El Gobierno español ha asegurado estar muy tranquilo tras las declaraciones de Donald Trump, en las que apuntaba la posibilidad de la OTAN expulsara a España por no cumplir sus compromisos da gasto en defensa, y subraya que cumple “con sus objetivos de capacidad” tanto como Estados Unidos.

Fuentes del Ejecutivo reiteraron a EFE que España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN.

Trump sugiere “expulsar” a España de la OTAN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la falta de gasto en Defensa en España y ha sugerido expulsar a nuestro país de la OTAN. “No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente”, ha dicho Trump a su homólogo finlandés, Alexander Stubb.

“Solicité que pagaran el 5%, no el 2%. Y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España (…) Deben llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho”, señaló el líder norteamericano.

El aumento del gasto militar ha sido uno de los grandes debates de los últimos meses en Europa. Los países de la OTAN acordaron aumentar el gasto hasta alcanzar el 2% tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, y se pusieron de plazo el año 2024 para ello, pero España quedó por debajo de ese umbral.

El debate sobre la aportación a la OTAN

Durante su primer mandato, Trump insistió en que EEUU cargaba con un “gasto desproporcionado” y señalaba públicamente a países como España, además de amenazar con retirar su apoyo militar o directamente abandonar la OTAN si estos países no aportaban más.

El debate cobró más fuerza con los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y en abril de 2025, Pedro Sánchez anunció un plan por el cual España aumentaría su gasto hasta el 2% del PIB con una inversión adicional de más de diez mil millones de euros.

Pero ahora las exigencias de Trump son mayores y el presidente norteamericano lleva meses impulsando desde la OTAN la idea de que los socios aumenten su gasto hasta el 5% del PIB para 2035, algo que el Gobierno de España considera “irrazonable y contraproducente” para su modelo social y de Estado de bienestar.