“Vamos a realizar la mayor revolución en la Administración desde la aparición de internet”. Así ha resumido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, la estrategia presentada este lunes para transformar la Administración del Estado, que pondrá la inteligencia artificial en el centro.
Entre otras medidas, el plan prevé eliminar la obligatoriedad de la cita previa, simplificar la burocracia y desarrollar oficinas “todo en uno” que permitan centralizar servicios; además implantará un nuevo modelo de oposiciones que requerirá superar un curso de posgrado para lograr la plaza, con el fin de quedarse “con los mejores” perfiles y que los mismos estén “adaptados a las nuevas ocupaciones que están surgiendo en el sector público”.
“¿A qué nos tiene que ayudar la inteligencia artificial? A que sea la Administración quien vaya por delante y te simplifique la vida”, ha reivindicado López en una rueda de prensa junto a la Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli. El ministro ha dedicado su intervención a Javier Moscoso, recientemente fallecido, “uno de los grandes impulsores de la modernización de la Administración”, ha recalcado.
El Plan de Transformación de la Administración del Estado supondrá un desembolso de 43 millones de euros que saldrá del presupuesto del Ministerio de Función Pública. “España va a marcar un perfil propio en un contexto global de recortes y desmantelamiento de lo público”, ha reivindicado el ministro, “potenciando lo público y el Estado del bienestar”.
No obstante, para su puesta en marcha necesitará el apoyo de la mayoría del Congreso, pues algunas de las medidas requieren modificar la normativa vigente.
Los primeros pasos ya se han dado en este sentido, pues la estrategia se inició en marzo de 2024 con un documento marco, pero su despliegue total no se prevé hasta 2027. Será entonces cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lleve a cabo una evaluación para analizar su funcionamiento y posibles mejoras. “Tenemos que evaluar, evaluar y evaluar, medir para mejorar”, ha añadido Mapelli.
Una de las medidas más novedosas serán los cambios en el sistema de selección de personal. En concreto, los aspirantes aprobados de las oposiciones de los grupos A1 y A2 realizarán una formación equivalente a 120 y 90 créditos, respectivamente, “de manera que la Administración se quede con los mejores aspirantes” y los que no, “puedan obtener un título de posgrado para minimizar el coste de oportunidad”, ha dicho Mapelli.
Dicha formación será gratuita y tendrá una duración de máximo dos años, además de contar con becas del Ministerio de Educación.
“Se trata de garantizar la igualdad de oportunidades, agilizar los procesos de selección y adaptarlos al cambio tecnológico. No contratar sin más los mismo perfiles, sino seleccionar perfiles adecuados a la gestión de esas herramientas”, ha puntualizado el ministro, convencido de que será una herramienta eficaz para “atraer talento” a la Administración.
Entre las principales reformar que deberá afrontar la Administración del Estado en este tiempo, el plan también prevé la puesta en marcha de una “plataforma soberana de inteligencia artificial”, en palabras de López, para la simplificación de trámites. Con una inversión de 14 millones de euros, la misma permitirá extender al conjunto de la Administración “el éxito del ‘kit digital'”, en el que bastan tres minutos para tramitar las ayudas.
A su vez, se introducirá un sistema para “agilizar la burocracia” ofreciendo los formularios precumplimentados. Se trata del sistema ‘SimplexEsp’, que funcionará de una forma parecida al borrador de la declaración de la Renta, que aparece ya relleno y permite modificar o confirmar los datos.
La estrategia también prevé “aprovechar el uso de las nuevas tecnologías para eliminar la obligatoriedad de la cita previa”. Para ello, se implementarán las inversiones y reformas necesarias y, posteriormente, se promoverá el cambio legislativo, por lo que el ministro no ha querido dar una fecha concreta.
Además se posibilitará la creación de “oficinas todo en uno”, que centralizarán los servicios de la Administración en un mismo lugar. Por ejemplo, López ha indicado que se podrá realizar un empadronamiento en una oficina de Correos.
Esta estrategia es fruto del consenso, ha destacado López, pues se han recibido más de 400 aportaciones del sector empresarial, la Administración Pública y la sociedad civil.
La misma ya ha sido remitida esta lunes a las comunidades autónomas, a las que el ministro ha pedido “colaboración” para su implementación. Y ha prometido reunir a la Conferencia Sectorial del ramo próximamente.
“Con proyectos como el de hoy vamos a poner en marcha la fábrica del Estado. Se trata de ver qué productos ofrece el Estado a los ciudadanos para realizar todos los procesos y facilitar su servicio”, ha sentenciado López.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ha rechazado a través de un comunicado la propuesta de la secretaria de Estado de Función Pública por “atentar contra la objetividad, el mérito y la capacidad”.
Denuncian que, “con media España de vacaciones”, que los cambios que se plantean en los procesos selectivos del funcionariado de la Administración General del Estado (AGE) supondrían la “desaparición de la actual objetividad que emana de nuestros sistemas de acceso a la función pública”. Además, añaden que también podría suponer una rebaja en los requisitos de acceso.
Además, han añadido que el documento es “muy mejorable desde el punto de vista de la utilización de la lengua española” y han tachado al plan presentado de ambiguo, plagado de términos incomprensibles y vacíos, “incongruencias y conclusiones” que suponen un “peligro” para la función pública en España.
Los Inspectores han sentenciado que no ha habido consenso entorno a estas medidas, que el funcionariado ya no tendrá la misma preparación y que “la injerencia política será una realidad sin precedentes en la democracia española”. Asimismo, han sentenciado en el comunicado que el Gobierno está demoliendo la función pública a través de la cesión de competencias, especialmente “la Administración tributaria, sigue adelante con el desmoronamiento de la Administración, del Estado de Derecho y de la función pública española”.