Primer día de clases y primer día de caos en Extremadura. Muchos niños no han podido acudir este jueves a su centro escolar después de que 223 rutas de transporte escolar de toda la región se hayan quedado sin cubrir. La situación ha afectado especialmente a los pueblos o colegios donde el autobús es prácticamente la única vía de acceso a las aulas.
Algunos directores de centros e incluso alcaldes han denunciado que la Junta de Extremadura no les avisó en ningún momento de que esto podíaocurrir. «Esto es un torpedo en la línea de flotación de las familias, de los pueblos y del sistema educativo. Así no se puede», ha denunciado a EFE Esther Sánchez, una vecina que se ha visto obligada a llevar en coche particular a su hija hasta el instituto de Plasencia (Cáceres).
Esta situación tiene lugar por el pulso que mantienen algunas empresas de transportes con la Junta de Extremadura. Ante una falta de acuerdo para cubrir esas rutas en el nuevo curso, una resolución administrativa de la Junta dictada el miércoles adjudicaba de forma directa a dichas empresas del sector los 223 recorridos del transporte escolar que quedaban sin cubrir (del total de 579 que registra Extremadura) a solo 24 horas del inicio de las clases, basada en que se trata de “un servicio público esencial”.
La resolución, en resumen, obligaba a las compañías que se homologaron en el acuerdo marco vigente de 2024 a cubrir esas 223 rutas. La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, advirtió de que, si no cumplían, la Junta adoptaría «las medidas oportunas».
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 ha denegado sin embargo la medida cautelar solicitada por la Junta de Extremadura. En un acto, el juzgado considera que «no procede a adoptar la medida cautelar al no darse los requisitos procesales exigido para su adopción». En primer lugar, señala el juzgado en su auto, que en esta fase inicial del procedimiento tras la denuncia presentada por la Junta de Extremadura el pasado 4 de septiembre, «no consta indicios de criminalidad fundados que justifique adoptar medida cautelar».
Considera el auto que los hechos expuestos por el Ejecutivo regional «se fundan en ciertas conjeturas por la Administración que está por determinarse en fase instructora».
En segundo lugar, «no concurre proporción entre los hechos denunciados y la medida solicitada», señala el juzgado, que apunta que «no resulta proporcionado imponer a las empresas denunciadas el cumplimiento de unos servicios de trasportes respecto del cual no son adjudicatarias».
Finalmente, señala el juez que la medida cautelar que pedía la Junta «no es la única opción posible», ya que a su juicio, la Administración «dispone de recursos administrativos para garantizar el derecho de trasporte escolar como complemento, en determinadas circunstancias, del derecho de educación, sin perjuicio de poder instar acciones civiles o contenciosos administrativas en orden a reparar posibles perjuicios», señala.
La gran duda de los padres es qué ocurrirá si habrá acuerdo de la Junta de Extremadura con las empresas de transporte o si, de nuevo, muchos niños volverán a quedarse sin clases este viernes y la próxima semana.