El BdE advierte de que la calidad institucional en España se ha deteriorado en los últimos 20 años

Lo dice el Banco de España en el informe anual presentado este martes por el gobernador José Luis Escrivá: la literatura económica ha acreditado una relación positiva entre la calidad de las instituciones de un país y la productividad. O lo que es lo mismo, la economía crece más y de forma más saludable y sostenida en el tiempo cuando funcionan las reglas de juego que las sociedades crean para regular las relaciones políticas, sociales y económicas. Es decir, las instituciones que sirven para articular el conflicto social.

¿Y qué pasa con España? Pues que, de acuerdo con la metodología utilizada, la calidad de las instituciones se sitúa en una posición intermedia respecto del conjunto de la Unión Europea, si bien algo por debajo del promedio. Dinamarca, Finlandia y Luxemburgo ocupan los primeros puestos del ranking, mientras que España estaría por debajo, con niveles de calidad institucional cercanos a Portugal, República Checa y Lituania.

¿Mejor o peor que en el pasado? La mejor forma de compararlo es por periodos históricos, y lo que sostiene el Banco de España es que entre la primera década de este siglo (2000-2010) y la segunda (2011- 2021), las dos medidas de calidad institucional habrían sufrido, en promedio, un deterioro algo más acusado en España que en la mayoría del resto de los países analizados.

España, en concreto, es, de los 32 países considerados, el quinto que ha sufrido una mayor caída en el indicador más amplio que incluye a algunos de los países pertenecientes a la OCDE, el club de países más avanzados del mundo. Solo Hungría, Polonia, EEUU e Islandia han experimentado un descenso mayor en este indicador en los últimos años. Sucede lo mismo en lo relativo al segundo indicador, que incluye solo a los países europeos. En este caso, España es, junto con Grecia y Hungría, uno de los tres países con mayor disminución.

¿Qué consecuencias tienen estas posiciones? La respuesta la vuelve a dar el Banco de España, y a partir de la idea de que existe una correlación positiva entre calidad institucional y crecimiento de la productividad considera que si España logra alcanzar el mismo nivel que existe en Dinamarca —el país con mayor calidad institucional— el crecimiento de la productividad en España en los cinco años siguientes podría avanzar un 5,5%. Eso sí, siempre que la calidad institucional fuera el único determinante de la productividad. Esto implicaría un aumento de la tasa media de crecimiento anual de la productividad total de los factores (capital y trabajo) durante dicho periodo de 1,1 puntos porcentuales (pp).

Escasos avances en productividad

Si la comparación se hace con los países europeos, el crecimiento de la productividad en España en los cinco años siguientes podría ser un 19% mayor, lo que implicaría un aumento de la tasa media de crecimiento anual de la productividad total de los factores durante dicho periodo de 3,8 puntos porcentuales. Es decir, un impacto algo más que relevante que compensa en parte los escasos avances en productividad registrados en los últimos años.

¿Y por qué es positiva la calidad institucional? En primer lugar, por una cuestión de confianza, que es una variable fundamental en las relaciones económicas. La confianza anima la inversión extranjera al proporcionar un marco legal más estable, incentiva la innovación y reduce los costes de transacción, es decir, los gastos que se incurren al realizar una operación mercantil o comercial.

La calidad institucional, lógicamente, se relaciona con los niveles de corrupción, cuya principal consecuencia negativa, al margen de consideraciones éticas, impide asignar de una manera más eficiente los recursos, tanto públicos como privados. Hay evidencias de que si los agentes económicos perciben la existencia de corrupción, sea justificada o no, su respuesta puede tener efectos negativos sobre sus decisiones económicas, por ejemplo no invirtiendo ante el deterioro de las expectativas. Por último, también influye en la burocracia, lo que en última instancia castiga la inversión de las empresas.

¿Cómo se mide la calidad institucional de un país? Lo que hace el Banco de España, por un lado, es utilizar trabajos del Banco Mundial (Worldwide Governance Indicators) que se basan en encuestas a empresas y a hogares acerca de sus percepciones sobre diversas dimensiones del funcionamiento del sector público y del sector privado en alrededor de 200 países. Igualmente, y de manera complementaria, se utiliza una base de datos construida por el propio Banco de España que afecta a 32 países desarrollados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que permite explorar las diferencias que existen entre países con un nivel de desarrollo similar al de España.

Las principales variables que utiliza el Banco de España para llegar a identificar la calidad institucional de un país son, en primer lugar, el funcionamiento del Estado de derecho; en segundo lugar, lo que llama efectividad del Gobierno, y en tercer lugar la estructura legal y seguridad de los derechos de propiedad. En cuarto y quinto lugar, respectivamente, se sitúan la calidad de los reglamentos y, por último, la rendición de cuentas.

Polarización política

Junto a la medición de la calidad institucional y su relación con la productividad, el Banco de España pone cifras a un fenómeno tan político como es la polarización. Y lo que detecta es un “aumento sostenido” en los cuatro países analizados: España, Francia, Italia y Alemania. En el caso de España, el cambio más significativo en cuanto a polarización política, asegura el informe, se produjo después de 2015, con un aumento sostenido hasta el 2021. En ese momento se produjo un descenso transitorio, “si bien desde 2022 la polarización ha vuelto a aumentar”. El Banco de España achaca el repunte a la confluencia de varios factores. Entre otros, las tensiones políticas relacionadas con la gestión de la crisis del covid-19 y la moción de censura que se registró en el Congreso.

Lo mismo ha sucedido en el resto de los países. En Francia, ha pasado de ser un fenómeno episódico a constituir una característica estructural del panorama político, con un crecimiento continuo desde 2010 y sin señales de estabilización. Lo mismo sucede en Italia, donde la polarización sigue creciendo desde 2014. En Alemania, tras descender durante la primera década de este siglo, la polarización repuntó a partir de 2010, en el entorno de la crisis de deuda soberana del área del euro, y ha vuelto a incrementarse en los últimos años. En todos los casos, los niveles actuales de polarización son “considerablemente más altos que hace dos décadas, lo que sugiere”, dice el banco central, “una transformación profunda en las dinámicas políticas de estos países”.

Opinión

En cuanto a la metodología utilizada para llegar a esas conclusiones, el Banco de España se sirve de una variada panoplia dependiendo de si la polarización se enfoca en función del comportamiento de las élites o de la ciudadanía, ya sea a través de textos, encuestas u otros tipos de datos. Algunos autores extraen un índice de polarización a partir de discursos parlamentarios usando análisis de texto. Otros, utilizan encuestas de opinión, como el Eurobarómetro, para medir la percepción ideológica, mientras que en algunos casos los investigadores calculan métricas económicas y sociales, como el coeficiente de Gini (para medir la desigualdad), la segregación residencial o el análisis de redes sociales. A partir de ahí, evalúan la fragmentación en la interacción social. Estas herramientas permiten un análisis integral de la polarización en su dimensión institucional, social y económica.