Carlos Hidalgo

15/09/2025


Actualizado 16/09/2025 a las 04:47h.

Se hacen llamar Comité Palestino de BDS, un acrónimo que responde a boicot, desinversión y sanciones, y es la principal organización muñidora de las protestas organizadas en torno a la Vuelta a España que han culminado este sábado con apenas dos detenidos en Madrid, pero con 22 policías heridos. Bajo su paraguas, han acudido al calor de la convocatoria otros grupos propalestinos, pero también sectores de la izquierda radical ya conocidos en otros disturbios, como el Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR).

Este último, por ejemplo, realizó el sábado una pintada en la calzada del trayecto de bajada desde la sierra a la zona más metropolitana de la capital en favor de «la liberación urgente de María José Baños», a la que califican de «presa política». Se trata en realidad de una terrorista del Grapo condenada a más de 35 años de cárcel por su actividad violenta.

El BDS organizó los distintos puntos de convocatoria este sábado en las zonas rurales por las que pasaban los ciclistas, incluidos dos en Navacerrada. En uno de estos es donde fueron identificadas por la Guardia Civil las exministras y líderes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero, quienes exigieron a los agentes que se terminara la etapa. Esa jornada hubo un detenido que se descolgó con otro manifestante de un puente sobre el itinerario y en otro lugar, a la altura de Becerril de la Sierra, otros efectivos se cayeron a la calzada por culpa de los boicoteadores, sin llegar a generarse más problemas.

Este movimiento radical fue creado en 2005 por Omar Barghouti y Ramy Shaath. Su actividad principal consiste en señalar, por ejemplo, a empresas que consideran que financian o están muy cercanas al Gobierno israelí, como grandes tecnológicas, armamentísticas, gigantes de la producción audiovisual y de la alimentación y multinacionales de la automoción. Consideran que en el Estado de Israel se practica el apartheid.

Pero la espita verdaderamente encendió ayer domingo, con miles de personas protestando en las calles del centro de la capital española, hasta el punto de que derribaron vallas, destrozaron mobiliario de la carrera y lanzaron objetos e insultos contra la Policía. La Delegación del Gobierno había dispuesto a 1.100 agentes para este fin, la mayoría antidisturbios, además de los 720 policías municipales desplegados por el Ayuntamiento de Madrid.

Órdenes políticas de no hacer detenciones

Los sindicatos policiales en su totalidad hablan de que había consignas de los mandos políticos del Estado para que el CNP aguantara y practicara cuantas menos detenciones fueran posible: dos solamente fueron el saldo de los disturbios que asolaron Atocha, paseo del Prado, Cibeles, Gran Vía y la plaza del Callao, por mencionar las avenidas principales.

En cambio, 22 policías requirieron de asistencia médica, ninguno grave ni con traslado hospitalario, lo que muestra la total descompensación en el balance de resultados del operativo. Tanto el presidente del Gobierno como el delegado y los líderes socialistas en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid mostraron sin ambages su total apoyo a los manifestantes.

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