La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a 18 personas y han investigado 14 más para formar parte de una organización criminal dedicada a introducir carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de Murcia, Almería, Alicante y Valencia. La gasolina, procedente de Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania, se mezclaba con otros componentes y se declaraba como aceite y lubricante para eludir regulaciones y el pago de impuestos. La investigación arrancó en 2023 a raíz de quejas vecinales en Murcia y ha permitido destapar un entramado formado por una cuarentena de empresas, algunas de ellas establecidas en Catalunya.
La investigación empezó en 2023, cuando vecinos de la localidad de La Hoya del Campo, en Abarán (Murcia), denunciaron el tráfico constante de camiones cisterna en una nave sospechosa. Allí, los agentes localizaron un gasocentro irregular, donde intervinieron más de 70.000 litros de gasóleo, maquinaria y depósitos. El combustible decomisado era una mezcla de gasóleo con otros componentes añadidos que alteraban las propiedades del carburante original para evitar el pago de impuestos. Además del gasóleo adulterado, se encontró triacetina, una sustancia no permitida en carburantes para automoción según las normativas vigentes. Las siguientes actuaciones permitieron localizar dos gasocentros más en los municipios de Abanilla (Murcia) y Silla (Valencia).
Combustible camuflado como lubricante para defraudar a Hacienda
Los investigadores descubrieron que estos combustibles fraudulentos provenían de países del este de Europa como Letonia, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Lituania. Para evitar los controles, los cargamentos eran declarados como aceites y lubricantes, no como gasóleo, para eludir el Impuesto Especial de Hidrocarburos, así como el IVA, el Impuesto de Sociedades y otras obligaciones fiscales. Esta actividad supone no sólo una grave pérdida para las haciendas públicas de los estados miembros de la Unión Europea, sino también una competencia desleal para el sector legal del carburante. Al mismo tiempo, implica riesgos ambientales y para la salud pública, dado que los gases derivados de la combustión de estos productos pueden ser altamente contaminantes y su almacenaje irregular incrementa el riesgo de vertidos o daños mecánicos en los vehículos de los consumidores.
Empresas fantasma y testaferros
La operación, desarrollada durante dos años, ha permitido identificar la red empresarial fantasma a través de la cual operaba a la organización. Muchas de las sociedades estaban a nombre de testaferros, a menudo personas en situación económica precaria que cedían sus datos a cambio de dinero para abrir empresas y cuentas bancarias. Entre los implicados hay ciudadanos ucranianos, letones, franceses y españoles.
Durante la investigación, un total de 40 empresas asentadas en Murcia, Almería, Alicante, Albacete, Barcelona, Valencia, Madrid, Girona, Lleida y Tarragona han sido relacionadas con el entramado delictivo. A lo largo de la operación, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores del Área de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Murcia han inspeccionado un total de once estaciones de servicio y empresas.
Uno de los detenidos más destacados es un conductor de camiones imputado por 26 delitos contra la seguridad vial, por haber circulado con mercancías peligrosas sin tener el permiso de conducir vigente. Los miembros de la red se enfrentan a delitos de estafa, falsedad documental, contra la hacienda pública, contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, contra la seguridad vial y pertenencia a organización criminal. La investigación se mantiene abierta y no se descartan más detenciones en las próximas semanas.