España se ha situado entre los países con mayor falta de seguridad jurídica del mundo desarrollado, según un nuevo indicador que coloca a nuestro país como el segundo peor de la OCDE, solo por delante de Grecia.
Detrás de este mal resultado, los expertos consultados detectan un patrón que se repite en los últimos años: modificaciones regulatorias frecuentes, criterios administrativos imprevisibles y una relación cada vez más conflictiva entre autónomos y la Administración fiscal.
El propio informe advierte de que esta incertidumbre normativa se ha convertido en un problema estructural del sistema tributario español, con efectos directos sobre la planificación, la inversión y la actividad de los pequeños negocios.
El informe que sitúa a España a la cola de la seguridad jurídica
Prácticas de la Administración que aumentan la inseguridad jurídica para los autónomos
Conflictos con Hacienda: 200.000 reclamaciones al año
El informe que sitúa a España a la cola de la seguridad jurídica
El Indicador Sintético de Seguridad Jurídica de los Contribuyentes, elaborado por el Foro Regulación Inteligente, analiza cuatro grandes variables: la competitividad del IRPF, la fiscalidad sobre el patrimonio, el volumen de procedimientos iniciados por la autoridad tributaria y el porcentaje de resoluciones judiciales favorables a Hacienda. Todos estos elementos se normalizan en una escala de 0 a 10 para permitir la comparación entre países de la OCDE.
El resultado sitúa a España con una puntuación de 5,47 sobre 10, en el penúltimo puesto del ranking, solo por delante de Grecia. Las razones de este aprobado raspado son, según el informe, la elevada conflictividad tributaria, la complejidad del marco normativo y la escasa estabilidad en la aplicación de las normas.
En concreto dictamina que “sin estabilidad y claridad, los agentes económicos carecen de previsibilidad, lo que retrae la inversión y erosiona la confianza en la Administración”.
En declaraciones a este medio, Diego Sánchez de la Cruz, director del Foro, subrayó que “los autónomos son especialmente sensibles a esta inseguridad jurídica”.
Prácticas de la Administración que aumentan la inseguridad jurídica para los autónomos
Los resultados de este nuevo informe coinciden con las denuncias públicas que vienen realizando desde hace dos años en el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
Así lo afirmó Rubén Gimeno, secretario técnico del REAF, quien aseguró que “se alteran las normas incluso antes de que entren en vigor, y eso genera una enorme incertidumbre en su aplicación”. Para ilustrarlo, este experto recordó varios ejemplos recientes.
Normas que cambian antes de entrar en vigor
Uno de los casos más claros y recientes es el de Verifactu, cuya entrada en vigor fue prorrogada un año más apenas unas semanas antes del plazo previsto.
“No es entendible que a 28 días de que una norma entre en vigor se modifique y se prorrogue un año más. Además, no fue una decisión fiscal, sino política”, puntualizó Gimeno.
El impacto ha sido especialmente acusado en los pequeños negocios porque “muchos autónomos ya habían invertido dinero para adaptarse. Ese capital se ha detraído de otras inversiones más rentables. Es un claro coste de oportunidad”, añadió.
Cambios de criterio tras años de aplicación estable
La falta de previsibilidad jurídica también se refleja, según su experiencia, en variaciones interpretativas tras largos periodos de estabilidad, lo que dificulta cualquier planificación empresarial a medio y largo plazo.
Rubén Gimeno puso como ejemplo la deducibilidad de la retribución de los administradores, ya que “durante 16 años el Tribunal Supremo sostuvo que la retribución de los administradores no era deducible si no figuraba expresamente en los estatutos”.
Sin embargo, años después el mismo tribunal cambió de interpretación. “Tras haber realizado esos cambios, el criterio vuelve a modificarse y se dice otra cosa distinta. El daño ya está hecho”, señaló Gimeno.
A su juicio, el resultado fue que muchos empresarios asumieron costes legales y societarios para cumplir con una interpretación que posteriormente dejó de ser válida.
Diego Sánchez de la Cruz expuso también el caso de la conocida como Ley Beckham como “el canario en la mina” que está avisando de que algo no funciona en el sistema tributario español.
