A buen seguro, raro será el día en que no piensen en lo ocurrido aquel 17 de enero de 2019. Fue el día en el que acudieron a una protesta convocada a través de las redes sociales contra un mitin de Vox que después degeneró en una serie de disturbios que se saldaron con tres contenedores quemados, cinco coches dañados y seis policías lesionados, y por los que fueron detenidos, acusados y condenados. Al grupo se le conoce como ‘Los 6 de Zaragoza’ porque estaba compuesto por dos menores de edad y cuatro adultos, que a pesar de toda la lucha y movilización de su entorno, en abril de 2024 entraron en prisión. Situación a la que se ha puesto fin este martes, 23 de septiembre para dos de ellos, Adrián L. R. y Javier A. V., Javitxu, a los que el Consejo de Ministros ha concedido el indulto. Sigue la lucha, según informa su plataforma de apoyo, para que se tome la misma medida en favor de Antonio Daniel L. D. e Imad M. B.
Todos ellos siempre han reconocido que estuvieron en la manifestación, pero han negado que tuviesen nada que ver con las agresiones. Dicen que no se conocían de antes, pero desde entonces comparten una misma lucha, defender su inocencia. Primero agotaron todas las vías para evitar la condena o que al menos esta fuese lo menos gravosa para ellos posible y desde que ingresaron en la cárcel han perseguido el indulto o, al menos, el tercer grado.
Primero, la Audiencia Provincial de Zaragoza les castigó con 6 años de prisión. Después, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón elevó la pena a 7 años y por último, en febrero del año pasado, el Tribunal Supremo fijó la condena en 4 años y 9 meses para cada uno. Previamente, a los dos menores involucrados se les había impuesto una multa y un año de libertad vigilada.
Durante el juicio se presentaron grabaciones de cámaras de vigilancia que recogían la quema de contenedores y el lanzamientos de piedras contra los antidisturbios, actos protagonizados por jóvenes encapuchados. Sus abogados argumentaron que no era posible identificarlos ni individualizar la conducta de cada uno. Sin embargo, el Supremo desestimó este planteamiento y consideró que los hechos fueron cometidos por “coautoría”. Tras conocer el último fallo comenzó la campaña para pedir el indulto. La petición se presentó en el Ministerio de Justicia formalmente el 2 de abril de 2024.
Tras prorrogar lo máximo posible el momento de entrar en prisión, los dos primeros que ingresaron fueron Imad M. B. y Adrián L. R. Después lo hizo Antonio L. D. y, por último, Javitxu, que estaba pendiente de un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. La opción por la que optaron todos fue la de presentarse en el Centro de Inserción Social Las Trece Rosas para solicitar el tercer grado, lo que les hubiese permitido, por ejemplo, salir a trabajar durante el día y acudir allí a pernoctar. Sin embargo, las peticiones no prosperaron y fueron llevados a la cárcel.
Entre octubre y noviembre, cuando se cumplieron los seis primeros meses de condena, volvieron a requerir el tercer grado y después volvieron a repetir. Según su entorno, la mayoría están “fuertes dentro de las circunstancias”, aunque alertan que a uno de ellos se le han detectado problemas de salud mental”.
Fuera de la cárcel las acciones diversas solicitando su puesta en libertad han sido constantes durante todo este tiempo. Entre otras, incluyó una cadena humana por el centro de Zaragoza el pasado 29 de marzo. También hubo una jornada musical solidaria en el CSO La Fábrika y se participó en la ‘Marcha contra la macrocárcel de Zuera’. El pasado 12 de abril más de mil personas exigieron el indulto en la capital aragonesa.
Además, más de 60 colectivos sociales, sindicatos y organizaciones han rubricado un manifiesto en favor de los encarcelados. “Se trata de una persecución política disfrazada de proceso policial, en la que se castiga el activismo y se intenta sembrar el miedo entre quienes se organizan y protestan”, se apunta en el texto.