El Banco de España es una institución con amplísimas funciones, desde participar en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) hasta supervisar a las entidades financieras. Pero si hay una competencia que ha resultado periódicamente polémica en las últimas décadas ha sido la de “asesorar al Gobierno, así como realizar los informes y estudios que resulten procedentes”, que le confiere la ley de autonomía del organismo de 1994. Por ello, su consejo de gobierno ha decidido que es necesario “reflexionar sobre la implementación práctica” de dicha función. La medida surge tras la recomendación de “definirla mejor” que le ha hecho un grupo de expertos a los que encargó en enero que realizaran un profundo análisis sobre el funcionamiento general del organismo con motivo del 30 aniversario de la principal norma que lo regula.
La labor de asesoramiento al Ejecutivo no está bien delimitada en la normativa y ha provocado en el pasado roces entre el Banco de España y varios Gobiernos, que se han considerado atacados por la institución y han cuestionado su legitimidad para hacerlo. El asunto ha vuelto al foco de la polémica política desde septiembre, tras asumir el cargo de gobernador el entonces ministro José Luis Escrivá. Pero lo ha hecho en sentido inverso al habitual: el PP y Vox le han acusado de haber rebajado el tono y haber evitado los asuntos económicos más controvertidos para no cuestionar al Ejecutivo.
Escrivá, que ha marcado un perfil propio con mensajes técnicos más pegados a las competencias del organismo, lo justificó en junio en el Congreso: “Los bancos centrales no estamos para entrar en todos los temas del debate público” y “los banqueros centrales no somos tertulianos”. En esa línea, defendió que esa era la tradición en el Banco de España hasta la llegada de Miguel Ángel Fernández Ordóñez al cargo de gobernador en 2006, elegido por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. “Es verdad que algunos gobernadores han introducido elementos más prescriptores. Yo no me siento cómodo con eso”, apuntó. A Fernández Ordóñez le siguieron Luis María Linde y Pablo Hernández de Cos, elegidos por el Ejecutivo de Rajoy.
Con precaución
El grupo de expertos (formado por el catedrático de filosofía Daniel Innerarity, la catedrática de derecho Rosa Lastra y el exvicepresidente del Banco Central de Chile Joaquín Vial) considera que “no compromete la independencia” del Banco de España que pueda dar un “consejo imparcial” al Gobierno “para afrontar los retos y cuestiones vitales a nivel nacional, europeo e internacional, incluyendo el cambio climático, la sostenibilidad de la deuda pública en su conjunto, las distintas crisis, la digitalización, la inteligencia artificial, los cambios geopolíticos, el impacto de la emigración y muchos otros riesgos”. Pero al mismo tiempo, demandan “ejercer esta función con precaución” y advierten de que “en general se deben evitar prescripciones de medidas que vayan más allá del mandato del banco central”.
En esta línea, los expertos estiman que “no se observaron deficiencias que requiriesen cambios mayores”, pero plantean un “proceso de reflexión” sobre esta función de asesoramiento tanto en el seno del consejo de gobierno del Banco de España como con el Gobierno y el Congreso. Es una competencia, argumentan, que “puede generar cierta controversia desde el punto de vista del alcance y su extensión a iniciativa del propio” organismo, así como “inquietud desde el punto de vista del uso de los recursos del Banco y su posible politización”. Como ejemplo, aconsejan que los estudios se presenten como documentos de investigación cuya responsabilidad recae en los autores y no como una expresión del punto de vista de la propia institución (una práctica ya muy habitual).
El consejo de gobierno ha anunciado este martes que mantendrá una reflexión al respecto, como también sobre otras recomendaciones que le han realizado los expertos en materia de gobernanza, supervisión financiera y funcionamiento interno. El objetivo es publicar sus conclusiones a lo largo del primer semestre de 2026. “El diagnóstico realizado indica que la percepción general es que el Banco de España ha actuado con independencia, tomando sus decisiones sobre la base de argumentos técnicos, y que cuenta con las capacidades para ejercer adecuadamente sus funciones”, destaca el informe de los expertos, que en cualquier caso han apuntado “diversas áreas de mejora”.
Segundo subgobernador
En materia de gobernanza, se trata de propuestas que ya llevan años sobrevolando al organismo (muchas de ellos son similares a las que planteó el anterior gobernador, Pablo Hernández de Cos, en el Congreso a finales de 2020). Así, los expertos plantean que los candidatos a gobernador, subgobernador y consejeros tengan que comparecer en el Congreso e, “idealmente”, que los diputados tengan que aprobarlos (actualmente, es el ministro de Economía el que comparece para explicar el nombramiento del gobernador, que corresponde al presidente del Gobierno). También proponen extender de seis a ocho años no renovables los mandatos de los dos principales cargos, en línea con los del BCE, y que la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la secretaria general del Tesoro se mantengan con voz en el consejo, pero sin voto.
De forma más novedosa, han planteado que se cree la figura de un segundo subgobernador y que al primero se le designe oficialmente como miembro del Consejo de Supervisión del BCE (actualmente el cargo lo ocupa la directora general de supervisión, Mercedes Olano). “El consejo de gobierno toma nota de la recomendación de los expertos de otorgar un mayor papel a las Cortes Generales en los procesos de nombramiento de los miembros de sus órganos de gobierno, en línea con la práctica de otras autoridades independientes en España. También valora de forma positiva avanzar hacia un modelo de gobernanza más colegiado. A tal efecto, el consejo profundizará en el análisis de propuestas concretas, con la vista puesta en subsiguientes mandatos, sobre la base de las mejores prácticas internacionales”, ha apuntado. Es decir, que la extensión de mandato, por ejemplo, no se planteará al Gobierno y el Congreso para Escrivá.