Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:11
«Nota Informativa: Riesgos PS. 9 de noviembre de 2014. Información confidencial». El encabezado del documento que detalla la investigación parapolicial contra Pedro Sánchez, su familia y varios allegados políticos se compone de cinco páginas. Es el resumen de un trabajo de campo sin autorización judicial encargado hace 11 años desde la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, cuyo jefe era el comisario Eugenio Pino. Un agente jubilado que fue condenado en firme en febrero pasado a un año de prisión por el llamado ‘caso del pendrive de los Pujol’: la introducción de pruebas manipuladas en la causa judicial.
Según el informe aportado en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el empresario Javier Pérez Dolset, que está detrás de una asociación de afectados por las «cloacas del Estado», la orden a la DAO partió de la «superioridad». Una referencia al teórico conocimiento de estos hechos por parte de la cúpula del Ministerio de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy. «Los resultados obtenidos solo se comunicarán verbalmente a FM (en alusión al que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez), así como al coronel JP», prosigue el escrito, que admite la «premura» de los jefes por conseguir resultados.
El objetivo del operativo desplegado entre julio y noviembre de 2014 era conocer las debilidades personales y profesionales de Pedro Sánchez, entonces recién elegido secretario general del PSOE, para su uso político. «Un sujeto con inquietantes antecedentes de conducta que deberían valorarse», avisa el primer párrafo de la nota a la que ha tenido acceso este periódico, que define su carácter «trepa y arribista» para medrar en el partido, la «falta de escrúpulos» o ser «muy escurridizo».
Las raíces del informe contra Sánchez
La primera parte de la información recopilada se refiere al padre de la esposa del presidente del Gobierno, Sabiniano Gómez, y a sus hermanos, naturales del municipio leonés de Gordoncillo que emigraron a Madrid con «importantes medios económicos para iniciar proyectos relacionados aparentemente con la hostelería». A uno se le identifica por su «notoria actividad gay» y a otro por ser un «ultra radical».
Tiempo después la familia comenzó a adquirir locales en la capital. Uno estaba cerca de la entonces sede del Partido Socialista Madrileño. «Era muy frecuentado por homosexuales de izquierdas y se abrió con fines sexuales como sauna-prostíbulo», aunque la licencia era de «sauna-gimnasio». Sabiniano Gómez -fallecido- y un hermano, añade la investigación sobre Sánchez, eran «colaboradores» de varias unidades de la Guardia Civil, cuyos agentes usaban la información reportada sobre clientes «con tendencia política contraria a la unidad nacional para debilitar personalmente su problemática radicalidad».
La «nota informativa» auspiciada por la cúpula policial del momento, que se habría elaborado en el entorno del comisario jubilado José Manuel Villarejo según los audios grabados por éste -la pieza 34 de su causa en la Audiencia Nacional, que ha estado años bajo secreto, incluiría también los pormenores de estas pesquisas sin cobertura judicial-, identifica otros cinco locales similares en Madrid. Un negocio que les generó «ingresos muy cuantiosos», en especial en efectivo. Una circunstancia que les permitió adquirir viviendas «en las zonas más caras» de la ciudad o en Pozuelo de Alarcón.
«Deplorable uso partidista»
En este municipio Sabiniano compró un chalé donde, en el momento de los seguimientos en 2014, vivían los cuatro miembros de la familia del líder socialista. «Siendo habitual que tanto a ella (Begoña Gómez) como a sus hijas se les vea frecuentar los establecimientos de la zona y en especial los cines Kinépolis, donde son asiduas a las primeras sesiones de tarde de cualquier día laborable», recoge la nota, confirmando que también hubo vigilancias físicas.
El informe se hace eco, además, de que fuentes verbales «aún por confirmar» habían contado que muchos de los jóvenes «que se prostituyen en las saunas gais son menores extranjeros o del magreb, fundamentalmente marroquíes, quienes perciben el 50% de lo que generan». Y añade que esas mismas fuentes aseguran la «plena implicación» de Sánchez y de Gómez en el negocio familiar, hasta el extremo de encargarse de recoger a primera hora de la mañana el efectivo recolectado el día anterior en cada sauna. «Otras fuentes sin embargo se han referido que fue BG (Begoña Gómez) quien suele frecuentar los establecimientos sola o junto a su hermano», de quien investigaron también su historial laboral en diferentes medios audiovisuales.
A petición del PSOE, la Justicia ya se pronunció en el ‘caso Villarejo’ sobre la difusión en medios de comunicación de audios del comisario hablando de los negocios del suegro de Sánchez. Una sala de la Audiencia Nacional desestimó en junio de 2024 la existencia de un delito de revelación de secretos porque no se pudo probar quién filtró esas grabaciones con el número dos de Interior con el PP, Francisco Martínez, a quien le piden 15 años de prisión por su papel en otro operativo ilegal puesto en marcha en aquella época: la ‘operación Kitchen’, el espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas y su familia para recuperar información sensible en su poder sobre la ‘caja B’ del partido.
Pero en esta resolución los tres magistrados aseguraron que aquellos locales del suegro de Sánchez eran una «actividad privada lícita»: saunas como clubes de intercambio de parejas y no locales donde se ejerciera la trata o se obligara a ejercer la prostitución. También recriminaron la «deplorable utilización partidista» de estas informaciones, que no obstante siguen siendo usadas en la actualidad por la oposición para atacar al presidente del Gobierno.
Comenta
Reporta un error