La mujer del presidente de Gobierno, Begoña Gómez, comparece por quinta vez este sábado ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la investigación por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la designación de su asesora en la Moncloa. Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, acuden ante el magistrado para «concretar» su imputación tras el auto en el que este proponía llevar a la investigada a juicio con jurado popular en el caso de que los procesados lleguen a sentarse en el banquillo.
El nombramiento de Álvarez como asesora, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid en una pieza separada, es una de las líneas de investigación en la causa contra Begoña Gómez, junto a las presuntas irregularidades en las adjudicaciones públicas al grupo empresarial de Juan Carlos Barrabés, por las que se acusa a la mujer de Sánchez de tráfico de influencias y corrupción, el presunto intrusismo profesional en la cátedra y el máster que codirigía en la Universidad Complutense, y la presunta apropiación indebida del software de dicha cátedra.
Sánchez y su mujer presentaron sendas querellas contra el juez Peinado por un presunto delito de prevaricación que fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al igual que la primera, interpuesta por el periodista Máximo Pradera contra Peinado, por revelación de secretos al informar sobre la causa abierta a raíz de una denuncia de Manos Limpias.
La primera investigación: las adjudicaciones a empresas de Barrabés
El juez Peinado inició la investigación a Begoña Gómez el 16 de abril de 2024 a raíz de una denuncia del seudosindicato Manos Limpias —ligado a la ultraderecha— por un presunto delito de corrupción y tráfico de influencias. El propósito de las diligencias contra la mujer de Pedro Sánchez era investigar presuntas irregularidades en la adjudicación por parte del ente público Red.es de contratos sufragados con fondos europeos a Innova Next, empresa propiedad de Barrabés, que ha dado clases en un máster en la Universidad Complutense que codirigía la mujer de Pedro Sánchez.
Solo unos días después de que saltara el caso, Manos Limpias reconoció que su denuncia se fundamentaba en informaciones publicadas en los medios de comunicación y que era el juez quien debe determinar si son ciertas. En total, ocho noticias según las cuales Gómez habría firmado cartas de recomendación para la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley de la que era accionista el empresario Carlos Barrabés, a quien Manos Limpias señala como beneficiario de las «recomendaciones o avales» de Gómez. Esta empresa resultó adjudicataria de licitaciones por valor de más de 11 millones de euros, según publicaba El Confidencial.
Pedro Sánchez llegó a anunciar que cancelaba su agenda durante cuatro días para «reflexionar» sobre si debía continuar al frente del Ejecutivo ante el «ataque sin precedentes» contra su esposa, tras los cuales anunció su decisión de seguir adelante y, tres meses después, se produjo un hecho inédito en la historia de la democracia en España: el juez Peinado se trasladó a la Moncloa para tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno que se acogió a su derecho a no declarar.
En el marco de estas pesquisas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió al juez un informe sobre seis contratos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés que concluía que se tramitaron «con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública» y que el empresario logró el contrato con Red.es al obtener la mayor puntuación entre las empresas licitadoras.
La cátedra de la Complutense
La actividad de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, como codirectora de la cátedra extraordinaria sobre Transformación Social Competitiva cuyo convenio terminó el pasado noviembre, es otra de las líneas de investigación que el juez Peinado mantiene para averiguar si hubo trato de favor en la creación de la citada cátedra y en la decisión de situar al frente a Gómez.
En su última providencia, el magistrado ha pedido a la UCO analizar los correos electrónicos del que fuera vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, intercambiados con la asesora en la Moncloa de Gómez, Cristina Álvarez, así como otros documentos de la cátedra que dirigía la esposa del presidente, para que «proceda al análisis de los mismos y emita el correspondiente informe«.
En su declaración ante el juez, la asesora de Begoña Gómez negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en 2020. Y negó haberse servido de su cargo en favor propio o de terceros.
También el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, defendió ante el juez en su declaración como investigado por un delito de tráfico de influencias que no hubo ninguna irregularidad respecto a la creación de la cátedra que codirigía la mujer de Sánchez y negó que él hubiera dado orden para que ella la codirigiese.
Dos nuevos delitos: intrusismo y apropiación indebida
En octubre, el juez imputó a Begoña Gómez dos nuevos delitos en la investigación sobre la cátedra que codirigía en la Complutense, apropiación indebida e intrusismo profesional, que se sumaron a los que ya tenía por tráfico de influencias y corrupción.
