>La denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha aflorado una paradoja. El PP de Madrid, que dirige la dirigente madrileña, denunció en 2022 ante Anticorrupción los contratos de FCS Select Products con el Ministerio de Sanidad para la compra de mascarillas y otro tipo de material sanitario en la pandemia. Y se da la circunstancia de que González Amador intermedió para esta mercantil durante este periodo con una operación millonaria que propició el inicio de las investigaciones por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.
>González Amador, informa eldiario.es, cobró casi 2 millones de euros en comisiones por mediar en una compraventa de material sanitario en el inicio de la crisis sanitaria. De los 2,3 millones que facturó en 2020 la empresa Maxwell Cremona SL, propiedad de la pareja de Ayuso, un total de 1.973.000 procedieron de una mediación con la mercantil FCS, tal y como detalló el propio empresario a Hacienda. Las facturas falsas objeto de la inspección habrían servido, supuestamente, para ocultar estos ingresos. FCS, con sede en Barcelona y dedicada al sector de las bebidas alcohólicas, fue uno de los proveedores del Gobierno durante la pandemia. La empresa fue la adjudicataria de cuatro contratos por valor de 263.126.600 euros tramitados por el “procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia”. Así consta en la denuncia que el PP de Madrid formuló a la Fiscalía Anticorrupción hace ahora dos años exactamente, donde hizo una enmienda general a la contratación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre los expedientes señalados se incluye el que tiene que ver con la mediación del ahora investigado por supuestas irregularidades en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021.
>Los populares, como informó El Confidencial, alertaron de presuntas irregularidades en las firmas y ayudas con diferentes compañías por valor de 326 millones de euros. El escrito, además, incluía las subvenciones concedidas a Playbol, “vinculada a los padres del presidente del Gobierno”, y un contrato adjudicado a Beedigital, “vinculada con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño”.
>También la posible influencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa, en siete expedientes. Las operaciones con FCS remiten al suministro de mascarillas al Sistema Nacional de Salud y, según la denuncia presentada entonces, la empresa recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social.
Si el gobierno de la Comunidad de Madrid denunció en 2022 el contrato, me cuesta pensar que Ayuso tuviese conocimiento de que su pareja hubo cometido fraude fiscal. Si así hubiera sido, ella habría movido hilos para evitar que su propio gobierno denunciara ese contrato.
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>La denuncia de la Fiscalía por fraude fiscal contra Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha aflorado una paradoja. El PP de Madrid, que dirige la dirigente madrileña, denunció en 2022 ante Anticorrupción los contratos de FCS Select Products con el Ministerio de Sanidad para la compra de mascarillas y otro tipo de material sanitario en la pandemia. Y se da la circunstancia de que González Amador intermedió para esta mercantil durante este periodo con una operación millonaria que propició el inicio de las investigaciones por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental.
>González Amador, informa eldiario.es, cobró casi 2 millones de euros en comisiones por mediar en una compraventa de material sanitario en el inicio de la crisis sanitaria. De los 2,3 millones que facturó en 2020 la empresa Maxwell Cremona SL, propiedad de la pareja de Ayuso, un total de 1.973.000 procedieron de una mediación con la mercantil FCS, tal y como detalló el propio empresario a Hacienda. Las facturas falsas objeto de la inspección habrían servido, supuestamente, para ocultar estos ingresos. FCS, con sede en Barcelona y dedicada al sector de las bebidas alcohólicas, fue uno de los proveedores del Gobierno durante la pandemia. La empresa fue la adjudicataria de cuatro contratos por valor de 263.126.600 euros tramitados por el “procedimiento negociado sin publicidad y carácter de emergencia”. Así consta en la denuncia que el PP de Madrid formuló a la Fiscalía Anticorrupción hace ahora dos años exactamente, donde hizo una enmienda general a la contratación del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entre los expedientes señalados se incluye el que tiene que ver con la mediación del ahora investigado por supuestas irregularidades en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021.
>Los populares, como informó El Confidencial, alertaron de presuntas irregularidades en las firmas y ayudas con diferentes compañías por valor de 326 millones de euros. El escrito, además, incluía las subvenciones concedidas a Playbol, “vinculada a los padres del presidente del Gobierno”, y un contrato adjudicado a Beedigital, “vinculada con el marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño”.
>También la posible influencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa, en siete expedientes. Las operaciones con FCS remiten al suministro de mascarillas al Sistema Nacional de Salud y, según la denuncia presentada entonces, la empresa recibió adjudicaciones por un valor 275 veces superior a su facturación y 84.800 veces superior a su capital social.
Si el gobierno de la Comunidad de Madrid denunció en 2022 el contrato, me cuesta pensar que Ayuso tuviese conocimiento de que su pareja hubo cometido fraude fiscal. Si así hubiera sido, ella habría movido hilos para evitar que su propio gobierno denunciara ese contrato.