La aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair considera “inevitable” recortar sus servicios dentro de España. La compañía ha anunciado este martes que continuará reduciendo su actividad a nivel regional debido a tasas aeroportuarias impuestas por Aena, las cuales califica de “elevadas” y, por consiguiente, perjudiciales para su competitividad y rentabilidad.
En palabras del consejero delegado del grupo, Michael O’Leary, el gestor aeroportuario está invirtiendo miles de millones de euros en infraestructuras que, a su juicio, las aerolíneas no necesitan. Además, ha criticado que se impongan las mismas tarifas en grandes aeropuertos como el de Madrid y en instalaciones más pequeñas como la de Santiago de Compostela, lo que —según afirma— obligará a Ryanair a reducir su capacidad en estos aeródromos e incluso a cerrar algunas de sus bases, aunque todavía no se ha decidido cuáles.
Este verano la compañía suprimió 800.000 plazas a o desde España, sobre todo en aeropuertos regionales, y dejó de operar en los de Jerez y Valladolid, decisión que provocó un duro cruce de acusaciones entre Wilson y el presidente de Aena, Maurici Lucena.
Durante un encuentro con prensa en sus instalaciones, O’Leary ha recalcado que han entregado hasta en dos ocasiones un plan de expansión al Gobierno, en el que aseguran un crecimiento del 50% del tráfico de la aerolínea en España en un plazo de siete años, aunque ha lamentado que en ninguna ocasión ha obtenido respuesta.
En la misma línea, el consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, en unas declaraciones recogidas por Efe, ha recordado que están a la espera de la entrega de 300 Boeing 737 MAX-10, que empezarán a recibir a partir de 2027, y se ha preguntado: “¿Cuántos de esos aviones quiere España? Si el crecimiento no se dirige allí, se irá hacia otros lugares”.
Un problema nacional
Wilson ha apuntado que este no es un problema local, sino nacional, ya que España no compite entre sus distintos aeropuertos, sino con los de otros países, pero ha explicado que “cuando formas un monopolio (refiriéndose a Aena), solo fijas los precios y ya está”.
Sobre el enfrentamiento con el Ministerio de Consumo por el equipaje de mano, O’Leary ha calificado al ministro, Pablo Bustinduy, de “payaso” por intentar aplicar “una ley de Franco de 1960 que permitía el equipaje gratuito”, y se siente confiado en que la multa impuesta el pasado noviembre por el ministerio por el cobro del equipaje de mano por valor de 107 millones de euros quede anulada.
El directivo de la compañía ha defendido que las actuaciones de Consumo son contrarias a la legislación europea, y ha enfatizado que las aerolíneas son libres de fijar sus políticas y precios sin interferencia de los gobiernos nacionales. “España tiene que cumplir la ley. Acabarán perdiendo”, ha garantizado.
Pese a las críticas, la compañía defiende su papel en España, país en el que afirman dar empleo a 10.000 trabajadores y en el que próximamente prevén abrir un centro de entrenamiento para pilotos con una inversión de más de 100 millones de euros.
El jefe comercial de la aerolínea, Jason McGuinness, ha planteado que, si las administraciones cooperasen con la compañía, Ryanair podría abrir hasta 5 nuevas bases en territorio nacional (Gran Canaria, Fuerteventura, Reus (Tarragona), Menorca y Santander), volver a operar en Jerez y Valladolid, y crear 1.000 puestos de trabajo adicionales.
A nivel global, Ryanair se marca como objetivo llegar a los 300 millones de pasajeros transportados en 2034, en comparación con los 200 millones que viajaron con ellos a cierre del pasado año fiscal.