La marca estadounidense ha presentado una queja formal contra el Maximum Gearing Protocol de la UCI, que restringe el uso de su grupo RED AXS en configuración 54×10. SRAM alega falta de transparencia, perjuicio competitivo y violación de las leyes europeas de competencia.
SRAM no está dispuesta a aceptar una normativa que perjudica directamente a sus grupos
El conflicto entre SRAM y la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha entrado en una nueva fase judicial. El pasado 12 de septiembre de 2025, la firma estadounidense presentó una denuncia formal contra la UCI ante la Autoridad de Competencia de Bélgica (BCA), cuestionando la legalidad del llamado Maximum Gearing Protocol. Tras evaluar la queja, el 17 de septiembre la BCA abrió un procedimiento antimonopolio en el marco de la legislación de competencia de Bélgica y de la Unión Europea.
Continúa tras los patrocinadores
Un protocolo polémico
La norma haría que su piñón de 10 dientes fuese ilegal
La normativa de la UCI establece un límite de desarrollo máximo en determinadas pruebas, fijado en 10,46 metros por pedalada, equivalente a un desarrollo de 54×11. Este límite deja fuera a configuraciones como el 54×10 del grupo SRAM RED AXS, habitual en equipos profesionales patrocinados por la marca.
SRAM es el único gran fabricante afectado de forma directa por esta restricción, lo que según la compañía supone un freno a la innovación, reduce las opciones de los ciclistas y crea una desventaja competitiva injusta frente a sus rivales.
Intentos fallidos de diálogo
La empresa asegura haber intentado en múltiples ocasiones abrir un canal de comunicación con la UCI para analizar el impacto de la medida, pero denuncia la falta de transparencia y la negativa del organismo a entablar un debate técnico real. Ante la ausencia de respuestas y con la normativa ya señalando a sus productos como “no conformes”, SRAM considera que la vía legal era la única salida posible.
Mientras tanto, los equipos patrocinados por SRAM se han visto obligados a preparar material adaptado para el estreno de la norma en el Tour de Guangxi, sin tiempo suficiente para probarlo de manera adecuada y con la amenaza de sanciones o descalificación si incumplen el protocolo.
SRAM Red XPLR en la bici de Mads Pedersen
Daños reputacionales y riesgo de mercado
“Este protocolo penaliza e inhibe la innovación y sitúa a nuestros equipos en desventaja.»
La compañía sostiene que la UCI, al calificar sus desarrollos como no válidos, ha generado confusión en el mercado, inquietud en corredores y equipos, y un perjuicio a su imagen. En palabras de Ken Lousberg, CEO de SRAM: “Este protocolo penaliza e inhibe la innovación y sitúa a nuestros equipos en desventaja. Confiamos en que el organismo regulador fomente la evolución tecnológica y adopte medidas de seguridad basadas en datos, no en restricciones arbitrarias”.
Además, SRAM alerta de que, de consolidarse la normativa, fabricantes y distribuidores podrían dejar de apostar por sus grupos de carretera de gama alta, poniendo en riesgo años de trabajo e inversión en el desarrollo de su filosofía de transmisión.
Sin evidencia de seguridad
La UCI ha defendido el protocolo como una iniciativa vinculada a la seguridad. Sin embargo, SRAM sostiene que no existe evidencia que respalde esa afirmación. Según sus análisis de datos de la última edición del Tour de Francia, no se observa relación entre los desarrollos más largos y los accidentes en carrera. Los descensos, donde se producen la mayoría de las caídas a alta velocidad, están al alcance de todas las transmisiones utilizadas en el pelotón profesional.
“Los ciclistas quieren carreras más seguras y mejores recorridos, no límites arbitrarios al desarrollo”, insistió Lousberg.
Piñón de 10 dientes
Posibles consecuencias legales
Una norma que solo perjudica a los equipos SRAM
La denuncia presentada ante la BCA alega que la normativa de la UCI:
- Se aprobó sin consulta ni transparencia, sin base empírica ni justificación de seguridad.
- Perjudica únicamente a los equipos que usan grupos SRAM, distorsionando la competencia.
- Restringe la elección de equipos y consumidores, limitando la competitividad en el mercado de transmisiones.
- Incumple los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFEU) y la legislación belga en materia de competencia.
Por ello, SRAM solicita la suspensión inmediata de la medida, la representación de fabricantes en los órganos de decisión sobre material, y la creación de mecanismos que garanticen que futuras regulaciones respeten la normativa de competencia europea.
El futuro del caso
SRAM también busca acabar con la opacidad en la toma de decisiones de la UCI
El Fiscal General de la BCA será el encargado de investigar y trasladar sus conclusiones al Competition College, órgano que deberá emitir una resolución. Mientras tanto, la incertidumbre persiste en torno al calendario de aplicación del protocolo, que podría ampliarse a más pruebas tras su debut en Guangxi.
“Llamarlo test no lo convierte en menos carrera. Nuestros equipos competirán con menos opciones de desarrollo que el resto, en clara desventaja”, añadió Lousberg.
Con esta denuncia, SRAM busca no solo frenar una normativa que considera injusta, sino también abrir el debate sobre la transparencia y la colaboración en la toma de decisiones técnicas de la UCI. Un pulso legal que podría tener consecuencias más amplias en el futuro de la innovación ciclista.