Una misión del Parlamento Europeo evaluará la calidad democrática de la España de Pedro Sánchez el próximo mes de febrero, en pleno periodo electoral.
Las conclusiones de esta visita se plasmarán en un informe de la Eurocámara que se espera que sea muy crítico con Sánchez.
Si se cumplen los plazos, su publicación se produciría a las puertas del adelanto de las elecciones que sopesa el PP para Baleares, Extremadura y Aragón, con el fin de hacerlas coincidir con los comicios en Castilla y León del 15 de marzo.
Los eurodiputados del Grupo de Supervisión sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Fundamentales (DRFMG, por sus siglas en inglés) tienen previsto visitar nuestro país para abordar los escándalos de corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, las quejas de los jueces por los ataques del Ejecutivo o las cuestionadas reformas legislativas que promueve Félix Bolaños.
Los europarlamentarios se reunirán con representantes del Gobierno, la oposición, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía y las asociaciones judiciales.
El único Estado miembro que ha sido objeto de evaluación por parte del DRFMG en esta legislatura es Eslovaquia, donde el Parlamento Europeo ha denunciado un retroceso democrático y amenazas a los valores de la UE.
Su primer ministro, Robert Fico, se ha alineado a menudo con el ultra húngaro Viktor Orbán en su línea euroescéptica y su cuestionamiento de la ayuda a Ucrania.
“En Europa hay preocupación (sobre la calidad de la democracia en España). Hay países en los que ya se han detectado fallos o quiebras casi sistémicas en el Estado de Derecho. En España no hemos llegado a ese punto, pero hay problemas y hay problemas serios”, ha dicho el presidente de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), el popular Javier Zarzalejos.
Precisamente, la comisión LIBE ha debatido esta semana la situación del Estado de derecho en España. En el examen participaron Félix Martín González, presidente de la Unión Progresista de Fiscales; y Verónica Ponte, jueza y representante de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.
También intervinieron Antonio Roma Valdés, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Fiscales; y Pilar Astray Chacón, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y representante de la Asociación Profesional de la Magistratura.
“Ha habido unanimidad de todas las asociaciones presentes en la necesidad de respetar la independencia judicial. Y de separar muy claramente lo que es la crítica de lo que es la deslegitimación de la función jurisdiccional”, señaló Zarzalejos.
El representante de la Comisión en el debate, Julien Mousnier, dijo que el acuerdo entre el PP y el PSOE que permitió desbloquear la renovación del CGPJ “no es el final de la historia”, y volvió a reclamar la reforma del sistema de elección de sus miembros para que los jueces sean elegidos por sus pares.
En este sentido, Mousnier explicó que el recién publicado informe de la comisión de Venecia del Consejo de Europa constituye una “contribución importante” para cualquier propuesta legislativa que plantee el Gobierno de Sánchez.
Por parte del Partido Popular Europeo (PPE), el eurodiputado sueco Tomas Tobé tachó de “extremadamente preocupante” la situación del Estado de derecho en España. “Lo más inquietante es que no parece tratarse de incidentes aislados, sino que parece formar parte de un patrón”, subrayó.
“El presidente Pedro Sánchez se enfrenta a procedimientos judiciales que implican a su esposa, e incluso a su hermano, a varios altos cargos del Partido Socialista y al fiscal general”, dijo Tobé.
“Si esto ocurriera en cualquier otro Estado miembro -quizás con la excepción de Hungría y tal vez Malta-, el primer ministro dimitiría y se convocarían nuevas elecciones. Eso es lo que ocurriría, al menos, en mi país, Suecia, si un primer ministro actuara de esta manera”, sentenció.
Juan Fernando López Aguilar, portavoz del PSOE en LIBE, se opone a este tipo de debates: “El Parlamento Europeo no es el foro para ventilar diferencias sobre política doméstica”.
“Estamos ante un Gobierno democráticamente legitimado que tiene iniciativas legislativas en curso. Pero no son iniciativas legislativas que estén en disposición de arrollar con ninguna minoría ni con el procedimiento legislativo. Es un Gobierno hiperminoritario, que necesita el apoyo al menos de ocho grupos para hacer prosperar sus iniciativas legislativas”, sostiene.
“La independencia judicial está en España plenamente garantizada. Y los procedimientos contra los intereses del Gobierno y contra sus miembros prueban la independencia de los jueces, sin que el Gobierno pueda interferir ni hacer nada al respecto”, sostiene.