El Banco de España, institución que asienta su prestigio corporativo en disponer de la mejor información estadística sobre nuestra economía nacional, cuenta con un servicio de estudios cuyos informes periódicos solían ser objeto de crítica a raíz del muy reconocible sesgo teórico liberal que inspiraba el enfoque de la mayoría de sus publicaciones. No obstante, y más allá de esas ocasionales objeciones a la inclinación doctrinal neoclásica compartida por el grueso de los profesionales que lo integran, de lo que nunca hasta ahora se podría haber acusado al Banco de España, o al menos yo no lo recuerdo, es de mentir de forma explícita, abierta y descarada en el enunciado literal de alguno de sus documentos de análisis oficiales. Y de ahí la perplejidad que supongo habrá suscitado entre todos sus lectores el recién publicado Informe Anual, primero del instituto emisor correspondiente al mandato de Escrivá.
En concreto, me refiero a la siguiente sentencia colada de matute en su redactado: «Las ganancias de productividad [sic] han sido más intensas en España que en el conjunto de la Unión Económica y Monetaria a lo largo del periodo 2019-2024, especialmente en comparación con países como Francia y Alemania». Unas imaginarias ganancias de productividad, esas que se acaba de inventar el Banco de España en un documento con su timbre oficial, que huelga decir que ni están ni se las espera.
Toda vez que, tal como escribió hace unos días el economista Miquel Puig, que es quien levantó la liebre del bulo en su columna de La Vanguardia, no sólo no ha habido ninguna ganancia de productividad en España durante el periodo de los últimos cinco años, sino que, por el contrario, el valor de tal indicador crítico, la productividad por trabajador, ha disminuido en un 2% a lo largo del mismo intervalo. Y es muy grave que una entidad pública con la reputación y la solera histórica del Banco de España empiece a imitar las técnicas y el modus operandi propio de los agitadores de las redes sociales y también de los tertulianos más indocumentados y cutres.
En cualquier caso, asistimos a la irrupción en escena de lo que ya podríamos bautizar como la doctrina Escrivá, el afán del nuevo Banco de España por tratar de aportar una pátina de legitimación teórica a la política económica del Gobierno, esa sustentada en el muy tosco y miope principio de expandir el PIB vía incorporaciones masivas de inmigrantes no cualificados procedentes del Tercer Mundo.
«Es clamoroso el silencio de tantos economistas solventes y prestigiosos ante manipulaciones tan burdas»
Las élites políticas españolas, si bien cabe admitir que el PP empieza a reconocer tímidamente su error, llevan años incurriendo en una irresponsabilidad histórica con su negligencia ante la inmigración no cualificada que, a medio plazo, está llamada a acarrear consecuencias muy graves e irreversibles para el país en su conjunto. De hecho, algunas de ellas ya se pueden constatar en el instante presente, además con particular crudeza. ¿O cómo explicar, por ejemplo, que en un país donde la tasa de natalidad se sitúa en mínimos históricos –y desde hace más de medio siglo– el primer problema nacional, el más angustioso e irresoluble de todos, resulte ser el del acceso a la vivienda de los jóvenes?
En España, como en otros países de Europa, el miedo a verse asociado con las posiciones de la extrema derecha y tener que arrostrar con el estigma consiguiente, al final, ha acabado operando como el más poderoso y eficaz instrumento de la censura, ese que no resulta ser otro que la autocensura. Y de ahí, por cierto, el clamoroso silencio en el foro público de tantos economistas solventes y prestigiosos ante manipulaciones tan burdas y groseras como esa que acaba de poner en circulación el nuevo Banco de España. En fin, si de lo que se trata es de que también la autoridad bancaria se revuelque en la piscina de barro de la tangana política cotidiana, Escrivá no podría haber comenzado mejor su trabajo.