Secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ), dedicada a la despolitización de la Justicia y a la lucha contra la corrupción, el magistrado Jesús Villegas se muestra indignado con la permanencia de Álvaro García Ortiz en la Fiscalía General del … Estado tras la apertura de juicio oral contra él. Es una muestra más, dice, del «pisoteo» a las instituciones, a los principios del Estado de derecho. Habla alto y claro: el «empecinamiento» del acusado en no dejar el cargo le da «vergüenza ajena». Y avisa de posibles vicios de nulidad.

-Parece que García Ortiz sigue sin intención de dejar el cargo…

-No va a dimitir, eso está claro, porque la cuestión no es estrictamente jurídica, es una cuestión política, y en altas esferas gubernamentales no interesa que lo haga porque se entendería como una asunción de culpabilidad. Además, él es un hombre del Gobierno y conviene tenerlo cerca. Lo cierto es que la permanencia de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado genera una crisis constitucional sin precedentes, un atolladero jurídico, un callejón sin salida. ¿Por qué? Pues porque el legislador no había pensado que esto pudiera ocurrir, por lo que en nuestra normativa no hay solución a esta situación, tremendamente anormal. Si en vez de ser fiscal del Estado, hubiese sido cualquier otro fiscal, en la fase procesal en la que nos encontramos ya se habría visto obligado a dejar el cargo.

-¿Qué implicación va a tener esto en el juicio?

-Se crea una paradoja tremenda porque la posición estructural del fiscal que vaya al juicio es de subordinación, con lo cual no hay una libertad formal, no hay un marco jurídico adecuado para que ese fiscal pueda ejercer las acciones con normalidad. Eso quiebra la confianza de los ciudadanos en la institución. La jurisprudencia europea dice que cuando instituciones como la judicatura o la Fiscalía en este caso no tienen el mínimo de confianza de los ciudadanos, no pueden ejercer sus funciones de una manera imparcial e independiente. Estamos en una situación gravísima. Obviamente García Ortiz no va a dar a ese fiscal una instrucción por escrito, pero puede haber llamadas telefónicas, conversaciones, contactos informales… Con lo cual la situación es absurda, escandalosa, y ya hablo desde un punto de vista estrictamente jurídico. Ese juicio puede estar aquejado de vicios de nulidad. Si yo soy la acusación particular, creo que podría presentar un recurso de amparo y acudir posteriormente a la justicia europea para que ese juicio fuera nulo.

-La Fiscalía, desde luego, no va a acusar; no ve delito. Es la línea que ha mantenido durante la instrucción.

-¿Y cómo podemos estar seguros de que si la Fiscalía no acusa lo hace por convencimiento jurídico y no por presiones? Además, ¿quién es el fiscal general del Estado? Porque se supone que es la máxima autoridad del Ministerio Público en nuestro país y que su misión es la defensa de la legalidad, no «construir un relato», como él mismo ha dicho. ¿Es acaso García Ortiz un apéndice del Gobierno al servicio de determinados intereses políticos o ideológicos? Es que es ofensivo.

-Desde su punto de vista, ¿cabía la suspensión de García Ortiz?

-Yo no creo que un juez de instrucción tenga facultades para hacerlo porque eso supone adoptar una medida muy restrictiva para la que hay que tener un título legal habilitante, algún precepto, algún fundamento jurídico positivo. Como le decía, estamos en un callejón sin salida…

«Si el fiscal general no dimite es porque al Gobierno no le interesa que lo haga»

Jesús Villegas

Juez y miembro de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ)

-Le veo muy pesimista…

-Sí, tremendamente pesimista porque el daño que se está haciendo a la justicia es irreparable. Lo que está ocurriendo es vergonzoso. Yo no puedo entender cómo una persona que es un jurista, que comprende lo que está sucediendo, porque tiene unos conocimientos de los que carecen los políticos, se afana, se empecina en permanecer ahí. Primero, por dignidad personal. Es un funcionario de carrera, tiene un prestigio. ¿No le da vergüenza que se le vea como una marioneta del Gobierno? Una persona de esa edad, que con esa posición, con esa formación, se someta a pasar por eso a eso me hace verlo más como un político togado que como jurista. Me produce vergüenza ajena. Y desde un punto de vista jurídico es pisotear nuestras instituciones.

-¿El borrado de mensajes es una prueba de cargo para usted?

-A ningún investigado se le puede obligar a que aporte pruebas en su contra, eso es evidente. Sin embargo, los que tenemos un mínimo de experiencia sabemos que esto lo hacen los criminales, los delincuentes, quien tiene algo que ocultar. Mire, es que es de sentido común. Quiero que por un momento nos bajemos del castillo de marfil de los juristas y pongamos los pies en el suelo. Si a mí mañana me acusan de cualquier cosa, de un asunto económico, de tener material pornográfico en mi ordenador, de haber pegado a alguien… lo que quiero, si soy inocente, es que todo salga, que vean mis cuentas bancarias, mis correos… El inocente quiere la máxima transparencia, que se llegue hasta el final de las cosas porque no tiene nada que esconder.

-El juez Hurtado se ha convertido en otro blanco de los ataques del Gobierno por sentar en el banquillo al fiscal general. ¿Estamos en el peor momento de la ofensiva contra el Poder Judicial?

-Nos encontramos ante un Gobierno que está acosado por los casos de corrupción. Eso ha ocurrido otras veces, desde luego, porque siempre habrá delincuentes y sinvergüenzas. Eso es así. La peculiaridad que reviste la situación en la que vivimos ahora, que la hace más grave en comparación con otras anteriores, es que los políticos que se ven acosados quieren cambiar el ordenamiento jurídico para protegerse. Y entonces no es el daño de esta situación concreta, sino el que se puede hacer en el futuro porque se le está dando ventajas a los futuros corruptos. Me da igual que sean de derechas o de izquierdas. Se está destruyendo nuestra arquitectura jurídica, se están alterando nuestras leyes procesales, cambiando las reglas del juego. Prueba de ello es la ley Bolaños, que es una bomba de relojería en los cimientos del Estado de derecho.