El Gobierno no cesa en su batalla por avanzar en la oficialidad del catalán en la UE, junto al gallego y el euskera. La falta de consenso entre los países europeos ha llevado al Gobierno a no forzar su inclusión en el orden del día de la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, el organismo europeo que decide sobre este asunto y que celebró este martes. Una decisión que en Moncloa califican de necesaria para mantener los “equilibrios” diplomáticos tras varios varapalos, rechazando que se interprete como una renuncia. Más bien todo lo contrario. Fuentes del Gobierno avanzan que siguen recabando apoyos de los países más resistentes. En este sentido, aseguran que será importante la reunión que Pedro Sánchez mantendrá con el canciller alemán, Friedrich Merz, a quien recibirá en el Palacio de la Moncloa el jueves.
Para el impulso de esta medida en la UE, las mismas fuentes destacan que Alemania tiene un “papel clave”. Entienden que si se logra reconducir la posición de los alemanes, hasta ahora contraria, otros países seguirán su estela para levantar el veto. A falta de cerrar la agenda oficial de la reunión, en Moncloa dejan caer que será un asunto de conversación porque “siempre estamos trabajando para convencer a todos los socios europeos” para aprobar esta medida pactada con Junts.
La negociación de los Presupuestos de 2026 depende en buena medida de que se desencallen compromisos pendientes con los socios de investidura y la oficialidad del catalán en la UE es uno de ellos. El mensaje que lanzan desde el Ejecutivo es que “no vamos a desistir”. Su pretensión es dejar claro a Alemania que este asunto es prioritario para el Gobierno y que no dejará de estar en su agenda hasta conseguir su aprobación. “El tema estará encima de la mesa permanentemente», recalcan.
El ministro José Manuel Albares ya incluyó la «defensa de la identidad plurilingüe» en su tríada de prioridades de la política exterior española, junto a Ucrania y Gaza. La reunión al máximo nivel con Merz será una fecha clave para calibrar avances. Lo que también reconocen desde el Gobierno es la presión que el PP está ejerciendo para que fracase esta medida y el canciller alemán pertenece a la misma familia política europea que Feijóo.
Para limar asperezas ante un asunto sobre el que se requiere unanimidad y presenta dudas legales entre algunos estados miembros, el Gobierno ya se prestó a que su medida se revise por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Asimismo, España se comprometió a asumir los costes derivados de su implantación, que la Comisión Europea calculó en unos 132 millones de euros al año.
Gestos de cara a los Presupuestos
La intención del Ejecutivo para sacar adelante las que serían las primeras cuentas públicas de la legislatura, que garantizarían a Pedro Sánchez estirar su mandato hasta 2027, pasa por despejar asuntos que sus socios consideran «fundamentales». El Gobierno arrancó el curso político llevando al Consejo de Ministros la condonación parcial de la deuda de las comunidades, comprometida con ERC, y una reunión en Bruselas entre Salvador Illa y Carles Puigdemont. Tras este encuentro, en Moncloa ratificaron su compromiso de que Pedro Sánchez se reunirá también con el expresident y líder de Junts, aun sin fijar fecha ni lugar. Un reconocimiento como interlocutor y en aplicación de la reclamada «amnistía política”.
Los gestos del Ejecutivo no parecen ablandar la posición de los posconvergentes, que en el primer pleno del Congreso de este mes de septiembre asestaron al Gobierno un duro golpe al sumar sus votos a PP y Vox para rechazar la reducción de la jornada laboral, un proyecto impulsado desde el ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz. Tras los ataques de esta última desde la tribuna a Junts, en la parte socialista del Gobierno salieron en tromba para enmendar y tratar de proteger el “diálogo” con los posconvergentes.
Especialmente desde Hacienda se redoblaron esfuerzos para blindar la negociación de los Presupuestos de este choque. Su pretensión sigue siendo aprobar lo antes posible la senda de déficit y el techo de gasto, primer paso para la elaboración de los Presupuestos. Sin embargo, el debate sobre el déficit de las comunidades autónomas deberá pasar previamente por un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que todavía no se ha convocado, y los grupos parlamentarios niegan que se haya aterrizado este asunto en las respectivas mesas de negociación. En Moncloa se aferran a la “discreción” de las conversaciones para que sean fructíferas y se limitan a asegurar que “estamos en ello”.
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