La narrativa de la ‘amenaza rusa’ se utiliza como pretexto para justificar una carrera armamentística que no responde a las necesidades reales de los pueblos europeos, sino a la ambición de una élite que lucra con la guerra.
Por Ernesto Vílchez | 27/04/2025
Las recientes declaraciones de Mark Rutte, Secretario General de la OTAN, exigiendo que España incremente su gasto militar, son un nuevo capítulo en la descarada campaña de militarización que la OTAN y la Unión Europea (UE) están imponiendo en el continente. Este llamamiento no es más que una maniobra para canalizar ingentes cantidades de dinero público hacia los gigantes armamentísticos, mientras se ignora de manera flagrante las necesidades de la clase trabajadora. Una agenda belicista que solo beneficia a una élite empresarial a costa del bienestar de la mayoría.
Rutte, con su exigencia de que España alcance el 2% del PIB en gasto militar, no hace más que repetir el guion dictado por los lobbies de la industria bélica, que ven en la escalada de tensiones geopolíticas una oportunidad de oro para engordar sus cuentas. Este porcentaje, presentado como una obligación incuestionable, implica desviar miles de millones de euros de los presupuestos públicos hacia la compra de armamento, sistemas de defensa y tecnología militar. Mientras tanto, los servicios públicos esenciales —sanidad, educación, pensiones— siguen languideciendo, y la clase trabajadora enfrenta una precariedad cada vez más asfixiante. ¿Quién se beneficia realmente de este despilfarro? No son los ciudadanos, sino empresas como Lockheed Martin, Raytheon, Airbus o BAE Systems, cuyos accionistas celebran cada nuevo contrato multimillonario.
La OTAN y la UE, lejos de ser instituciones neutrales, han devenido en instrumentos al servicio de los intereses corporativos. La narrativa de la ‘amenaza rusa’ se utiliza como pretexto para justificar una carrera armamentística que no responde a las necesidades reales de los pueblos europeos, sino a la ambición de una élite que lucra con la guerra. En el caso de España, esta agenda ha sido asimilada por el gobierno PSOE-Sumar, que ha terminado priorizando los intereses de la OTAN sobre los de su propia ciudadanía. Es indignante que, en un contexto de inflación, aumento del coste de la vida y precariedad laboral, se pida a los trabajadores sacrificar aún más recursos para alimentar la maquinaria bélica.
La subordinación del gobierno español a estas estructuras supranacionales es inaceptable. Tanto la OTAN como la UE han demostrado sobradamente que no representan ni defienden los intereses de los trabajadores españoles. La UE, con sus políticas liberales, ha desindustrializado el país y ha desmantelado derechos laborales y sociales. La OTAN, por su parte, arrastra a España a conflictos que no le conciernen y la obliga a financiar una escalada militar que solo genera inseguridad y tensión. ¿Dónde está la soberanía de España en todo esto? ¿Por qué debe aceptar que el dinero público se destine a engrosar los bolsillos de unos pocos mientras las familias trabajadoras luchan por llegar a fin de mes?
Es más necesario que nunca romper con esta dinámica. España debe abandonar la OTAN y la UE, dos estructuras que han demostrado ser incompatibles con los intereses de la clase trabajadora. Salir de estas organizaciones no es un acto de aislamiento, sino de recuperación de la soberanía y de priorización de las necesidades reales de la población. Los recursos que hoy se destinan a tanques, misiles y bases militares podrían invertirse en hospitales, escuelas, vivienda digna y empleos de calidad. La paz no se construye con más armas, sino con justicia social y cooperación entre los pueblos, no con la sumisión a los dictados de Washington o Bruselas.
La clase trabajadora no puede seguir siendo la pagana de las ambiciones de los señores de la guerra. Las declaraciones de Rutte no son solo un ataque a la soberanía española, sino una bofetada a quienes sostienen este país con su esfuerzo diario. Es hora de alzar la voz y exigir un cambio de rumbo: fuera de la OTAN, fuera de la UE, y un futuro donde los recursos públicos sirvan para construir una sociedad más justa, no para financiar la codicia de la industria bélica.