“A determinados contribuyentes se les concedió un certificado reconociendo su derecho a tributar bajo ese régimen especial y, años después, ese mismo certificado fue retirado y cuestionado por la propia Agencia Tributaria”, explicó.
El problema, añadió, no se limita al impacto económico, sino que transmite la idea de que “las reglas del juego pueden cambiar con carácter retroactivo y que siempre se reinterpretan a peor”.
Los cambios de criterio y el abuso de los decretos penalizan a los pequeños negocios.
Falta de continuidad normativa
Gimeno recordó que en enero de 2024 el Tribunal Constitucional expulsó del ordenamiento jurídico parte de la normativa tributaria del Impuesto de Sociedades aprobada mediante el Real Decreto-ley 3/2016, al considerar que vulneraba determinados principios constitucionales.
“Lo razonable sería que, una vez expulsada del ordenamiento, esa normativa no volviera a aplicarse”, explicó. Sin embargo, añadió, apenas diez meses después el Gobierno volvió a regular de forma muy similar aquello que el Constitucional había anulado, lo que “generó un clima de inseguridad total”.
Abuso del decreto-ley
El régimen de estimación objetiva (módulos) es uno de los ejemplos más claros de entorno jurídico inestable para miles de autónomos, según el secretario técnico del REAF.
Desde 2016, el límite de facturación de 250.000 euros se viene prorrogando de forma excepcional año tras año, pese a que la normativa general establece un umbral de 125.000 euros. “Antes, esa prórroga se incluía en la Ley de Presupuestos y el autónomo sabía a qué atenerse”, apuntó Gimeno.
La dificultad es que ya no hay presupuestos y la prórroga se ha venido aprobando mediante reales decretos-ley, cuya convalidación parlamentaria no siempre está garantizada. “Estamos a mediados de diciembre, el Congreso se ha ido de vacaciones y los autónomos no saben qué va a pasar el año que viene”, insistió.
Gimeno puso de manifiesto que este recurso continuado al decreto-ley ha generado situaciones especialmente confusas, como la del año pasado, cuando la prórroga se aprobó por decreto pero no fue convalidada posteriormente.
“Aun así, la Agencia Tributaria interpretó que los módulos seguían vigentes porque el decreto había estado en vigor el 1 de enero. Fue una interpretación muy discutible, pero nadie protestó porque el resultado era favorable”, expuso.
Conflictos con Hacienda: 200.000 reclamaciones al año
Por todo ello no resulta extraño que la litigiosidad tributaria en España sea una de las más elevadas del entorno desarrollado, tal y como recoge el informe del Foro Regulación Inteligente.
El estudio pone el foco tanto en el número de reclamaciones ante los tribunales económico-administrativos –alrededor de 200.000 al año– como en el elevado porcentaje de resoluciones favorables a los contribuyentes.
En la última década se han iniciado más de dos millones de procedimientos, y cerca de 900.000 se han resuelto a favor de los contribuyentes. En impuestos clave para los autónomos, como el IRPF, casi el 49% de las reclamaciones se estiman, mientras que en el IVA el porcentaje ronda el 46%.
Según explicó Sánchez de la Cruz, este nivel de conflictividad es una consecuencia directa del diseño del sistema.
“Somos uno de los países con mayor número de procedimientos de revisión iniciados por los contribuyentes: cuatro veces más que Italia o Canadá, ocho veces más que Reino Unido y veinte veces más que Estados Unidos”, señaló.
“Lo que pedimos es tranquilidad en la aplicación de las normas, que sean estables y no se modifiquen de un día para otro”, resumió Rubén Gimeno. “Sin un marco previsible no hay confianza, ni para los autónomos ni para los inversores”.
En la misma línea, Diego Sánchez de la Cruz advirtió de que esta falta de seguridad jurídica tiene también un impacto directo sobre la competitividad: “Un trabajador desplazado o un autónomo que llega de otro país no obtiene ni la mitad del ahorro fiscal que tendría en Portugal, ni una décima parte del que existe en Italia o Grecia”.
Un diagnóstico compartido por los expertos consultados, que sitúa la inseguridad jurídica como un rasgo estructural del sistema tributario español y uno de los factores que mantiene a España, según los indicadores internacionales, solo un escalón por encima de Grecia.