La Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que manda a juicio a los exdiputados del PP Pedro Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui por formar parte de una trama que obtuvo contratos de obra millonarios en Argelia a cambio de comisiones. A los dos exdirigentes populares se les acusa de valerse de sus cargos públicos para acceder a autoridades internacionales con las que presuntamente facilitaron los acuerdos bajo sospecha. Se sentarán en el banquillo por corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal.
Así lo ha decidido el juez central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz en un auto dictado el pasado lunes al que ha tenido acceso El Confidencial. Responde así un amplio escrito firmado el 11 de septiembre por el fiscal anticorrupción Conrado Alberto Sáiz. A lo largo de 228 folios detallas las actividades de De la Serna y Arístegui a los que reclama un total de 21 años de prisión por los cuatro delitos.
El auto del juez Pedraz va dirigido contra un total de 23 personas —entre las que también está el hijo de Arístegui— y cinco mercantiles, entre ellas Electrificaciones del Norte SA (Elecnor), part clave en esta investigación. Para varios de los investigados, entre los que no se encuentran los exdiputados del PP, el juez suma en su auto la acusación de blanqueo de capitales.
Según detalla la Fiscalía en su escrito, De la Serna era funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Arístegui era diplomático de carrera y ambos diputados. Desempeñaba además como portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores. En 2009, ambos acusados acordaron realizar una actividad de asesoría y consultoría a empresas que por su volumen de negocio estuviesen interesadas en una expansión internacional. Acordaron cobrar esa labor de asesoría mediante el cobro de una cantidad fija mensual, denominada iguala, y para el supuesto de que con su intervención la empresa consiguiese un contrato con empresas públicas o gobiernos extranjeros, percibir en contraprestación una comisión. “Para llevar a cabo la actividad de consultoría internacional se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ostentaron hasta 2016, especialmente su función y actividad institucional nacional e internacional”, dice la Fiscalía.
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El Ministerio Público sostiene que su papel como funcionarios “era el elemento distintivo y motivador para que las empresas aceptasen ser clientes y pagar los honorarios previamente acordados, ya que en el caso de las igualas se trataba de importes dinerarios que las empresas abonaban sin contraprestación mientras no consiguiesen, mantuviesen un contrato con empresas públicas o gobiernos extranjeros, que era el propósito y finalidad de las empresas”.
Las investigaciones se centran en el periodo que va entre 2009 y 2016. En ese tiempo, De la Serna y Arístegui compatibilizaron presuntamente esta labor de asesoría con sus cargos de diputados y en el caso de Arístegui también como embajador durante el Gobierno de Mariano Rajoy en la India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bután.
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Para captar empresas clientes firmaron contratos de agencia con intermediarios que conseguían clientes. Uno de ellos les consiguió como clientes a Elecnor y su participada Internacional de Desarrollo Energético SA. “Para que las empresas españolas –dice el fiscal– consiguiesen contratos en el extranjero De la Serna y Arístegui se valieron de personas que tenían capacidad para acceder a autoridades y funcionarios públicos en cada país que, mediante el pago de comisiones, pudiesen favorecer o beneficiar a las empresas españolas”.
Esta parte de la investigación se centra en el caso de Argelia, donde contaron con individuo llamado Cristóbal Tome, fallecido en 2016, y de su hermano José Luis. Eran “quienes tenían influencia con las autoridades y funcionarios civiles y militares argelinos”. Por esta labor de intermediación para las empresas españolas los Tome cobraban unos honorarios que eran utilizados para pagar las comisiones a las autoridades argelinas.
Dos proyectos millonarios
A juicio de la Fiscalía, todo esto era “conocido por los directivos del Grupo Elecnor, Germán Junquera, Ramón López, Santiago De la Rica, Enrique Sánchez, Alfonso Castellanos y Fernando Asencio.
Las pesquisas dan cuenta de esta operativa al menos en dos adjudicaciones. Una de ellas es el proyecto de la construcción de una Estación Desaladora de Souk Tleta por importe de 250 millones de euros, adjudicado en enero de 2009 a Elecnor por el Ministerio de Aguas y la empresa pública argelina Algerienne Des Eaux (ADE). La otra es el proyecto de construcción del Tranvía de Ouargla por importe de 230 millones adjudicado en el mes de junio de 2013 a la Unión Temporal de Empresas integrada por Elecnor junto a Assignia y Rover Alcisa por el Ministerio de Transporte y la empresa pública argelina Entreprise du Metro d ´Alger (EMA).
La Fiscalía concluye que los investigados “se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Argelia, mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de este país, aprovechándose para ello de la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenían las mercantiles involucradas”.
La Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que manda a juicio a los exdiputados del PP Pedro Ramón Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui por formar parte de una trama que obtuvo contratos de obra millonarios en Argelia a cambio de comisiones. A los dos exdirigentes populares se les acusa de valerse de sus cargos públicos para acceder a autoridades internacionales con las que presuntamente facilitaron los acuerdos bajo sospecha. Se sentarán en el banquillo por corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal.