El comité asesor sobre prácticas de inmunización (ACIP, por sus siglas en inglés), nombrado a dedo por el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., concluyó el viernes su reunión de dos días en Atlanta votando a favor de restringir aún más el acceso a vacunas contra el COVID-19 y de retrasar inmunizaciones infantiles críticas.
Estas deliberaciones representan una nueva fase en la guerra de la administración Trump contra la ciencia y la salud pública. Lo que fue alguna vez un consejo asesor internacionalmente respetado y guiado por la ciencia, se ha convertido en una plataforma para promover la ideología y la demagogia, en lugar de fomentar la investigación científica y el consenso. Voces expertas fueron desplazadas, reemplazadas por personas sin experiencia relevante y con antecedentes de difundir desinformación antivacunas, socavando décadas de políticas de vacunación basadas en revisiones de datos rigurosas y aportes profesionales diversos.
La decisión más devastadora del panel se centró en las vacunas contra el COVID-19. Sus miembros votaron a favor de abandonar las recomendaciones universales en favor de una “toma de decisiones clínicas compartida”, un eufemismo que impone nuevas barreras entre los estadounidenses y vacunas que salvan vidas.
El comité recomendó la vacunación contra el COVID-19 únicamente para adultos mayores de 65 años, mientras que las personas más jóvenes deben ahora consultar con proveedores de salud sobre los “riesgos y beneficios”, transformando lo que era una prioridad de salud pública en una decisión individual. Esta es solo la más reciente de una larga serie de restricciones a la vacuna contra el COVID-19 que comenzaron bajo Biden, pero que se han intensificado drásticamente bajo el mando de Kennedy.
Las consecuencias en la vida real son graves. Millones de personas en Estados Unidos que dependen de Medicaid, Medicare y seguros privados enfrentarán nuevas barreras al acceso a vacunas, ya que las aseguradoras normalmente solo cubren aquellas recomendadas por el ACIP. El lenguaje debilitado del comité refleja una preferencia por consultas personalizadas que podrían terminar con personas siendo disuadidas de vacunarse basándose en riesgos percibidos en lugar de reales.
Estas restricciones coinciden con datos devastadores que confirman las consecuencias mortales de limitar el acceso a vacunas. Un estudio publicado el jueves en JAMA Network Open proyecta que el COVID-19 causará 814.000 hospitalizaciones y 54.000 muertes en Estados Unidos durante los próximos 12 meses. Recomendaciones universales de vacunación evitarían miles de hospitalizaciones y muertes en comparación con restringir las vacunas solo a grupos de alto riesgo. Específicamente, expandir las recomendaciones a todas las edades prevendría 28.000 hospitalizaciones adicionales y 2.000 muertes más que si se limita a grupos de alto riesgo.
El ataque del comité a las vacunaciones infantiles fue igualmente destructivo. El jueves, el panel votó a favor de dejar de recomendar la vacuna combinada MMRV (sarampión, paperas, rubéola y varicela) para niños menores de cuatro años, reemplazándola por vacunas separadas. Expertos en salud pública advierten que este cambio disminuirá la cobertura vacunal, generará mayores inconvenientes para las familias y abrirá brechas peligrosas en la inmunización, permitiendo el resurgimiento de patógenos previamente controlados entre menores vulnerables.
El panel canceló su votación planeada para retrasar la vacuna contra la hepatitis B desde el nacimiento hasta el primer mes de vida, y lo hizo solo tras presiones dentro de la administración Trump para evitar publicidad negativa. La dosis universal al nacer ha eliminado casi por completo la transmisión perinatal de hepatitis B, reduciendo los casos de hasta el 90 por ciento de bebés nacidos de madres infectadas a solo 13-17 casos por año en todo el país. Retrasar esta protección expondría a miles de recién nacidos a una infección crónica prevenible y a cáncer hepático.
La agenda anti-científica del comité quedó encarnada por varios nuevos miembros notorios del ACIP, quienes ya tienen más de 1 millón de muertes en su haber por diseminar desinformación antivacunas durante la pandemia. El presidente del comité, Martin Kulldorff, coautor de la letal “Declaración de Great Barrington” que abogaba por dejar que el COVID se propagara libremente, abrió la reunión desafiando a nueve exdirectores de los CDC a “un debate público en vivo conmigo acerca de las vacunas”, declarando que los científicos que no acepten estos espectáculos teatrales no son confiables.
Retsef Levi, quien dirige el grupo de trabajo sobre vacunas COVID del comité a pesar de ser profesor de administración de operaciones en el MIT y no tener formación en inmunología, ha llamado a las vacunas de ARNm “el producto más fracasado en la historia de los productos” y propone retirarlas completamente del mercado. Durante la sesión del viernes, Levi afirmó que los análisis de vacunas deberían evitar describirlas como “seguras y eficaces”, calificando ese lenguaje como “inapropiado o científico”. En un momento de su presentación, un micrófono captó a alguien murmurando “idiota”, reflejando el hartazgo de la comunidad científica ante el espectáculo pseudocientífico del comité.
Otros miembros del comité, como el doctor Wafik El-Deiry y la doctora Charlotte Kuperwasser, promovieron teorías desacreditadas sobre las vacunas de ARNm causando cáncer y defectos congénitos, a pesar de que miles de millones de dosis ya han sido administradas sin que exista ninguna evidencia que respalde tales afirmaciones. El miembro del comité Robert Malone, fanático notorio anti-ARNm, llegó a gritar al pediatra Cody Meissner: “No existe un correlato de protección establecido para el COVID. Punto. No digas lo contrario”.
Mientras El-Deiry y Kuperwasser hacen un escándalo por riesgos puramente teóricos de las vacunas contra el COVID, como la persistencia a largo plazo de la proteína spike o el impacto en el sistema inmunológico —repitiendo argumentos ya refutados en los círculos antivacunas—, no dijeron una sola palabra sobre el “evento masivo de discapacitación” que representa el COVID persistente y su impacto monumental en la población mundial y el bienestar a largo plazo.
El comité sistemáticamente excluyó a científicos de los CDC de presentar datos, reemplazó grupos de enlace tradicionales por aliados ideológicos y priorizó propaganda antivacunas no revisada por pares sobre investigaciones científicas revisadas. La doctora Sandra Fryhofer, de la Asociación Médica Estadounidense, condenó los procedimientos, señalando: “Nos preocupa cómo se están desarrollando las recomendaciones de vacunación con este nuevo panel, utilizando datos selectivos para respaldar conclusiones predefinidas”.
Las acciones del comité contrastan drásticamente con la abrumadora evidencia científica. Miles de millones de dosis de vacunas de ARNm se han administrado en todo el mundo, con perfiles de seguridad monitoreados rigurosamente por múltiples sistemas. Los efectos adversos graves son extremadamente raros y manejables, y los riesgos del COVID-19 superan con creces los de la vacunación. El consenso internacional de los CDC, la OMS y numerosos estudios revisados ha confirmado consistentemente la notable seguridad y eficacia de las vacunas de ARNm.
Aun así, el panel de Kennedy eligió la ideología sobre la evidencia. Datos de los CDC presentados en la reunión confirmaron que el riesgo de convulsión febril después de vacunas que contienen sarampión es menor de uno por cada 1.000 dosis, y que son eventos transitorios sin efectos duraderos. A pesar de eso, el comité votó por restringir el acceso a vacunas combinadas que han protegido a generaciones de niños.
Quizás más grave que estas votaciones fue la distorsión absoluta del proceso científico tras la disponibilidad pública de las vacunas a lo largo de más de un siglo. En particular, la afirmación de Retsef Levi de que las vacunas infantiles y otras no han pasado por ensayos con placebo a largo plazo distorsiona por completo la realidad de la investigación en vacunas y la supervisión de salud pública.
Décadas de ensayos rigurosos y vasta experiencia en el mundo real sostienen la seguridad y efectividad de las vacunas rutinarias, incluyendo múltiples estudios a gran escala con uso de placebos en vacunas contra la polio, sarampión, paperas, rubéola y otras. Ignorando esta evidencia, Levi ha promovido afirmaciones infundadas, especialmente contra las vacunas de ARNm, pese al consenso científico de que la vacunación reduce drásticamente las hospitalizaciones y muertes por enfermedades prevenibles.
En una violación adicional del precedente, la junta del ACIP ha limitado activamente la crítica externa y la participación durante sus reuniones. Se ha impedido a científicos de los CDC participar en las recomendaciones o revisarlas, y se han reemplazado o eliminado grupos de enlace y miembros con derecho a voto.
Las sesiones revelaron un comité guiado no por evidencias, sino por las ideologías personales de los designados por Kennedy. Al bloquear la crítica externa, limitar la aportación científica y sustituir la deliberación transparente con propaganda antivacunas, el ACIP de Kennedy representa una deriva fascista lejos de la salud pública basada en la ciencia.
Estos cambios de política afectarán desproporcionadamente a las familias trabajadoras que dependen de programas públicos de salud y coberturas de seguros para acceder a vacunas. Al dificultar el acceso y volver las vacunas más costosas e inaccesibles, la agenda de Kennedy constituye un ataque de clase que dejará a los sectores más vulnerables de la población expuestos a enfermedades y muertes evitables.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de septiembre de 2025)
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