Mali, Burkina Faso y Níger han anunciado su retirada de la Corte Penal Internacional (CPI). Estos tres países del África occidental, gobernados por militares, han tachado al tribunal de ser «una herramienta de represión neocolonial en manos del imperialismo» y lo han acusado de estar «al servicio de potencias occidentales contra los países africanos». También han calificado a la CPI como «un ejemplo mundial de una justicia selectiva» y han asegurado que su decisión es «de efecto inmediato».
El anuncio, publicado en un comunicado conjunto el lunes, es el último ejemplo de la inestabilidad diplomática en la región del Sahel, tras ocho golpes de Estado ocurridos entre 2020 y 2023.
Los tres países ya se separaron del bloque regional de África Occidental, la CEDEAO, y formaron la Alianza de los Estados del Sahel. También han restringido la cooperación en materia de defensa con las potencias occidentales y han buscado estrechar lazos con Rusia.
Consideran que la CPI es incapaz de procesar diversos crímenes
Tras más de veinte años siendo miembros de la CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), Mali, Burkina Faso y Níger han señalado que consideraban que el tribunal era incapaz de procesar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, crímenes de agresión y genocidio. En el comunicado, sin embargo, no han especificado ejemplos de casos en los que creían que la CPI había incumplido sus obligaciones.
Durante una reunión realizada el 15 de septiembre de los ministros de Justicia de la Alianza de Estados del Sahel (AES) en Niamey, capital de Níger, el primer ministro interino del país, Mohamed Youmba, acusó al CPI de estar «exclusivamente orientado hacia los países africanos y sus dirigentes». El responsable nigerino reprochó al tribunal no interesarse por investigar o juzgar crímenes cometidos en países occidentales.
Varios observadores creen que la decisión de los tres líderes golpistas supone una manera de alejarse de un instrumento que podría constituir un riesgo para ellos. El exministro de Justicia maliense Mamadou Ismaila Konaté cuestionó la implicaciones negativas que podría tener la decisión de los países de la AES en materia de justicia internacional y el riesgo de impunidad que esta medida conlleva.
En un mensaje publicado en su cuenta en X, Ismaila Konaté se preguntó: «¿Dónde se juzgarán los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, los actos de genocidio y otras graves violaciones del derecho internacional que puedan cometerse en su territorio, incluso por ellos mismos, como dirigentes?».
Creación de una corte penal regional
Como alternativa al CPI, los tres países han manifestado su intención de crear «la corte penal del Sahel y de derechos humanos», una jurisdicción regional para tratar los crímenes internacionales y que afectan a su zona.
El primer ministro interino de Níger anunció que los tres países prevén crear una «prisión de alta seguridad» que, según él, servirá para «liberar» a los tres países de la AES «del recurso a las instancias jurisdiccionales internacionales».
Estos tres países luchan contra grupos militantes islamistas que controlan amplias extensiones de territorio y que han perpetrado frecuentes ataques contra instalaciones militares este año.
La ONG Human Rights Watch y otras organizaciones han acusado a los militantes, así como a los Ejércitos y fuerzas aliadas de Burkina Faso y Mali, de posibles crímenes atroces. En abril, expertos de las Naciones Unidas afirmaron que la presunta ejecución sumaria de varias docenas de civiles por parte de las fuerzas malienses podría constituir crímenes de guerra.
La CPI mantiene una investigación abierta en Mali desde 2013 por presuntos crímenes de guerra cometidos principalmente en las regiones septentrionales de Gao, Tombuctú y Kidal, que habían caído bajo control de los militantes. Ese mismo año, Francia —antigua potencia colonial de Mali— intervino en el país para repeler a los insurgentes.