Una auditoría externa encargada por la Corporación Pública Empresarial de Navarra sobre la adjudicación del contrato de las obras de 62 VPO en Erripagaña (Pamplona) a la UTE Acciona Servinabar ha constatado «incidencias», como la ausencia de actas en el proceso o el incumplimiento de los requisitos de publicidad.
Según el documento, que ha llegado ya a la comisión parlamentaria de investigación en Navarra, no se incluyeron en el cálculo del valor estimado las modificaciones previstas al alza. Tampoco consta el acta de admisión de participantes ni se ha podido verificar la constitución del aval bancario de 30.000 euros exigido en el pliego.
Asimismo, no se han facilitado las actas de apertura y valoración de ofertas presentadas, lo que impide comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos conformes a la ley de Contratos Públicos.
Por otro lado, los auditores señalan que no se ha dispuesto de la documentación relativa a los licitadores que no resultaron adjudicatarios, «lo que imposibilita realizar las comprobaciones necesarias entre las distintas ofertas presentadas».
En cuanto a la publicidad de la adjudicación, recuerdan que «ésta debe realizarse en el Portal de Contratación de Navarra y, en su caso, en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), dentro del plazo legalmente establecido desde la comunicación de la adjudicación». Sin embargo, en este caso, se publicó fuera de plazo y se ha detectado la ausencia de publicación trimestral en uno de los 11 expedientes analizados.
En relación con las modificaciones del contrato, el auditor indica que Nasuvinsa introdujo cambios en materia de amueblamiento mínimo, instalación de cocinas, mamparas y cámaras de vigilancia (CCTV), calificándolos de «indispensables e imprevisibles», aunque no ha sido posible comprobar esta justificación al no constar fecha en el documento de requisitos de arquitectura que los respaldaba.
La Oficina de Buenas Prácticas también detectó irregularidades
El informe sobre la adjudicación de la VPO se ha limitado a aplicar los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública, sin constituir una auditoría ni implicar una opinión global sobre la legalidad de las adjudicaciones.
El auditor recalca que sus hallazgos deben interpretarse teniendo en cuenta que otros aspectos legales o técnicos podrían dar lugar a valoraciones diferentes, y subraya que la responsabilidad sobre la suficiencia de los procedimientos corresponde exclusivamente a la CPEN.
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) también había analizado este expediente, del año 2018, y había determinado que la empresa pública Nasuvinsa, en la etapa en la que José María Aierdi era su director gerente, «ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo» y afirmó que «incumplió de plano» la ley foral de Contratos Públicos, y el pliego de condiciones reguladoras de esta contratación.
El propio Aierdi mostró su disconformidad con «una gran parte de ese informe» al considerar que algunas de sus manifestaciones eran «inciertas», y aseguró que «no hubo trato de favor a ninguna de las partes ni a ninguna empresa».
Servinabar se trata de una de las empresas señaladas en el informe sobre las supuestas comisiones a cambio de la adjudicación de obras públicas en el caso Santos Cerdán y del que el exsecretario de Organización del PSOE habría comprado acciones, según una escritura hallada por la Guardia Civil.
Esta empresa era, según los investigadores, la «vía de canalización de los beneficios». En Navarra se estima que habría conseguido siete adjudicaciones por un valor total aproximado de 8,6 millones de euros junto a Acciona.