El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Castellón ha condenado al concejal de Vox en el Ayuntamiento de Benicàssim, Enrique Mulet, como autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género.
La sentencia, dictada en conformidad y firme, considera probado que el 31 de agosto de 2025, en el domicilio familiar, tras una discusión, Mulet empujó a su esposa “con idea de menoscabar la integridad física de aquélla”, sin que conste lesión acreditada.
El fallo le impone 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 16 meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y la prohibición durante 16 meses de aproximarse a menos de 300 metros de su esposa o comunicarse con ella por cualquier medio. También deberá pagar las costas procesales.
El concejal entregará el acta
Tras conocerse la resolución, Vox ha informado de que Mulet entregará su acta “en las próximas horas para evitar que su situación personal afecte a la labor institucional del grupo municipal”. Según el comunicado del partido, el responsable provincial de Intermunicipal indicó que “atendiendo tanto a la responsabilidad institucional como al compromiso ético que mantenemos con la ciudadanía, le solicitamos formalmente la entrega de su acta para preservar la imagen del partido y garantizar la confianza de los vecinos”.
Llanos Massó, presidenta de Les Corts Valencianes y líder de Vox en la provincia de Castellón, ha declarado que “una vez conocida la noticia que ha aparecido hoy sobre el concejal en Benicàssim, nos hemos puesto en contacto con él y él voluntariamente nos ha dicho que va a entregar el acta para no perjudicar la labor de Vox en las instituciones”. Massó ha subrayado que “queremos que quede claro que desde Vox condenamos todo tipo de violencia, venga de donde venga, y por tanto íbamos a pedirle el acta a este concejal” y que “como siempre hacemos, Vox abrirá un expediente interno en el Comité de Garantías para dilucidar cuál es la situación de este concejal”.
El partido ha reiterado que “la ejemplaridad de los cargos públicos está por encima de cualquier consideración personal” y mantiene una posición de “tolerancia cero frente a la violencia, inequívoca y no negociable porque la dignidad de las instituciones y la confianza de los votantes deben quedar siempre protegidas”.