Madrid
El juez que investiga la actividad profesional de Begoña Gómez ha convocado a las partes este sábado para comunicarles que la pieza separada por un presunto delito de malversación cometido por la contratación de una asistente en Moncloa para la mujer del presidente pasa ahora a la ley del jurado. En caso de juicio, se celebrará ante un tribunal popular. Juan Carlos Peinado considera que Cristina Álvarez cobraba un sueldo público por trabajar para las actividades privadas de Begoña Gómez. El juez había convocado a todos los investigados, pero han renunciado a acudir y han dejado su defensa en manos de sus abogados. El acto ha transcurrido con «total normalidad», según acusaciones y defensas, a pesar de la ausencia de Begoña Gómez, Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.
Las partes han fijado posición en la audiencia. La Fiscalía ha reclamado el archivo de la causa y lo ha hecho después de revisar la última prueba que se ha aportado y que, según el juez, supone indicios sólidos y fundados del delito de malversación. Se trata, según fuentes fiscales, de 121 correos electrónicos en los que figura Cristina Álvarez y que se cruzó con el exvicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio. Siempre, según las fuentes, en esas comunicaciones hablan de la cátedra que codirigía la mujer del presidente del Gobierno, pero no se trata de hechos constitutivos de delito y mucho menos del de malversación.
Antonio Camacho pide la nulidad del acto
La defensa de Begoña Gómez ha pedido el archivo de esta rama de la causa no hay delito y su clienta nunca pudo cometer la malversación porque no nombró a su asistente ni autorizó el pago de su salario. Además, ha denunciado la nulidad del acto porque se ha celebrado sin que las partes pudieran haber examinado los correos electrónicos del exvicerrector de la Universidad Complutense. Se trata, ha subrayado, de una «vulneración evidente del derecho de defensa».
En su intervención, según fuentes jurídicas, ha defendido también la inocencia de otro de los investigados, el delegado del Gobierno en Madrid. Francisco Martín estuvo al frente de la Secretaría General de la Presidencia, después de que se nombrara a Cristina Álvarez. Camacho ha dicho que Martín «ni participó en el nombramiento, ni controlaba ese puesto porque no depende del secretario general y además no le pagaba ninguna retribución». Por eso, la imputación en este caso «es lo mismo de ridículo que las anteriores, pero con una intensidad especial». «El derecho penal nunca puede caer en el absurdo de una interpretación extensiva, irracional, impropia de un Estado de derecho o de una configuración adecuada de los derechos que corresponden a los ciudadanos», ha concluido. Por su parte, el abogado del Estado, en representación de Francisco Martín, y la defensa de Cristina Álvarez también han pedido el archivo porque los hechos no son constitutivos de delito.
Las acusaciones piden diligencias
Las acusaciones populares quieren mantener abierta esta investigación y reclaman nuevas diligencias. Entre ellas, que vuelvan a declarar el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia. Consideran «imprescindible» el testimonio de Pedro Sánchez, que ya se acogió a su derecho a no declarar en la primera citación, para, dicen, «conocer el grado de supervisión, consentimiento o tolerancia que tuvo de las actividades de Cristina Álvarez y de la desviación sistemática de recursos del Gobierno para fines privados». También piden que declare la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno. Ahora las partes tienen cinco días para poner por escrito las conclusiones que han puesto sobre la mesa en el juzgado. Cuando esto ocurra, Juan Carlos Peinado dictará el auto en el que decidirá si continúa con la investigación, si la archiva o si la manda a juicio.
Las contradicciones de Peinado
Peinado abrió esta pieza separada el pasado mes de marzo y trató de escalar hasta Moncloa. Imputó en mayo a Francisco Martín y descartó hacerlo con Begoña Gómez y su asesora porque, dijo, no pudieron cometer este delito. Llamó como testigo a Bolaños y elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo que fue rechazada porque no había «el más mínimo indicio probatorio». Entonces cambió de estrategia y el pasado mes de agosto imputó a la mujer del presidente y a su asistente.