última hora de la convocatoria, CGPJ y servicios mínimos

Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.

También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal “pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos”.

Como ya hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro.

Así, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, “no procede” tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.

Las asociaciones alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas está el “riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales” y que se “va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”.

Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que “se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo” y “sin contrapesos” suficientes.

Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “comprometen gravemente la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal” y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

Como decimos, la huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado, 28 de junio, por las mismas asociaciones frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.

Esta manifestación es el anticipo de una semana que estará marcada por la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas asociaciones, que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal.

Las asociaciones que han participado en esta huelga, todas ellas conservadoras, son las siguientes:

Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) Foro Judicial Independiente (FJI) Asociación de Fiscales (AF) Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

Fue el pasado 17 de junio cuando las cinco asociaciones anunciaron la huelga, ofreciendo desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia ha rechazado, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo.

Ya con la medida de fuerza anunciada, Bolaños les trasladó en una misiva que las reformas se harán para actualizar “estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX”.

Con esta, cabe recordar que ya son seis las huelgas de jueces convocadas en democracia. En la primera, en 2009, el colectivo pidió adecuar el ratio de jueces a los estándares europeos, que se cumpliera la ley de retribuciones, recién aprobada en ese momento y que suponía subidas salariales, y la retirada del proyecto de ley de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios.

La siguiente, en 2013, apoyada por unos 2.100 profesionales y secundada por todas las asociaciones judiciales excepto APM, se convocó en protesta contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En 2018 se hicieron dos huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, en mayo y en octubre. La última, en 2023, se convocó, pero no se terminó materializando, tras alcanzarse un acuerdo sobre una subida salarial con el Gobierno.

Además, alegan también que, tal como ha establecido una sentencia del Tribunal Constitucional, se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma sin necesidad de autorización o comunicación previa.

Por otra parte, indican que, “ante la falta de fijación de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado” el comité de huelga ha establecido unos criterios “para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía sin desvirtuar el derecho de huelga”.

A pesar de eso, como hemos señalado anteriormente, las asociaciones decidieron continuar con la convocatoria de huelga, ya que consideraba que se trataba de “una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales”.

Mantienen que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, que no cabe interpretación restrictiva, que “de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión”.

Nuevo pulso en el Consejo General del Poder Judicial entre sectores, en este caso a cuenta de las tres jornadas de huelga que han convocado cinco asociaciones de jueces para los días 1,2 y 3 de julio. El CGPJ ha aprobado un acuerdo que participa a las asociaciones convocantes que el ejercicio del derecho de huelga para la carrera carece, de momento, “de soporte normativo” y que, por ello, no pueden tener la convocatoria por anunciada ni fijar servicios mínimos. Agregan una llamada “a la responsabilidad institucional de quienes ejercen funciones constitucionales, sean estas legislativas, de gobierno o jurisdiccionales”.

A la vista de esos cambios, los convocantes reclamaron “la retirada de ambos proyectos” y advirtieron de que, de no producirse, “no tendremos más remedio que acudir a la huelga dentro de unos días”, pese a los perjuicios que ello ocasionaría a ciudadanos y profesionales de la Justicia. El manifiesto concluyó que “la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos” y que solo con una Fiscalía “imparcial y libre de injerencias políticas” puede preservarse la salud democrática del país.

Todo dentro de un contexto en el que, en el propio seno del CGPJ, la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio se ha convertido en un nuevo asunto divisorio entre conservadores y progresistas. En un acuerdo rubricado esta pasada semana, el órgano señalaba a las entidades convocantes que el paro carece de “soporte normativo” además de hacer un llamado a la “responsabilidad institucional” del cuerpo.

Como decimos, todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos (Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)), inician esta huelga de tres días contra las reformas anunciadas por el Gobierno.

Los pasillos de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, permanecen vacíos este martes 1 de julio como consecuencia de la huelga convocada por jueces y fiscales. En una jornada habitual, el juzgado estaría lleno de actividad.

Recordemos que todas las asociaciones de jueces y fiscales, con dos excepciones, secundan desde esta mañana una huelga de tres días para protestar por la reforma de la justicia impulsada por el Gobierno central.

Entre las medidas cuestionadas figura el proyecto de ley que cambia el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Según el manifiesto, la tramitación por vía de urgencia carece de justificación y el plan “rebajará la excelencia de conocimientos”, introducirá pruebas “más subjetivas” y creará un centro de preparación de opositores “dependiente directamente del Gobierno”, con el consiguiente “riesgo de selección ideológica” de futuros jueces y fiscales.

El texto también critica el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que “quiere aumentar el poder del Fiscal General del Estado” —nombrado por el Ejecutivo— y reducir la autonomía interna, lo que, a su juicio, “incrementará aún más […] el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.

El documento subrayó que la concentración “no es contra el poder ejecutivo, tampoco es contra el poder legislativo: es un acto a favor del poder judicial”, insistiendo en que su finalidad es “defender lo de todos”. Los firmantes recordaron que la Constitución erigió tres garantías básicas —imperio de la ley, separación de poderes y un Poder Judicial independiente— y advirtieron de que esas salvaguardas “están hoy bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas”.

En este punto, durante la lectura del manifiesto se escucharon insultos contra el presidente y el Ejecutivo, que fueron respondidos por Sergio Oliva, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, que aseguró que “quien insulta se retrata a sí mismo” y afirmó que quienes proferían las faltas de respeto “no eran jueces ni fiscales”, entre aplausos de sus compañeros, pero evidenciando la crispación del momento que vive la carrera judicial.

Jueces y fiscales de toda España se congregaron este pasado sábado, 28 de junio, frente al Tribunal Supremo bajo el lema “Sin Estado de Derecho no hay democracia”, en el que denunciaron las reformas que prepara el Gobierno y reivindicaron la independencia judicial como pilar democrático.

El manifiesto celebró la afluencia de asistentes “venidos de tantos sitios a este lugar tan emblemático, la sede del poder judicial”. En total, los convocantes cifraron la concentración contra la reforma en 5.000 personas, con más de 1.000 miembros del cuerpo judicial.

La paralización de la actividad judicial durante tres días conllevará la suspensión de juicios, vistas y señalamientos previamente programados. Tal como ha sucedido en huelgas anteriores, estas interrupciones podrían derivar en retrasos que se prolonguen durante meses, especialmente en casos sensibles o de especial urgencia.

Las asociaciones convocantes garantizan que los servicios esenciales —como los asuntos de guardia o las medidas cautelares urgentes— seguirán siendo atendidos para evitar perjuicios irreparables a los derechos de los ciudadanos.

Cabe recordar que, con esta, ya son seis las huelgas de jueces convocadas en democracia. En la primera, en 2009, el colectivo pidió adecuar el ratio de jueces a los estándares europeos, que se cumpliera la ley de retribuciones, recién aprobada en ese momento y que suponía subidas salariales, y la retirada del proyecto de ley de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios.

La siguiente, en 2013, apoyada por unos 2.100 profesionales y secundada por todas las asociaciones judiciales excepto APM, se convocó en protesta contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En 2018 se hicieron dos huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, en mayo y en octubre. La última, en 2023, se convocó, pero no se terminó materializando, tras alcanzarse un acuerdo sobre una subida salarial con el Gobierno.

Por último, se mostraron conscientes, “frente a quienes sostienen que esta huelga carece de efectos económicos”, de que “el ejercicio de este derecho conlleva una pérdida retributiva proporcional”.

Justicia solicitó al CGPJ, pagador tanto de jueces como de fiscales, que habilitase un mecanismo para detraer el salario de las personas que no acudan a su puesto de trabajo con motivo de la huelga, según fuentes ministeriales.

Sin embargo, las asociaciones respondieron que el derecho de huelga, recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, no admite interpretaciones restrictivas, y decidieron mantener la protesta, estableciendo por su cuenta los servicios mínimos como ya hicieron en anteriores convocatorias similares.

En este contexto, advirtieron de que “cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave”.

El CGPJ celebró un Pleno extraordinario el pasado jueves para analizar el anuncio de huelga y resolvió por unanimidad que el ejercicio de derecho a huelga de los togados carece de soporte normativo, “por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria” ni fijar servicios mínimos. Pese a ello, el CGPJ no contempla imponer ningún tipo de sanción disciplinaria a quienes participen.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, envió una carta explicando que el Ministerio Público “carece igualmente de competencias para fijar servicios mínimos”. Además, recordó a los fiscales que “habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones en las que la falta de intervención del miembro del Ministerio Fiscal pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos”.

De estas protestas, se ha desvinculado la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD), que confirmó que no la secundaría pese a ser contraria al proceso de estabilización contemplado para la carrera.

A pesar de ello, los convocantes exigen la retirada del proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, en tramitación parlamentaria, y del anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Esta manifestación es el anticipo de una semana que estará marcada por la huelga de tres días convocada para el 1, 2 y 3 de julio por las mismas asociaciones, que representan a la mayoría de la carrera judicial y fiscal.

Las asociaciones que han participado en esta huelga, todas ellas conservadoras, son las siguientes:

Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) Foro Judicial Independiente (FJI) Asociación de Fiscales (AF) Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)

La convocatoria de una nueva huelga judicial en España ha reabierto el debate sobre la independencia del poder judicial y el equilibrio institucional en el país. Durante tres jornadas del mes de julio, se espera un parón que afectará a miles de procesos judiciales en todo el territorio. La movilización se plantea como respuesta directa a una reforma legislativa impulsada por el Gobierno, cuyo contenido ha generado una fuerte controversia entre distintos sectores de la carrera judicial y fiscal. Además, la falta de consenso institucional sobre la legalidad de esta huelga añade aún más tensión al conflicto.

Las asociaciones ya han anticipado que, “una vez finalizados estos tres días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado parlamentario de las reformas, llevarán a cabo una evaluación conjunta de la situación”.

Indican que “esta revisión tendrá en cuenta el respaldo recibido, y se actuará de forma coordinada para decidir sobre la continuidad o ampliación de las medidas, y la mejor fecha para implementarlas”.

Respecto a posibles sanciones a los magistrados que secunden el paro, fuentes jurídicas se remiten a los antecedentes de las huelgas convocadas desde 2009, en las que no se han producido este tipo de castigos.

También la Fiscalía comunicó que carece de competencias para fijar servicios mínimos y pidió garantizar aquellas actuaciones en las que la ausencia del fiscal “pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos”.

Como ya hizo en febrero de 2009, cuando resolvió que los jueces no tienen derecho a esa medida de protesta, el Ministerio de Justicia solicitó al CGPJ que se pronunciara sobre la legalidad de este paro.

Así, el Pleno del CGPJ acordó por unanimidad el pasado jueves que el ejercicio del derecho a huelga de jueces y magistrados carece, por el momento, de soporte normativo y, por tanto, “no procede” tenerla por anunciada ni tampoco fijar servicios mínimos al carecer de competencia para ello.

Las asociaciones alertan de que las reformas anunciadas minarán la independencia judicial y, con ello, el Estado de Derecho. Entre sus principales críticas está el “riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales” y que se “va a rebajar la excelencia de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, eliminando contenido esencial para la formación e introduciendo pruebas más subjetivas y susceptibles de filtración”.

Respecto a la reforma de la Fiscalía, para adaptarla al cambio de jueces a fiscales instructores, las cinco asociaciones advierten de que “se quieren aumentar las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo” y “sin contrapesos” suficientes.

Consideran que tanto el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial, como el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal “comprometen gravemente la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal” y denuncian que no responden a una verdadera demanda social ni contribuyen a solucionar los verdaderos problemas de la Justicia, sino que incrementan los riesgos de su politización.

Como decimos, la huelga llega después de la concentración convocada el sábado pasado por las mismas asociaciones conservadoras frente a la sede del Tribunal Supremo, que congregó a miles de personas, entre ellas cientos de jueces y fiscales, para exigir la retirada de ambos proyectos, que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.

Recordemos también que las cinco asociaciones convocantes son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que han fijado el paro para los días 1, 2 y 3 de julio, además de una concentración que hicieron el sábado 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.

Así, todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos (Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF)), inician esta huelga de tres días (1, 2 y 3 de julio) contra las reformas anunciadas por el Gobierno, a pesar de que el ministro del ramo, Félix Bolaños, descarta dar marcha atrás asegurando que son “imprescindibles” para modernizar la Justicia.

Fue el pasado 17 de junio cuando las cinco asociaciones anunciaron la huelga, ofreciendo desconvocarla si el Ejecutivo retiraba las reformas, algo que el Ministerio de Justicia ha rechazado, como ya les avanzó en la reunión que mantuvieron días antes, el 4 de junio, con el secretario de Estado Manuel Olmedo.

Ya con la medida de fuerza anunciada, Bolaños les trasladó en una misiva que las reformas se harán para actualizar “estructuras que no se han modificado en lo sustancial desde la segunda mitad del siglo XX y, en ocasiones, desde el siglo XIX”.

Con esta, ya son seis las huelgas de jueces convocadas en democracia. En la primera, en 2009, el colectivo pidió adecuar el ratio de jueces a los estándares europeos, que se cumpliera la ley de retribuciones, recién aprobada en ese momento y que suponía subidas salariales, y la retirada del proyecto de ley de dar a los secretarios judiciales la facultad de señalar los juicios.

La siguiente, en 2013, apoyada por unos 2.100 profesionales y secundada por todas las asociaciones judiciales excepto APM, se convocó en protesta contra las reformas del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En 2018 se hicieron dos huelgas para exigir mejoras en sus condiciones laborales, en mayo y en octubre. La última, en 2023, se convocó, pero no se terminó materializando, tras alcanzarse un acuerdo sobre una subida salarial con el Gobierno.

Además, alegan también que, tal como ha establecido una sentencia del Tribunal Constitucional, se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma sin necesidad de autorización o comunicación previa.

Por otra parte, indican que, “ante la falta de fijación de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado” el comité de huelga ha establecido unos criterios “para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía sin desvirtuar el derecho de huelga”.

A pesar de eso, como hemos mencionado anteriormente, las asociaciones han decidido continuar con la convocatoria de huelga, ya que consideran que se trata de “una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales”.

Mantienen que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, que no cabe interpretación restrictiva, que “de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión”.

Nuevo pulso en el Consejo General del Poder Judicial entre sectores, en este caso a cuenta de las tres jornadas de huelga que han convocado cinco asociaciones de jueces para los días 1,2 y 3 de julio. El CGPJ ha aprobado un acuerdo que participa a las asociaciones convocantes que el ejercicio del derecho de huelga para la carrera carece, de momento, “de soporte normativo” y que, por ello, no pueden tener la convocatoria por anunciada ni fijar servicios mínimos. Agregan una llamada “a la responsabilidad institucional de quienes ejercen funciones constitucionales, sean estas legislativas, de gobierno o jurisdiccionales”.

A la vista de estos cambios, los convocantes reclamaron “la retirada de ambos proyectos” y advirtieron de que, de no producirse, “no tendremos más remedio que acudir a la huelga dentro de unos días”, pese a los perjuicios que ello ocasionaría a ciudadanos y profesionales de la Justicia. El manifiesto concluyó que “la existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos” y que solo con una Fiscalía “imparcial y libre de injerencias políticas” puede preservarse la salud democrática del país.

Todo dentro de un contexto en el que, en el propio seno del CGPJ, la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio se ha convertido en un nuevo asunto divisorio entre conservadores y progresistas. En un acuerdo rubricado esta pasada semana, el órgano señalaba a las entidades convocantes que el paro carece de “soporte normativo” además de hacer un llamado a la “responsabilidad institucional” del cuerpo.

Entre las medidas cuestionadas figura el proyecto de ley que cambia el sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal. Según el manifiesto, la tramitación por vía de urgencia carece de justificación y el plan “rebajará la excelencia de conocimientos”, introducirá pruebas “más subjetivas” y creará un centro de preparación de opositores “dependiente directamente del Gobierno”, con el consiguiente “riesgo de selección ideológica” de futuros jueces y fiscales.

