A medida que Estados Unidos entra en el punto álgido de la undécima oleada de la pandemia en curso de COVID-19, con un estimado de 1 millón de nuevas infecciones diarias, el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. sigue desmantelando el sistema de salud pública del país. En el centro de este ataque a la ciencia se encuentra la próxima reunión del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés), programada para el 18 y 19 de septiembre, cuya agenda y composición reflejan ahora la promoción prolongada de Kennedy de desinformación antivacunas.
El escenario fue preparado para esta guerra contra las vacunas con el despido abrupto de la directora de los CDC, la doctora Susan Monarez, quien, según informes, se negó a ratificar ciegamente las órdenes de Kennedy, apenas semanas después de asumir su cargo. Su destitución fue seguida de inmediato por el nombramiento de nuevos miembros del ACIP, muchos de los cuales carecen de experiencia formal en inmunización y han expresado públicamente escepticismo hacia las vacunas, en línea con Kennedy. Con esta medida, un organismo asesor científico clave está siendo reformulado como un instrumento partidista, socavando décadas de política de inmunización en un momento en que la transmisión viral de COVID, y de otros patógenos, vuelve a acelerarse en todo el país.
Según el último informe publicado el 8 de septiembre por Pandemic Mitigation Collaborative (PMC), dirigido por el doctor Mike Hoerger, una alarmante proporción de 1 de cada 93 estadounidenses están actualmente infecciosos con COVID. El modelo del PMC estimó que las nuevas infecciones diarias superaron el millón el 6 de septiembre, alcanzando un pico de 1.006.000 casos diarios, aunque las variaciones regionales son significativas.
El doctor Hoerger advirtió que “hay una transmisión significativa tras el pico”, lo que subraya la necesidad urgente de mantener medidas como el uso de mascarillas N95, aerosolización antiviral nasal y otras estrategias múltiples de mitigación. Actualmente, la transmisión se clasifica como Alta o Muy Alta en 21 estados y territorios, especialmente en el sur y el oeste, expandiéndose hacia otras regiones. Si bien se espera que los territorios de transmisión Muy Alta comiencen a declinar, el PMC anticipa nuevos aumentos en los estados donde previamente la transmisión había sido baja.
Estas altas tasas de infección y reinfección tienen consecuencias graves ampliamente documentadas para la salud pública.
En promedio, cada estadounidense se ha infectado ahora 4,2 veces, y casi la mitad de la población ha contraído el virus al menos una vez solo en 2025. El PMC estima entre 1.300 y 2.100 muertes en exceso semanales, lo que representa entre 50.000 y 60.000 muertes anuales por COVID-19 y sus complicaciones. Mientras tanto, el COVID persistente continúa siendo un evento de discapacidad masiva, que afecta a un estimado del 6 por ciento de los infectados y que puede producir consecuencias comparables a un derrame cerebral, artritis reumatoide o enfermedad de Parkinson en los casos graves. Tan solo la oleada actual se proyecta que generará hasta 720.000 nuevos casos de COVID prolongado en los próximos meses.
A partir de datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la vulnerabilidad aumentada de los niños más pequeños a COVID-19 es especialmente alarmante. Si bien las tasas acumuladas de hospitalización entre julio de 2024 y mayo de 2025 fueron más altas en adultos mayores de 75 años, los bebés menores de 6 meses les siguieron muy de cerca, reflejando el riesgo elevado de los “vírgenes inmunológicos”. La tasa acumulativa de hospitalización asociada a COVID-19 para lactantes en este grupo fue de 268 por cada 100.000, virtualmente idéntica a la tasa para adultos de 65 a 74 años de edad, que se ubicó en 266 por cada 100.000.
Actualmente, no existe ninguna vacuna contra COVID-19 aprobada para bebés menores de 6 meses, lo que significa que su única protección proviene del traspaso de anticuerpos maternos, ya sea por vacunación durante el embarazo o por infección previa. Estos hallazgos dejan claro que la carga de enfermedad sobre lxs estadounidenses más jóvenes y con menos protección inmunológica es ya comparable con la de lxs adultxs mayores, una población desde hace mucho tiempo conocida por su alto riesgo de desenlaces graves.
Los mismos datos confirman que el estado de vacunación sigue siendo el mayor predictor de la gravedad de la enfermedad. Entre niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años hospitalizados con COVID-19 entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el 89 por ciento no había recibido las vacunas recomendadas más recientes.
Este patrón se aplica también a los adultos. La mayoría de los internados no había recibido una sola dosis de vacuna contra COVID-19 desde julio de 2023. Entre adultos de 65 años o más, el 65 por ciento de los hospitalizados no tenía registro de haber recibido la vacuna recomendada para 2024–2025. Entre personas embarazadas hospitalizadas con síntomas confirmados de COVID-19, el 92 por ciento no había recibido ninguna dosis desde julio de 2023. En todos los grupos demográficos examinados, los datos de los CDC apuntan a una misma y urgente conclusión: la falta de vacunación se correlaciona directamente con enfermedad grave que requiere hospitalización.
En contra de la noción ampliamente difundida de que solo los niños con afecciones médicas preexistentes están en riesgo de enfermedad grave por COVID-19, los datos de los CDC revelan una realidad mucho más alarmante. De hecho, muchos de los niños hospitalizados no tenían ninguna condición médica conocida. Esto es especialmente cierto entre los pacientes más pequeños. Entre bebés menores de 6 meses hospitalizados por COVID-19, el 71 por ciento no tenía ninguna afección conocida. De manera similar, el 54 por ciento de lxs niños de 6 a 23 meses hospitalizados eran por lo demás sanos. Incluso entre lxs menores de 2 años admitidos en unidades de cuidados intensivos (UCIs), la mayoría no tenía antecedentes médicos relevantes.
En general, los datos muestran que uno de cada cuatro niños menores de 18 años hospitalizados por COVID-19 requirió atención en UCI, un fuerte indicador de cuán grave puede ser la enfermedad incluso en niños sin factores de riesgo conocidos. Estos hallazgos desacreditan el mito de que los niños sanos están a salvo de los peores desenlaces de la infección y no necesitan la vacuna contra el COVID. Por el contrario, demuestran que el COVID-19 sigue planteando una amenaza grave e impredecible para la salud pediátrica, capaz de causar enfermedades críticas en niñxs previamente sanos sin condiciones médicas preexistentes.
Precisamente porque el COVID-19 sigue poniendo en peligro a la población, incluyendo a más de 90 niños que han muerto en EE.UU. solo en los últimos 12 meses, expertos en salud pública están expresando creciente alarma por la orientación de la próxima audiencia del ACIP. La reunión incluirá una presentación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) que supuestamente vincula la vacuna contra el COVID con 25 muertes infantiles. Este movimiento ha “alarmado a científicos de carrera”, muchos de los cuales lo ven como un ejercicio politizado orquestado por Kennedy, quien ha afirmado reiteradamente —y sin ninguna evidencia— que las vacunas infantiles son mortales.
Entre los funcionarios de la FDA que se espera que presenten se encuentra la doctora Tracy Beth Høeg, una opositora vocal a la vacunación pediátrica amplia contra el COVID y crítica frecuente de las estrategias de mitigación. Defensores de salud pública han condenado el enfoque en daños especulativos por la vacuna, argumentando que minimiza peligrosamente la amenaza que representa el virus en sí. Se cree que la cifra de muertes es un subregistro, dado el conocido retraso en la notificación de fallecimientos infantiles.
Las afirmaciones de la FDA están supuestamente basadas en datos del Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (VAERS), una herramienta de vigilancia pasiva administrada conjuntamente por la FDA y los CDC. Sin embargo, críticos señalan que la agencia está aplicando incorrectamente la base de datos, la cual está destinada explícitamente como sistema de detección de señales, no como prueba de causalidad. VAERS acepta informes de cualquier persona —médicos, pacientes, cuidadores— sin verificación independiente. Incluso el sitio web oficial del sistema advierte que los informes “pueden contener información incompleta, inexacta, coincidente o no verificable” y que los datos “no deben usarse para determinar tasas ni relaciones causales”. Aun así, bajo la dirección de Kennedy, estas limitaciones están siendo ignoradas deliberadamente para amplificar afirmaciones no comprobadas de daño por vacunas.
Dorit Reiss, profesora de derecho en la University of California College of the Law, San Francisco y experta en política de vacunación, criticó duramente el uso indebido de los datos de VAERS para vincular muertes con la vacuna. “Para identificar la causalidad de una muerte con una vacuna,” explicó, “tienes que demostrar que la causa de la muerte fue algo que la vacuna provocó, y por sí solo, un informe de VAERS no demuestra eso. Se necesitan estudios más amplios que comparen la incidencia del daño con y sin la vacuna”. Reiss enfatizó que las agencias de salud utilizan VAERS como una herramienta de detección de señales, destinada a levantar alertas para ulterior estudio, y no como base científica para establecer causalidad. La decisión de presentar estos informes brutos como pruebas concluyentes en una reunión asesora federal equivale a una grave violación de los estándares de la salud pública y abre la puerta a campañas de miedo politizadas.
Esta reconfiguración calculada de los órganos asesores científicos, combinada con el uso indebido de datos de seguridad de vacunas, ha provocado alarma entre importantes funcionarixs de salud pública. El doctor Demetre Daskalakis, quien renunció como director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC en agosto de 2025, advirtió en su carta de renuncia que el “muro entre la ciencia y la ideología se ha derrumbado por completo”. Declaró públicamente que los CDC ya no podían presentar ciencia de forma “libre de ideología”, y que lxs científicxs de carrera estaban siendo cada vez más marginadxs por nombramientos políticos.
Noel Brewer, exasesor en vacunas del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) que fue destituido durante su reestructuración, acusó directamente a la administración de “usar esta plataforma para difundir falsedades sobre vacunas con el objetivo de asustar a la gente”, añadiendo que “el gobierno estadounidense ahora está en el negocio de la desinformación en vacunas”. Estos acontecimientos apuntan a una creciente politización de los organismos federales de salud pública, en los cuales el asesoramiento basado en evidencias está siendo reemplazado por mensajes alineados a una agenda ideológica predeterminada.
Las acciones encabezadas por Kennedy y su reestructurado ACIP van mucho más allá de la crisis inmediata del COVID-19. Representan una amenaza existencial para los cimientos de la salud pública moderna. Al restringir o eliminar recomendaciones de vacunación, incluyendo para COVID-19 en niños sanos y personas embarazadas, y al revisar también inmunizaciones infantiles históricas como la Hepatitis B y la MMRV, la administración está socavando directamente las garantías legales y científicas que aseguran la cobertura gratuita de vacunas para millones de estadounidenses a través de seguros privados, Medicaid y el Programa de Vacunas para Niñxs.
Este desmantelamiento políticamente motivado de la política de vacunación, reflejado en estados como Florida bajo la dirección de fanáticos antivacunas como Joseph Ladapo, quien está en proceso de eliminar mandatos escolares esenciales de vacunación, arriesga un retorno a una era prevacunas. En tal escenario, enfermedades prevenibles como el sarampión, la tos ferina o la varicela podrían resurgir, especialmente dado que las tasas de vacunación MMR en kindergarten ya han caído por debajo del umbral de inmunidad de rebaño en varias regiones. Más preocupante aún, la manipulación de sistemas de datos como VAERS para generar dudas, combinada con la purga de asesores científicos experimentados, ha destruido la confianza pública en las agencias de salud.
Como han advertido repetidamente los expertos en salud pública comprometidos, esta erosión de la credibilidad institucional se extiende mucho más allá de las vacunas actuales, amenazando futuras iniciativas sanitarias, la innovación médica y la preparación ante pandemias a nivel global. Las implicaciones son profundas. Están desmantelando un siglo de progreso científico para avanzar una agenda política radical, poniendo en peligro tanto a la generación actual como la capacidad futura de la sociedad para protegerse contra enfermedades infecciosas.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de septiembre de 2025)
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