Cristóbal Montoro tiene acreditado un largo y brillante currículum académico y político que no se puede poner en cuestión a diferencia de los que están surgiendo en estos últimos tiempos. Por sintetizar señalaremos que fue nombrado ministro de Hacienda por el Gobierno de José María Aznar, cargo que desempeñó entre los años 2000 y 2004.

Finalizada esta etapa ministerial decide, en el
año 2006, crear un despacho dedicado al asesoramiento económico y fiscal bajo
la firma Montoro y Asociados. Su trayectoria política venía desde lejos, por lo
que a nadie debe extrañar que su nombre sirviese de reclamo para captar
clientes. Una decisión de esta naturaleza es habitual y, en principio, no puede
escandalizar a nadie si se actúa dentro de la más estricta legalidad.

En el año 2011 vuelve a ser designado ministro
de Hacienda y Administraciones Públicas por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ese
mismo año, no sé si por motivos estéticos o de ética profesional, cambia el
nombre del despacho eliminando la mención a su nombre para pasar a denominarse
Estudios Económicos (EE). En la actualidad, ignoro por qué motivos, se presenta
en el mercado con la denominación Global Afteli. Es evidente
que la corrupción está globalizada, pero no sé si Afteli es un acrónimo o el
nombre de algún mago de las finanzas.

Relacionado con este tema

El Juzgado número dos de Tarragona ha puesto de
manifiesto la existencia de un numeroso grupo de asociados y sectores muy
interesados que acuden, como moscas al pastel de rica miel, para moldear las
leyes según mercado. También menciona a un grupo de personas que pasan
vertiginosamente, como en un vodevil, de los despachos privados a los oficiales
y que establecían vínculos con varios grupos empresariales (gasísticos,
eléctricas y constructoras) con intereses económicos muy específicos.

Antes de entrar en el análisis de la gravísima
trama político-financiera que se ha puesto al descubierto, me parece oportuno
hacer mención a un acontecimiento político que puede explicar la animadversión
del señor Montoro hacia ciertos sectores y oponentes políticos.

El 3 de
noviembre de 2016, el presidente Mariano Rajoy confirmó a Montoro como titular
del Ministerio de Hacienda, pero le quitó las competencias relativas a las
relaciones con las Administraciones Públicas, que pasarían a depender del Ministerio de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales que dirigía la
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. El campo de actuación para recaudar dinero ilícito
se reducía.

La tramitación de la causa va a ser compleja, pero de
momento el juez de Tarragona considera, en un párrafo que me parece oportuno
reproducir, cuál es el núcleo de la cuestión. «Las presentes actuaciones se
incoan como consecuencia del hallazgo casual de un correo electrónico durante
la práctica de una diligencia de entrada y registro en las DP 220/2017 PS
seguidas ante este mismo juzgado. Dicho correo, ponía de manifiesto la existencia
de unos pagos a la mercantil Equipo Económico, con el objeto de obtener
modificaciones legislativas favorables para una serie de empresas del sector
gasístico».

Inmediatamente
han saltado a la palestra grupos de presión, económicos y mediáticos, que
subliminalmente pretenden justificar estas prácticas por la inexistencia de una
regulación de los lobbies en nuestro país. Los lobbies (en algún momento habrá
que dedicar un análisis a estos artefactos) deben estar registrados y solo
pueden actuar con publicidad y transparencia.

Pero
la trama descubierta actuaba con métodos mas cercanos a los de la Mafia (sin
violencia física) que a los de una empresa que se desempeñe en el mercado con
arreglo a un código de buenas prácticas. Alguno de los clientes podría exclamar,
como el capitán Renault en la película Casablanca: ¡Qué escándalo, aquí se
venden leyes!

Cobrar
una mordida es, como se puede observar, bastante sencillo, comprar leyes es
mucho más complicado y exige la participación de muchos participantes asociados.
El juez de Tarragona ha conseguido descifrar todo el entramado a partir de un
correo electrónico en el que de una forma explícita se explicaba cuál era
sistema que se debía seguir para que la mayoría absoluta del PP aprobarse una
ley a la carta.

Los hechos que se relatan son concluyentes y
difícilmente rebatibles. Se consigue, en menos de un mes, la modificación
consecutiva tanto de la Ley 28/2014 como la del RD 1074/2014 que modifica el
Reglamento de Impuestos Especiales. La intervención y mediación de EE, en un
escaso período de tiempo y mediando precio, logra para las empresas
gasísticas la reforma legislativa que éstas pretendían, a través de la Ley
28/2014 y el RD 1074/2014.

Las cotas de corrupción en nuestro país nunca habían
llegado a los niveles que se desprenden del presente caso. De momento hay 28
posibles imputados, pero lo verdaderamente grave es la contaminación del poder
legislativo, que encarna la soberanía popular. El Partido Popular, por acción u
omisión, ha culminado con su voto una tropelía inimaginable contra la esencia
de la democracia. No sé si otros partidos del ámbito parlamentario han
contribuido con su voto a reforzar la mayoría absoluta del Partido Popular.

¿Cómo es posible que nadie en el Ministerio de
Hacienda, en el Consejo de Ministros, en el grupo parlamentario o en la cúpula
del PP se haya enterado de lo que estaba sucediendo? Nadie ha dado
explicaciones ni abierto una comisión interna para conocer hasta dónde llega el
grado de infección política y asumir el coste político que solo se puede atenuar
con una depuración drástica de todos los que se han asociado, por acción u
omisión, a este brutal ataque a la esencia de la democracia.

Encajar los hechos en el Código Penal es una tarea necesaria,
aunque reconozco que pueden existir algunas dificultades para algunos delitos
en particular, según los elementos de prueba que se vayan acumulando. El número
de partícipes en esta trama es tan numeroso que difícilmente se puede mantener
en secreto. La cúpula del PP no puede escudarse en la ignorancia de lo que
estaba sucediendo.

El juez de instrucción, a título indiciario,
considera que pudieran existir delitos de cohecho, fraude contra la
administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones
prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental. Los avances en
la investigación nos conducirán a una conclusión definitiva. Incuestionablemente
Montoro y sus asociados, han cometido, valga la redundancia, un delito de
asociación ilícita.

El Partido Popular propuso hace tiempo castigar e
incluso disolver, aquellos partidos que se comportasen de forma desleal con la
Constitución. Creo que no existe mayor deslealtad que la de vender la potestad
legislativa al mejor postor.