El texto también critica el anteproyecto de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que “quiere aumentar el poder del Fiscal General del Estado” —nombrado por el Ejecutivo— y reducir la autonomía interna, lo que, a su juicio, “incrementará aún más […] el riesgo de injerencias políticas en las causas de corrupción”.

El documento subrayó que la concentración “no es contra el poder ejecutivo, tampoco es contra el poder legislativo: es un acto a favor del poder judicial”, insistiendo en que su finalidad es “defender lo de todos”. Los firmantes recordaron que la Constitución erigió tres garantías básicas —imperio de la ley, separación de poderes y un Poder Judicial independiente— y advirtieron de que esas salvaguardas “están hoy bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas”.

En este punto, durante la lectura del manifiesto se escucharon insultos contra el presidente y el Ejecutivo, que fueron respondidos por Sergio Oliva, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, que aseguró que “quien insulta se retrata a sí mismo” y afirmó que quienes proferían las faltas de respeto “no eran jueces ni fiscales”, entre aplausos de sus compañeros, pero evidenciando la crispación del momento que vive la carrera judicial.

Jueces y fiscales de toda España se congregaron frente al Tribunal Supremo bajo el lema “Sin Estado de Derecho no hay democracia”, en el que denunciaron las reformas que prepara el Gobierno y reivindicaron la independencia judicial como pilar democrático.

El manifiesto celebró la afluencia de asistentes “venidos de tantos sitios a este lugar tan emblemático, la sede del poder judicial”. En total, los convocantes cifraron la concentración contra la reforma en 5.000 personas, con más de 1.000 miembros del cuerpo judicial.

La paralización de la actividad judicial durante tres días conllevará la suspensión de juicios, vistas y señalamientos previamente programados. Tal como ha sucedido en huelgas anteriores, estas interrupciones podrían derivar en retrasos que se prolonguen durante meses, especialmente en casos sensibles o de especial urgencia.

Las asociaciones convocantes garantizan que los servicios esenciales —como los asuntos de guardia o las medidas cautelares urgentes— seguirán siendo atendidos para evitar perjuicios irreparables a los derechos de los ciudadanos.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado reconocer oficialmente la convocatoria, alegando que “carece de soporte normativo” y que, por tanto, no puede considerarse anunciada legalmente. También ha señalado que no es competente para establecer servicios mínimos.

Sin embargo, las asociaciones han respondido que el derecho de huelga, recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, no admite interpretaciones restrictivas, y han decidido mantener la protesta, estableciendo por su cuenta los servicios mínimos como ya hicieron en anteriores convocatorias similares. Además, el Ministerio de Justicia ha planteado que podría aplicarse una detracción salarial a quienes participen en la huelga, aunque esa medida ya fue anulada en el pasado por la Audiencia Nacional.

Las cinco asociaciones convocantes —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)— han fijado el paro para los días 1, 2 y 3 de julio, además de una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.

Su protesta se centra en el rechazo a dos reformas: la primera, que modifica el acceso a las carreras judicial y fiscal, y la segunda, que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según las entidades, ambas iniciativas podrían poner en riesgo la imparcialidad judicial al abrir la puerta a procesos de selección más politizados y al reforzar el poder del fiscal general del Estado, figura designada directamente por el Gobierno.

La convocatoria de una nueva huelga judicial en España ha reabierto el debate sobre la independencia del poder judicial y el equilibrio institucional en el país. Durante tres jornadas del mes de julio, se espera un parón que afectará a miles de procesos judiciales en todo el territorio. La movilización se plantea como respuesta directa a una reforma legislativa impulsada por el Gobierno, cuyo contenido ha generado una fuerte controversia entre distintos sectores de la carrera judicial y fiscal. Además, la falta de consenso institucional sobre la legalidad de esta huelga añade aún más tensión al conflicto.

¡Buenos días!

Hoy, martes 1 de julio, comienza el primero de los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que buscan reformar el acceso a la carrera y el estatuto del Ministerio Fiscal, y a pesar de que el Pleno del Consejo General del Poder judicial acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal.