Golpe de la justicia belga a España. Un tribunal del país ha bloqueado 207,3 millones de euros por la situación derivada del recorte retroactivo de las jugosas primas que aprobó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a las energías renovables.
De esta cuantía, 197,3 millones se corresponden con los pagos que esperaba recibir Enaire de la recaudación por tasas aéreas que realiza Eurocontrol, mientras que otros diez millones corresponden a obligaciones menores, según trasladan fuentes de los demandantes.
La cuantía es muy superior a los 80 millones de euros que esperaban los propios demandantes cuando en julio ya conocieron que la justicia belga daría vía libre a intervenir los pagos mensuales a Enaire. En 2024, el Gobierno español ya se vio obligado a consignar 32 millones de euros para desbloquear los pagos al gestor de navegación aérea por un laudo condenatorio por las primas a las renovables.
El caso se remonta a 2007, cuando la compañía Eurus Energy, filial del grupo japonés Toyota, invirtió cientos de millones en construir plantas eólicas y fotovoltaicas en Galicia, Asturias y otras autonomías, atraída, como otras decenas de inversores, por las jugosas primas que aprobó el Ejecutivo de Zapatero
Posteriormente, ya en plena crisis económica, el Gobierno de Zapatero y el de Rajoy modificaron el régimen de primas con efecto retroactivo, lo que motivó una cascada de denuncias en los tribunales internacionales de arbitraje. En el caso de Eurus, el arbitraje impuso a España una indemnización de 106,2 millones, cantidad a la que hay que añadir otros 7 millones en concepto de intereses de demora.
El actual Gobierno, con Teresa Ribera al frente de las competencias energéticas, optó por no pagar estos laudos condenatorios, en una decisión que encontró el respaldo de la Comisión Europea al afirmar que pagar dichas condenas equivaldría ayudas de Estado ilegales. Los procesos judiciales, no obstante, continúan en otras jurisdicciones, como Reino Unido, Australia o EE.UU. donde España ha encajado recientemente cinco decisiones judiciales adversas.
Hasta la fecha, según los reclamantes, España acumula 26 laudos pendientes de pago, con condenas de 1.492 millones de euros en concepto de indemnización. A esta cifra hay que sumarle 393 millones derivados de la acumulación de intereses de demora, condenas en costas y otros sobrecostes.