La Justicia ha procurado un nuevo revés a los defensores del modelo de escuela en catalán, conocido popularmente como inmersión lingüística. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado el grueso del decreto de 2024 de régimen lingüístico del sistema educativo catalán, una de las distintas normativas desplegadas en los últimos años por parte de la Generalitat para preservar la escuela en catalán y, al mismo tiempo, sortear la obligación desde hace años de impartir un 25% de las clases de castellano.
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El TSJC ha tumbado en su sentencia una docena de artículos del decreto, entre los que destacan los que fijan el catalán como lengua “normalmente usada” como vehicular, y el castellano como lengua de uso curricular a criterio de cada centro. Cabe recordar además que este decreto, de 2024, ya estaba suspendido cautelarmente por parte del tribunal desde julio de ese año, debido al mismo recurso de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) que ahora se ha resuelto.
Este decreto –ahora anulado– forma parte del engranaje diseñado por el Govern de la Generalitat, junto con la mayoría de fuerzas políticas del Parlament, para no alterar el modelo lingüístico escolar a pesar de las sentencias judiciales que le obligan a introducir el castellano como lengua también vehicular. La norma de mayor peso en este sentido es la ley de lenguas aprobada por la Cámara catalana en 2022, con los votos de PSC, ERC, Junts y Comuns, y cuya viabilidad está pendiente del pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional (TC).
Mientras tanto, en lo que respecta a este decreto de régimen lingüístico de 2024, el TSJC considera que su inclusión del castellano como lengua curricular, que dependa del proyecto lingüístico de cada escuela e instituto, no es suficiente para cumplir con la Constitución. “La ausencia de mención alguna al castellano como lengua vehicular de la enseñanza”, argumentan, “no permite considerar que resulte garantizada su presencia adecuada ni que existan instrumentos de control y evaluación” para que el alumnado alcance la competencia adecuada en este idioma.
La sentencia da a entender que el castellano quedaría como lengua instrumental o residual, excluida como vehicular. “No establece una presencia razonable del castellano en la enseñanza, sino que determina una situación de desequilibrio a favor de la lengua catalana, sin que las ínfimas y genéricas previsiones contenidas relativas a la lengua castellana, en el sentido de acreditar su conocimiento en la enseñanza, permitan considerar que se respete la garantía de una enseñanza equilibrada del castellano”, razonan los magistrados.
En concreto, los artículos que el tribunal declara nulos de pleno derecho son los 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 y 34.1. Entre otras cosas, estos fijaban el catalán –y el aranés en la Val d’Aran– como lenguas normalmente vehiculares y de relaciones con las familias, los materiales didácticos y las evaluaciones. La sentencia puede recurrirse.
También se ha anulado que el catalán sea la lengua auxiliar prioritaria para enseñar idiomas extranjeros o la lengua única de acogida del alumnado recién llegado sin prever mecanismos de aprendizaje equilibrado del castellano. También se anula la obligación de que el catalán sea la lengua de los docentes tanto en las actividades lectivas como no lectivas, formales o informales, y que el personal no docente y de actividades extraescolares sea competente en catalán y cumpla el proyecto lingüístico del centro.
La AEB ha celebrado la sentencia porque obliga a los centros a incorporar el castellano como lengua no sólo de una asignatura –lo que sería el tan mencionado 25%–, sino también vehicular de otras materias y ámbitos. Por ello, la AEB exige a la Generalitat que cumpla sin demora la sentencia y “reforme el modelo educativo para garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos en Catalunya y deje de una vez por todas de inventar procedimientos fraudulentos para evitar que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza en Catalunya”.
El Govern recurrirá la sentencia
Ante la decisión del tribunal, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que su Govern recurrirá la sentencia. “El catalán es la lengua de Catalunya y haremos todo lo que haga falta para que siga siendo así”. Illa ha defendido el modelo lingüístico de la escuela catalana en un encuentro con alcaldes afectados por los incendios de este verano. En un tono más elevado del que le caracteriza, Illa ha proclamado: “No permitiremos que nadie haga uso político de la lengua, que es lo peor que se puede hacer para la convivencia”
El anuncio de Illa ha venido después de que diversas entidades y partidos pidieran al Govern que recurriera la sentencia. Partidos como ERC, Junts O CUP, además de los principales sindicatos y entidades como Òmnium Cultural, han rechazado el fallo.
Desde ERC consideran que la resolución judicial es una “amenaza” contra Catalunya. El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado al PSC que “ayude” a defender el catalán y que se mantengan firmes en su decisión de “defender la inmersión lingüística”. Por otro lado, ha pedido a Junts, Comuns y la CUP que se avengan a ir juntos en “una cuestión tan nuclear”.
La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha denunciado lo que considera una “injerencia” y un “ataque” por parte del TSJC y ha instado a Illa a desobedecer la sentencia.
Desde las entidades como Òmnium Cultural también han lamentado el fallo. “La obsesión de un juez está dinamitando nuestra escuela”, han dicho en una publicación en X. “No podemos permitir que un tribunal politizado y anticatalanista desmonte un consenso parlamentario y social avalado durante décadas”, han añadido.
La Justicia suspende cautelarmente el decreto de la Generalitat sobre el modelo de escuela en catalán
Los docentes también se han posicionado ante lo que consideran un “ataque frontal” al modelo de escuela. Desde el sindicato USTEC-STEs, el mayoritario en la enseñanza pública, han pedido al Govern medidas “valientes” para blindar el uso de la lengua en los centros. También se han dirigido a la comunidad educativa para pedirle “persistencia” en la defensa del catalán.