«Yo soy juez, estoy en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Sevilla. Y las cosas que nos llegan son tremendas, cada día, desde hace mucho tiempo. Víctimas de violencia machista que se han encontrado con su agresor en la puerta … y el dispositivo no les había avisado; policías que se quejan de que han encontrado una pulsera rota en la calle y no sabían que ese hombre se la había quitado»… Para Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante una década (2014-julio de 2024), el terremoto suscitado por los fallos en las pulseras telemáticas conocido ahora es bastante sorprendente, sobre todo por el silencio administrativo que se está imponiendo respecto al aluvión de quejas que vienen provocando estos dispositivos desde antes ya de su entrada en funcionamiento, el 8 de febrero de 2024. Mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo, está cargando contra el Poder Judicial, la Fiscalía y las compañías responsables del servicio por esos errores, están calladas la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la juez onubense Carmen Martínez Perza, y también su relevo al frente del Observatorio, Esther Erice. ABC intentó recabar su opinión ayer respecto a este asunto, pero declinó pronunciarse.
Es la ministra vallisoletana la que en las últimas horas y viendo la dimensión que está alcanzando esta polémica está asumiendo dar explicaciones en este asunto, sin mucha justificación solvente, al entender de Carmona. Primero negó haberse reunido el 12 de enero de 2024, junto a todo su gabinete ministerial, con el entonces presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, y la entonces presidenta del Observatorio, la propia Carmona. Las fotos del encuentro y la hemeroteca han forzado su desmentido. Esa reunión no tuvo otro motivo, asegura a este diario Carmona, que transmitirle la preocupación que tenía un equipo de trabajo del Observatorio por los nuevos dispositivos adquiridos por el Ministerio de Irene Montero (el pliego de la licitación lo firma la secretaria de Estado Ángela Rodríguez ‘Pam’ en julio de 2023) que iban a entrar en vigor, a propósito del cambio de contrato del proveedor del servicio, que pasaba de manos de Telefónica a Vodafone.
Pero hay otro cambio más importante para Carmona que la compañía en sí y es la propia pulsera, y su propiedad. El Ministerio de Irene Montero con la delegada del Gobierno Victoria Rosell como voz cantante se habían empeñado en que la pulsera dejara de ser propiedad de Telefónica y las adquiriese el ministerio; y que permitiera tener tarjeta SIM ‘multiagresor’, lo denominaron (por ejemplo, para casos de violencia sexual con varios violadores y una víctima; que ella fuera avisada por cada uno de ellos).
«Ahora cuestan 14,50 euros»
«No entendimos ese cambio. Esgrimían muchas veces el caso de La Manada, cuando todo juez sabe que esos casos acaban con la orden de prisión, como ocurrió para los cinco agresores de Pamplona. No tenían las garantías suficientes. En un equipo de trabajo, intentamos verificar la fiabilidad de esos dispositivos y nuestra sorpresa fue que se podían comprar incluso en Alibaba o AliExpress por 150 euros entonces. Ahora cuestan 14,50 euros«.
A Telefónica el dispositivo se lo proporcionaba mediante subcontrata del software la empresa israelí (con sede en Tel Aviv) Attenti Electronic Monitoring, y no registraron fallos durante años de servicio. El coste es de más de 1.500 euros por dispositivo.
El otro conflicto conocido ahora es que Attenti, aduciendo motivos de seguridad, encriptó los datos de los expedientes de los maltratadores y al proceder al volcado para que la siguiente continuase con el servicio se ‘perdieron’. La ministra no dice o no sabe cuántos casos son los afectados por esa migración. Carmona señala que los jueces los tienen aún sobre su mesa («la Justicia va más lenta y se están dictando hoy día las resoluciones que remiten a esa época») y que «va a haber muchos más sobreseimientos (provisionales) de maltratadores, porque no se puede probar con un informe que hubo quebrantamiento de la orden de alejamiento».
En esencia, Carmona considera que hubo ofuscación del Ministerio de Podemos por hacerse con 5.000 dispositivos que dependieran del departamento y que se usaran para violencia sexual; y hubo inacción del Ministerio que los heredó (del PSOE), al tener conocimiento en esa reunión de todos los fallos que iban a dar las pulseras (de uso y cobertura, zonas de sombra…). En aquel encuentro, Redondo y su equipo pidieron «paciencia porque acababan de entrar» y se comprometieron a resolver la problemática cuanto antes. Pero durante meses (hasta su salida como presidenta en julio de 2024, al menos), Carmona atestigua que cada queja que se recibía se enviaba desde el correo electrónico del Observatorio a la Delegación que encabeza la juez Martínez Perza. «Ella debe dar explicaciones. Entiende el lenguaje de los jueces y había muchísimas quejas de colegas por este motivo». A ellas se les unían las de policías y técnicos del sistema.
¿Se le comunicaron todas esas quejas a la ministra? De la Delegación cuelga también y dependen directamente con un equipo especializado en el propio ministerio los técnicos de Cometa, que como ha publicado este periódico, sí comunicaron más arriba que estaban produciéndose continuos fallos con los datos del volcado anteriores a marzo de 2024. «Redondo tiene la obligación de estar vigilante del sistema que gestiona su ministerio, que es Cometa», agrega Carmona. ¿Quién ocultó ese agujero? ¿Y por qué?
La otrora vocal del Poder Judicial también hace autocrítica. El CGPJ estaba inmerso esa primavera en un convulso tiempo de renovación: «Tal vez deberíamos haber estado más encima de esto, pero la ministra no se puede escudar en que no fue alertada y además ahí tiene a la Fiscalía, que pedía el sobreseimiento de los casos» de maltrato derivado de este apagón en los datos.