La resolución de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que concluye que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza marca un punto de inflexión, con implicaciones también para el resto de países.
¿Qué supone que la comisión lo califique como genocidio?
La Comisión fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el órgano en materia de derechos humanos más importante de Naciones Unidas. Funciona como un mecanismo de verdad y rendición de cuentas, cuyo objetivo es documentar los crímenes de forma independiente para que otros órganos puedan actuar judicialmente.
Aunque no es un organismo estrictamente vinculante, según explica a EFE Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid, se trata de una «interpretación autorizada, que aclara el marco jurídico».
Determinar que se comete genocidio, añade la experta, supone que hay una violación de una norma imperativa del derecho internacional, lo que genera obligaciones para los demás Estados. Entre ellas la de no prestar ayuda al mantenimiento de la situación.
Las obligaciones se derivan precisamente de la violación de esas normas, y las recomendaciones de la Comisión, que apuntan entre otras al cese de entrega de armas o de material defensivo que pueda usarse en esas operaciones, parten de la constatación de dicha violación.
¿Qué importancia tiene la decisión?
Cuando se tiene constancia de que un país está violando sus obligaciones internacionales, los Estados y las organizaciones con competencia deben dejar de asistir al Estado que comete estas violaciones.
El Consejo de Seguridad de la ONU podría frenar a Israel con resoluciones vinculantes, pero su parálisis debido a la política de veto de Estados Unidos dificulta que se tomen medidas coercitivas generales. Esto no impide que los países adopten decisiones basadas en el informe, como embargos o la ruptura de relaciones diplomáticas o comerciales.
En teoría, según sostiene María de los Ángeles Ruiz, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, «tras la decisión de la comisión el Consejo de Seguridad debería de adoptar las medidas pertinentes para pacificar la zona afectada».
El informe es importante porque, a juicio de Manero, puede servir de base para los tribunales y otros Estados. Así, podría facilitar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ampliase los fundamentos en los que basa su orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, o contra el exministro de Defensa Yoav Galant.
Montserrat Abad, profesora de Derecho Internacional en la Carlos III, recalca que el fallo de la comisión «aumenta la presión política, diplomática y jurídica», fortalece los procesos judiciales en marcha y apuntala aseveraciones anteriores emitidas por organismos vinculados a la ONU.
¿Por qué su voz tiene peso?
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) había dictado medidas cautelares en 2024 y ordenado a Israel tomar acciones dirigidas a prevenir actos que pudieran constituir genocidio, mientras que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se ha referido a posibles crímenes de guerra y contra la humanidad y a la posibilidad de genocidio, pero no han emitido una declaración final al respecto.
La conclusión de la comisión, según Manero, constituye un «avance significativo», al ser un ente establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que es el principal órgano de Naciones Unidas encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo.
El consenso sobre la perpetración de genocidio en Gaza, añade Ruiz, «parece que queda de manifiesto a través de esta decisión».
La definición de genocidio
La CIJ, máximo tribunal de la ONU, está en una fase intermedia de un procedimiento iniciado en diciembre de 2023 por Sudáfrica, que acusa a Israel de violar la Convención, pero este tribunal no lleva a cabo investigaciones propias sobre el terreno, como lo haría la CPI, sino que examina los argumentos y pruebas que los Estados presentan en un litigio.
En una fase preliminar del proceso, Sudáfrica solicitó medidas cautelares urgentes para exigir al Gobierno israelí proteger a la población civil palestina.
En enero de 2024, la CIJ aceptó parcialmente la solicitud al considerar que “existe un riesgo real e inminente de un perjuicio irreparable” a los derechos de los palestinos y aceptó que era “plausible el derecho del pueblo palestino en Gaza a ser protegido contra actos de genocidio”, sin pronunciarse sobre si esos actos constituyen efectivamente genocidio.
El tribunal ordenó entonces a Israel adoptar medidas “inmediatas y efectivas” para prevenir actos de genocidio y garantizara la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.
Desde entonces, la Corte ha emitido nuevas órdenes cautelares en respuesta a la evolución de la ofensiva en Gaza, sin entrar en el fondo del caso.
Sudáfrica entregó en octubre de 2024 su memoria escrita con los principales argumentos y pruebas, y ahora Israel tiene hasta enero de 2026 para presentar los suyos.
El nuevo informe de la comisión de la ONU puede reforzar los argumentos de Sudáfrica, pero la CIJ evaluará su valor probatorio dentro del procedimiento sobre el fondo, cuya resolución podría tardar años.
El tribunal sólo dictará un fallo definitivo tras analizar no solo documentos como este, sino también pruebas verificables, testimonios y alegatos de ambas partes. De momento, ni siquiera hay fecha para las audiencias públicas en las que las partes defenderán sus argumentos.
Crímenes de guerra y de lesa humanidad
La CPI, por su parte, investiga desde 2021 posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos tanto por Israel como por Hamás en los territorios palestinos ocupados, lo que incluye la situación actual en Gaza.
Este tribunal, que se rige por el Estatuto de Roma, sí persigue responsabilidades individuales, pero debe verificar las pruebas de manera independiente.
El nuevo informe de la comisión de la ONU no exonera a la fiscalía de la CPI de reunir pruebas directas y verificables, pero puede aportar contexto para sostener las pesquisas, pues apunta a patrones de ataques, bloqueos, desplazamientos y declaraciones y actos de altos responsables israelíes que podrían interpretarse como incitación o ejecución de crímenes de genocidio.
En noviembre pasado, la CPI ya emitió órdenes de arresto contra tres líderes de Hamás (todos fallecidos desde entonces) y contra el primer ministro israelí y su exministro de Defensa, por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, pero no incluyó por ahora el cargo de genocidio, al considerar más sólidas las pruebas sobre otros crímenes.
Esas órdenes de arresto han reavivado el debate sobre la independencia del tribunal frente a las grandes potencias, después de la reacción de Estados Unidos, que impuso sanciones al fiscal Karim Khan y a varios jueces, y aumentó la presión política sobre la Corte, que ya afrontó tensiones similares cuando intentó investigar posibles crímenes de guerra en Afganistán, o emitió la orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por crímenes en Ucrania.
Por lo tanto, mientras la CIJ evalúa la responsabilidad del Estado de Israel en virtud del derecho internacional, la CPI analiza si existen pruebas para procesar a individuos concretos.
En ambos tribunales, el gran reto sigue siendo demostrar la intención específica de destruir, en todo o en parte, a los palestinos, requisito clave para calificar jurídicamente los hechos como genocidio.
¿Cuál es el camino a seguir?
El camino es el cumplimiento riguroso del derecho internacional, prosigue la representante de la Complutense.
«A estas alturas del conflicto Israel ha de asumir la responsabilidad internacional por cometer crímenes contra la humanidad, como es el genocidio; cesar en su incumplimiento; reparar los graves daños ocasionados, incluyendo la restitución de los territorios palestinos a Palestina; ser objeto de sanciones y represalias e incluir en estas sanciones medidas de retorsión a los Estados que apoyan su proceder».
Y desde un plano judicial, concluye Ruiz, «declarar y castigar a los responsables directos de estos actos de lesa humanidad».