En el auto en el que decidió ampliar la investigación admitía a trámite una querella de la organización ultracatólica Hazteoír, que en un primer momento había recaído en otro juzgado, el 48. Al mismo tiempo rechazaba investigar a Gómez por administración desleal y malversación como también sostenía dicha organización.
El instructor vio pertinente investigarla por un presunto delito de intrusismo profesional porque habría elaborado los pliegos de prescripciones técnicas para la contratación —por parte del Rectorado de la Complutense— del servicio de asistencia y asesoría técnica y tecnológica para la creación de una plataforma de gestión y medición de impacto para la pequeña y mediana empresa en dicha Universidad.
En cuanto al delito de apropiación indebida el juez Peinado concluye que la esposa del presidente del Gobierno —durante su etapa como codirectora de la cátedra de Transformación Social Competitiva— «habría inscrito a su favor» la marca TSC Transformación Social Competitiva y, posteriormente, el software de la cátedra que había sido financiado por empresas, pero «siempre para la UCM».
Ante la sospecha de que la investigada se habría apropiado del software, el juez citó a declarar como testigos a los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica, para interrogarles sobre sus inversiones. El representante legal de Telefónica aseguró que la esposa del presidente del Gobierno contactó con el empresario y accionista de la empresa Rosauro Varo para que mediara y consiguiera que la compañía participase en el desarrollo de un software de la Complutense, mientras que el expresidente de Indra, Marc Murtra, aseguró que había recibido a Gómez por protocolo institucional y precisó que no había hablado con ella sobre la inversión en el software que se investiga.
Las fuentes consultadas precisaron que en su declaración el representante legal de Telefónica había relatado que la propia Begoña Gómez llamó por teléfono a Varo para conseguir apoyos de Telefónica para el desarrollo del programa informático de la cátedra Transformación Social Competitiva de la Complutense.
La última línea del caso: su asesora en la Moncloa
La línea de investigación más reciente iniciada del juez Peinado a Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, ha motivado la nueva comparecencia de Begoña Gómez por el nombramiento de la asesora de la Moncloa Cristina Álvarez. También se encuentra imputada Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Martín Aguirre se convirtió en el sexto investigado en la causa tras la propia mujer del presidente del Gobierno, su asesora, el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el directivo del Instituto de Empresa (IE), Juan José Güemes, aunque para los dos últimos levantó la imputación unos meses más tarde.
En una de las pruebas testificales de esta investigación, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que declaró en la Moncloa durante casi tres horas, aseguró ante el juez Peinado que él no había participado en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, pero consideraba que dicha contratación había sido conforme a la ley.
Las comparecencias de Begoña Gómez ante el juez
La de este sábado es la quinta comparecencia de la esposa de Pedro Sánchez ante el juez Peinado a raíz de la investigación del juez instructor iniciada hace casi un año y medio. En las dos primeras citaciones, el 5 y el 19 de julio de 2024 por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Gómez se acogió a su derecho a no declarar por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a empresas del grupo Barrabés.
La tercera ocasión en que fue citada por el juez, el 18 de diciembre de 2024, Gómez negó en una declaración de 35 minutos cualquier irregularidad en la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense y rechazó que se hubiera apropiado del software y que hubiera sido contratada por ser la esposa del presidente del Gobierno.
Las acusaciones populares —que ejercen Hazte Oír, Iustitia Europa y Vox— criticaron que la esposa del presidente del Gobierno solo contestara a su abogado. «Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido», dijo el letrado de Hazte Oír tras el interrogatorio.
El pasado 10 de septiembre, la última vez que la mujer de Pedro Sánchez compareció ante Peinado por el nombramiento de su asesora, aseguró que su asistente solo la ayudó de manera «puntual» en gestiones personales; que estaba en copia en todos sus correos; y que conocía su agenda para poder coordinar y cuadrar los eventos y actos a los que asistía. En alguna ocasión excepcional, según declaró, le pidió ayuda puntual con algún mensaje, dada la relación personal de confianza y «de amistad». Por su parte, Cristina Álvarez, que también estaba citada, se acogió a su derecho a no declarar.
La Audiencia Provincial de Madrid acordó el pasado mes de octubre que Peinado siguiera adelante con la investigación a Begoña Gómez, pero le ordenó que la acotara dejando fuera algunos hechos sobre los que consideró que no había «contenido incriminatorio», como el rescate público de Globalia en 2020.
El juez dejó sin efecto el pasado mayo la solicitud de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sobre el rescate a Air Europa y archivó, en cumplimiento del auto de la Audiencia de Madrid, la causa contra el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y el directivo del Instituto de Empresa Juan José Güemes, levantando así la imputación contra ambos.