Aunque la Diputación de Gipuzkoa fue alertada en marzo, el udaleku volvió a celebrarse el pasado agosto
28 sep 2025 . Actualizado a las 17:07 h.
Todos los sistemas de control parecen haber fallado en el caso del polémico udaleku de Bernedo, cuyos monitores presuntamente obligaban a los menores participantes a ducharse desnudos (chicas y chicos juntos) con ellos, chuparles los pies, escuchar insinuaciones sexuales, abrazarles semidesnudos o mostrar sus nalgas para recibir comida.
Unas prácticas, destapadas por EL CORREO esta semana, pero que ya fueron denunciadas medio año antes de celebrarse las colonias de este verano y que la Ertzaintza investiga desde entonces en calidad de «agresiones sexuales a menores», según ha podido confirmar este periódico.
Con esta nueva revelación, el caso no solo pone bajo sospecha a los monitores señalados, sino también al propio sistema de protección de menores porque de haber funcionado, el campamento no se habría desarrollado este verano, al menos con las actividades denunciadas.
Según confirman fuentes policiales inmersas en la investigación aún abierta, la Ertzaintza conocía desde el 22 de enero que algo iba mal en ese enclave lúdico de la Montaña Alavesa. Esa mañana, desde la comisaría de Urola Kosta, en Zarautz, se abrió un atestado por las posibles «agresiones sexuales» a, al menos, «tres menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa» participantes en esas colonias «entre 2021 y 2024». Ese expediente sigue vigente a día de hoy.
Cuatro meses antes de la denuncia, concretamente en septiembre de 2024, varios de esos menores contaron a sus monitores forales lo vivido en Bernedo. Tras meditarlo mucho, dos educadoras dieron la voz de alarma en la comisaría de Zarautz. Testificaron los días 28 y 29 de enero t ambas informaron de posibles delitos por parte de algunos monitores.
Contaron, por ejemplo, que una adolescente vulnerable a su cargo reveló que «tuvo que chupar el dedo gordo del pie» a uno de esos adultos. Se da la circunstancia de que esta chica había sufrido graves ataques sexuales en el pasado, por lo que la orden en el campamento tuvo un impacto más traumático si cabe.
Posteriormente, declaró uno de esos adolescentes afectados. Este joven, entonces de 15 años, básicamente corroboró que las posibles prácticas sexualizadas eran una constante. «Nos hablaban de que si eran homosexuales o incluso parejas mixtas y me preguntaban que a mí qué me gustaba», dijo a los ertzainas. Entre otras confesiones explicó a su vez que «hubo un chico que no quería desnudarse para ducharse y la monitora le bajó los calzoncillos».
El aviso desde Zarautz
El 3 de marzo, desde la comisaría de Zarautz solicitaron colaboración al área de Menores de la Diputación de Gipuzkoa. En un correo oficial al que ha tenido acceso EL CORREO, la jefatura les informó de «las diligencias abiertas por posible delito de agresión sexual a menores (tutelados) en las que se está investigando las conductas mantenidas por parte de los monitores de los campamentos de verano Euskal Udalekuak».
En el cuestionario policial de cuatro preguntas se solicitó «si la Diputación tiene constancia de algún hecho y cómo ha actuado tras este conocimiento». En ese momento, las pesquisas apuntaban también a los udalekus de las localidades navarras de Abaigar y Goñi, que posteriormente quedarían fuera del atestado.
Al parecer, entre las medidas que adoptó la Diputación gipuzkoana no se encuentra el envío de alertas a la administración foral alavesa ni al Gobierno vasco -ambas instituciones han negado esta semana tener conocimiento alguno de lo ocurrido- pese a estar al tanto desde marzo y de su decisión de no enviar a Bernedo a ningún menor tutelado más.
Durante la primavera, la unidad de Investigación Criminal y de Policía Judicial de Bizkaia cogió el relevo de la investigación Entre otros avances, los investigadores pusieron nombre y cara a los ocho responsables de la entidad gestora del campamento veraniego de Bernedo. Varios de ellos han ejercido de monitores los últimos años. También está identificado el cocinero sospechoso de «cocinar desnudo y sólo vestido con un delantal» a diario. Reside en Bizkaia.
De forma puntual, agentes de la comisaría alavesa de Laguardia participaron en los trabajos de campo. En concreto, en marzo completaron la «identificación» de una ONG posiblemente relacionada, aunque todo indica que desconocedora de lo ocurrido en las instalaciones donde convivían los monitores y los menores llegados desde varios puntos del País Vasco y Navarra.
El 30 de abril, la unidad de Investigación Criminal de Bizkaia dio por «finalizadas» sus diligencias y remitió el asunto al Palacio de Justicia de Vitoria. Allí, el expediente entró en el Juzgado de Instrucción número 3, uno de los más sobrecargados y con un cambio de magistrado por aquellas fechas.
La explosión mediática de esta semana «reavivará» las pesquisas, pronostican medios judiciales. Se espera además que familias de algunos de los jóvenes participantes en la edición del último verano vayan dando el paso de denunciar lo ocurrido por vía penal.
También lo hará, con toda probabilidad, la Diputación alavesa, que ha admitido conocer las colonias desde hace «muchísimos años», pero no la gravedad de los hechos denunciados, a pesar de que el decreto que regula este tipo de actividad establece claramente que es la institución foral la que debe tener constancia de los udalekus que se celebran en la provincia.
En realidad, el Instituto Foral de la Juventud tiene conocimiento de las quejas familiares desde el 27 de agosto, cuando unos padres se pusieron en contacto por correo electrónico con este organismo para expresar la queja. Semanas después, le respondió por escrito que al no pertenecer a la campaña pública de udalekus que lideran las tres diputaciones «no tiene ninguna responsabilidad» sobre el polémico campamento.
El Ararteko también despachó la queja con una respuesta en la que mostraba que no podía actuar por tratarse de un asunto «entre particulares». De esta manera, los hechos acontecidos en Bernedo no solo generan serias dudas sobre los monitores implicados, sino también sobre la eficacia del sistema de protección infantil.
La Diputación de Gipuzkoa no trasladó a otras administraciones la gravedad de la denuncia; la Ertzaintza, pese a abrir diligencias sobre hechos ocurridos en territorio alavés, no parece haber informado a la Diputación de Álava, que tampoco actuó de oficio; y el Ararteko se desentendió al interpretar que era una actividad privada.
Es decir, todos los engranajes que debían haber funcionado para proteger a los menores fallaron uno tras otro, dejando al descubierto un vacío de responsabilidad que permitió que estas prácticas continuaran.
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