, pues el enriquecimiento de uranio resultaba demasiado costoso y difícil de ocultar.
El accidente de Palomares
El 17 de enero de 1966, un bombardero B-52 estadounidense que transportaba cuatro bombas termonucleares chocó con un avión cisterna sobre Palomares, en el sureste de España. Aunque las bombas no detonaron, dos de ellas liberaron plutonio radiactivo en la zona, lo que llevó a un extenso operativo militar de EE.UU. para su recuperación.
El incidente fue clave para el Proyecto Islero. Velarde y su equipo fueron enviados a analizar los restos de las bombas y, tras examinar las partículas radiactivas en el terreno, descubrieron por accidente el método Ulam-Teller, la tecnología utilizada en las bombas de hidrógeno. Hasta ese momento, solo EE.UU., la URSS, Francia y China dominaban este conocimiento. Este hallazgo colocó a España en una posición única ya que tenía el conocimiento teórico y técnico para desarrollar su propia bomba termonuclear.
El bloqueo del proyecto
A pesar del avance, el desarrollo del arma nuclear española se vio obstaculizado por varias razones. En 1963, España negociaba con Francia la compra de un reactor nuclear para la central de Vandellós-I. El plan inicial era utilizar este reactor para producir el plutonio necesario para la bomba.
Sin embargo, diferencias dentro del propio gobierno español sabotearon el proyecto. Gregorio López Bravo, ministro de Industria y defensor de una mayor integración con Occidente, convenció a Franco de los riesgos y costes de la iniciativa. Al mismo tiempo, Estados Unidos vigilaba de cerca a España y ejercía presión para evitar que se convirtiera en potencia nuclear.
En 1966, Franco decidió suspender oficialmente el Proyecto Islero, temiendo represalias económicas y diplomáticas por parte de Washington. No obstante, se negó a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), permitiendo que la investigación continuara de forma limitada.
El fin del Proyecto Islero
A pesar de la cancelación del plan original, en 1974, con el régimen franquista en su declive, el gobierno de Carlos Arias Navarro aprobó una nueva directiva para reactivar el programa nuclear militar. El objetivo era producir 36 bombas atómicas antes de 1980.
Sin embargo, con la llegada de la democracia, la presión internacional se intensificó. En 1981, el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo firmó un acuerdo con la Organización Internacional de la Energía Atómica, permitiendo la supervisión de todas las instalaciones nucleares españolas y descartando cualquier uso militar. En 1987, bajo el gobierno de Felipe González, España se adhirió finalmente al Tratado de No Proliferación Nuclear, poniendo fin definitivo a cualquier aspiración atómica.