Los madrileños tienen que convivir a diario con centenares de normas que regulan cualquier actividad y que, a menudo, convierten un trámite ordinario en una odisea administrativa. Los datos impresionan: según el Banco de España, desde la democracia se han generado más de 400. … 000 normas nuevas en España. La Comunidad de Madrid es la región con menor volumen normativo: 390 normas anuales frente a las 770 de Cataluña. Toda una maraña legal y burocrática a la que el Gobierno de Ayuso ha declarado la «guerra total» para reducir de forma drástica la hiperregulación.
La Comunidad puso en marcha hace cuatro años una línea abierta contra la hiperregulación y que se ha convertido «en la mayor operación de desregulación de España», según destacan desde la Consejería de Economía, que dirige Rocío Albert. A partir de esa línea abierta, se han adoptado más de 540 medidas, de las cuales casi 200 se han activado en los últimos doce meses para reducir, entre otras cuestiones, las trabas administrativas y el papeleo innecesario en diversos sectores.
La presidenta regional acaba de anunciar una ley integral «para poner fecha de caducidad a las normativas» y tratar de reducir así esa maraña legal. Esta futura ley servirá para simplificar y suprimir normas existentes que sean obsoletas, innecesarias o contradictorias y obligará a hacer revisiones cada dos años sobre toda la normativa autonómica. El objetivo es eliminar duplicidades y la legislación que puede ser prescindible para favorecer la inversión y la actividad empresarial.
Dentro de esa campaña desreguladora que ha puesto en marcha el Gobierno de Ayuso destacan las modificaciones de la ley del Suelo, que han permitido, según destacan en al Comunidad, que los plazos de tramitación del planeamiento se hayan reducido significativamente, «que la obtención de licencias sea más sencilla y se haya incrementado la edificabilidad». Además, se ha habilitado de forma temporal la construcción de vivienda asequible en régimen de alquiler en parcelas de uso terciario.
En el sector energético, se han reducido burocracia y duplicidades. Así, la extensión de la declaración responsable permite instalar sistemas de energía renovable y puntos de recarga eléctrica sin el proceso burocrático anterior. Además, los procedimientos de evaluación ambiental estratégica y de impacto ambiental ahora se tramitan simultáneamente, al suprimirse duplicidades innecesarias. Todas estas medidas facilitan la implantación de centros de datos, un sector estratégico para la Comunidad de Madrid por su potencial para la atracción de inversión.
En el Gobierno de Ayuso también ha querido eliminar cargas burocráticas significativas en el ámbito tributario. Por ejemplo, las donaciones menores de mil euros ya no requieren declaración, y las que no superen los 10.000 euros no necesitan documento público. Para los inquilinos, se ha suprimido la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre alquiler de vivienda habitual.
De las 541 medidas contra el desorden normativo que se han tomado hasta ahora, el 20 por ciento se han tomado en la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Le sigue Medio Ambiente, Agricultura e Interior, con un 19 por ciento, y Familia, Juventud y Asuntos Sociales, con un 17 por ciento.
«Lo que comenzó como una línea telefónica para recoger quejas burocráticas se ha convertido en la mayor operación de desregulación de España», destacan fuentes de Economía. «La iniciativa madrileña demuestra que es posible mantener las garantías jurídicas mientras se elimina la maraña de normas obsoletas que obstaculizan el desarrollo económico», argumentan.