La 11ª Conferencia de las Partes (COP-11) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco ha encendido las alarmas en España. Las medidas prospectivas que propone (desde la prohibición de filtros hasta la eliminación progresiva de la venta legal de tabaco) podrían provocar el cierre de 13.000 estancos, destruir miles de empleos y alimentar el mercado ilegal. Unas medidas que la Comisión Europea pretende acatar tras las recomendaciones de la OMS que serán expuestas en Ginebra el próximo mes.
Impacto económico: una industria clave en riesgo13.000 estancos operan bajo concesión estatal, muchos como negocios familiares rurales. El número de licencias de estancos en España se situó en 12.858, al cierre del último ejercicio. Generan 32.000 empleos directos y canalizan más de 9.000 millones de euros anuales en impuestos especiales, equivalentes al 5% de los ingresos tributarios del Estado.El cultivo de tabaco, concentrado en Extremadura, emplea a 3.400 personas y produce 22 millones de kilos al año, procesados por empresas como Cetarsa.A nivel europeo, la industria del tabaco aporta: 223.700 millones de euros al PIB (1,3% del total).2,1 millones de empleos.112.900 millones en recaudación fiscal, suficiente para cubrir el 55,4% del gasto en Defensa de la UE.Impacto legislativo
Las medidas propuestas por la OMS incluyen:
Prohibición de filtros. (España ya se opuso a esta medida en la COP’10 celebrada hace dos años en Panamá).Reducción de puntos de venta.Fin de incentivos comerciales.Restricciones por generación (como la “generación libre de tabaco”).Subidas fiscales sin compensación.Eliminación progresiva de la venta legal de tabaco.Pérdida de recaudación fiscal: los estancos canalizan más de 9.000 millones de euros anuales en impuestos especiales, lo que representa el 5% de los ingresos tributarios del Estado, según la CEOE.
Estas propuestas no han sido acompañadas de estudios de impacto económico ni social, y podrían desmantelar el modelo regulado español, que ha sido eficaz en controlar el acceso al tabaco hasta ahora.
El cierre de estancos afectaría especialmente a zonas rurales, donde son a menudo el único punto de venta regulado. La pérdida de empleo sería masiva, afectando a familias enteras y comunidades agrícolas. La desaparición del canal legal podría desviar el consumo hacia el mercado negro, sin control de edad, calidad ni fiscalidad.
Riesgo de contrabando: el espejo europeo
En Francia, el contrabando alcanzó el 37,6% del mercado en 2024, con una pérdida fiscal de 9.400 millones de euros. En Países Bajos, el consumo ilícito subió un 140% en un año, llegando al 18% del mercado. Las causas: subidas fiscales abruptas y empaquetado genérico, medidas similares a las que se proponen ahora en España.
¿Qué puede hacer España?
Evaluar con rigor el impacto de las medidas en el modelo de estancos. Defender un enfoque equilibrado que proteja la salud pública sin destruir el canal legal. Evitar alimentar redes criminales mediante políticas que favorezcan el contrabando. Proteger el cultivo nacional, clave para la economía rural y la soberanía agrícola.
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La COP-11 que se celebra el próximo mes de noviembre plantea un dilema profundo: ¿puede Europa permitirse el lujo de perder una industria que sostiene miles de vidas? En España, el debate no es solo sanitario, sino económico, social y estratégico.
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