En 2024 una noticia sorprendía a la ciudadanía de Cantabria: la Consejería de Presidencia anunciaba ayudas directas para organizar eventos taurinos en localidades “en riesgo de despoblación”, precisamente con esa justificación: que la tauromaquia ayudaba a fijar nuevas y nuevos pobladores en pequeños municipios.
Ese mismo año resolvía la primera convocatoria de subvenciones, unos 42.000 euros, para un selectísimo grupo de localidades, que financiaría la organización de corridas, novilladas, encierros o sueltas de vaquillas. La convocatoria permitía incluso pagar gastos de propaganda e imprenta. Un todo incluido de manual.
Un año después se volvía a anunciar la polémica convocatoria y el argumentario del PP de Cantabria, que gobierna la Comunidad con no pocas manitas de la ultraderecha, había cambiado. Ahora ya no era “fijar población”, se trataba de “dar a conocer” los pueblos con una corrida de toros. Sí, miles de euros para una actividad de menos de dos horas contribuía a situar Rasines, Molledo o Bárcena de Pie de Concha. Tremendo.
La estrategia es clara: promocionar artificialmente la tauromaquia en el rural cántabro con dinero público, a pesar del desinterés de la ciudadanía por estas prácticas y del rechazo mayoritario de la sociedad al maltrato animal institucionalizado como actividad de ocio.
Sin embargo, la iniciativa de estas “paguitas” municipales tiene otra derivada: la de promover la participación de personas menores de edad. En la práctica totalidad de los festejos taurinos subvencionados en 2024 y 2025 por el Gobierno de Cantabria se han incorporado promociones, ofertas e incluso el acceso gratuito de bebés, de niñas, de niños o de adolescentes. Precios más bajos para que cualquier adulto introduzca a su hijo, a su sobrina o a su nieto en la violencia de la tauromaquia.
Hace poco, Fundación Franz Weber denunciaba las promociones para menores en la “suelta de vaquillas” de Pisueña y presentaba una denuncia administrativa por la suelta de un becerrito ensogado entre unos pocos niños y niñas en La Edilla, en el municipio de Rasines, por ser un espectáculo radicalmente ilegal. También Federación DEAN solicitaba documentación sobre los permisos otorgados a actividades similares en otros municipios en progresiva despoblación.
Todo configura un leit motiv muy claro, que no es otro que buscar a la desesperada y con fuerte soporte institucional el relevo de la tauromaquia.
A ello podemos sumar la ciudad de Santander, cuya alcaldesa, Gema Igual, lleva años con una bochornosa promoción de todo lo que huela a sangre de toro. Ha promocionado la feria taurina con desplazamientos a municipios de otras comunidades autónomas, una colección de cromos taurinos de dudoso interés público, ha cedido la plaza de toros pública a una escuela taurina prácticamente sin inscritos y con domicilio fiscal en Palencia, ha duplicado la aportación a la sociedad que administra esta plaza, hasta los 70.000 euros anuales… Y todo ello animando a que los y las más pequeñas de la casa vean cómo se maltrata a un toro o un novillo hasta la muerte.
Mientras los grupos más vulnerables, en efervescente desarrollo moral e intelectual, todavía tienen problemas para el acceso digno a su pediatra en el pueblo, a disponer de instalaciones deportivas y educativas en buen estado, o a una programación cultural y festiva de calidad, la estrategia cántabra trazada por PP, Vox y en no pocas ocasiones el Partido Regionalista, fomenta la violencia y la mutilación de animales como alternativa de ocio.