Madrid (EFE).- El Ministerio de Defensa ha anulado dos contratos con empresas israelíes por valor de casi 1.000 millones de euros sin que el Gobierno haya aprobado aún el real decreto que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel, que tampoco va a ir este martes al Consejo de Ministros.
El Ejecutivo está ultimando esta medida, anunciada el pasado lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y es posible que su aprobación se produzca la próxima semana, han señalado a EFE fuentes del Gobierno.
Mientras, el Departamento que dirige Margarita Robles sigue trabajando en el plan de desconexión tecnológica militar con Israel y en alternativas para que las Fuerzas Armadas puedan disponer de los programas que necesitan, han señalado a EFE fuentes de Defensa.
Fruto de ello es la anulación oficial la semana pasada de los contratos para la adquisición de lanzacohetes de alta movilidad Silam y el sistema de misiles contracarro Spike L.R., ambas capacidades destinadas al Ejército de Tierra.
La Plataforma de Contratación publicó el pasado día la revocación del contrato de compra de lanzacohetes Silam a la unión temporal de empresas Rheinmetall Expal Muntions y EM&E, por un importe de 700 millones de euros.
El mismo día publicó la anulación de la adjudicación a la empresa PAP Tecnos Innovación SA, filial española de la empresa israelí Rafael, del contrato de compra de 168 misiles Spike, por un valor de 287,5 millones de euros.
En una comparecencia en el Congreso el pasado mes de junio para dar cuenta de los contratos de material de defensa con Israel, Robles ya aseguró que determinados programas como estos dos iban a ser sustituidos por tecnología española y aseguró que ello no tiene por qué implicar un retraso en los proyectos.
«Tenemos reuniones permanentes con las industrias españolas para que ellos nos digan si el plan de desconexión que vamos a hacer, si los sustitutos para el Spike o para el Silam son posibles realizarlos en España. Y nos dicen que sí», explicó entonces la ministra a los diputados.
El real decreto forma parte de una batería de medidas anunciada por Sánchez y establecerá la prohibición legal de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar a Israel.
Se trata de un texto complejo de articular, cuyo contenido se tiene que ajustar su contenido al ordenamiento jurídico europeo, reconocieron fuentes gubernamentales.