Un informe de la Policía Nacional sostiene que Alvise Pérez usó «fondos opacos» de «origen difuso» para financiar su campaña a las europeas.
El dosier, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, considera, «a todas luces, evidente» que la intención del eurodiputado Luis Pérez (su nombre real) era no ser fiscalizado por el Tribunal de Cuentas.
El empresario Álvaro Romillo, investigado por estafa en la Audiencia Nacional, entregó, en mayo de 2024, 100.000 euros en efectivo a Alvise.
Éste, a través de una app de mensajería, se lo agradeció así: «100.000 gracias. Me posibilitas una parte urgente de la campaña».
Pérez está siendo investigado por el Tribunal Supremo por la supuesta financiación ilegal de su partido, denominado Se Acabó La Fiesta (SALF).
Interrogado por el juez sobre este asunto, el agitador negó que ese dinero se emplease para sufragar gastos de la campaña electoral del 9-J.
Sin embargo, las conclusiones del informe policial apuntan en otro sentido. La Comisaría General de Información de la Policía, en primer lugar, considera «veraz» la entrega de 100.000 euros de Romillo a Pérez.
Y considera que la «motivación subyacente» de este pago no fue otra que «financiar parte de la campaña electoral» de SALF.
¿Por qué entregó Romillo este dinero? Como publicó EL ESPAÑOL, Alvise se comprometió a «hacer lobby masivo», desde Bruselas, en favor de las criptomonedas, uno de los negocios del empresario.
Conversación entre Alvise y Romillo.
EL ESPAÑOL
La Policía, en su informe, también apunta a que Romillo pretendía que Pérez incitara a sus numerosos seguidores a invertir en Madeira Invest Club (MIC).
Este conglomerado de compañías, controladas por el empresario, está siendo investigado por la Audiencia Nacional por supuesta estafa agravada.
El informe policial también señala que «ambos interlocutores [Alvise y Romillo] tenían la voluntad de financiar SALF».
En el caso del empresario, esta acción «no sería sino una consecuencia accesoria de su principal acicate: sus expectativas de negocio de cara a involucrar a los seguidores de Luis Pérez en su plataforma, con la pretensión de lucrarse«.
«Álvaro Romillo siempre fue consciente de que sus acciones, eventualmente, conducirían a finaciar la agrupación [de electores SALF]», concluye la Policía Nacional.
La CGI también contradice la versión de Alvise Pérez de que esos 100.000 euros se derivaban de unos servicios profesionales a Romillo.
«En cuanto a la causa para gestar ese derecho de cobro por parte de Luis Pérez, no hay dato alguno que se asocie a la prestación de servicios por su parte a Romillo o a sus estructuras societarias adscritas», expresa el dosier.