Madrid
La Guardia Civil ha remitido el informe al juez Peinado después de analizar los 121 correos electrónicos que el exvicerrector de la Universidad Complutense se cruzó con Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez entre julio de 2018 y enero de 2023, lo que arroja una media de dos correos al mes. El instructor considera que constituyen «indicios sólidos y fundados» de un presunto delito de malversación en la contratación de una asesora en Moncloa que cobraba del erario público para ayudar en las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno.
Más información
La UCO confirma que Álvarez hizo gestiones relacionadas con la cátedra de Begoña Gómez, tal y como ambas confirmaron en sus declaraciones ante el juez. La asesora dijo que no se puede coordinar la agenda pública de la mujer del Presidente del Gobierno sin conocer la privada. Begoña Gómez reconoció que encomendaba gestiones puntuales a Álvarez. Y eso es lo que figura en los correos electrónicos aportados a la causa. Cristina Álvarez mantenía puntualmente informada a la Universidad Complutense del estado de la colaboración de Reale Seguros, Caixabank, Mercadona, Indra o Google con la cátedra que ella codirigía. Incluso hay comunicaciones en las que la asesora indica a la institución que, si de la colaboración con una empresa obtiene beneficios, debería aportar un porcentaje a la cátedra.
Las comunicaciones revelan que junto a los correos electrónicos, la asesora también hacía gestiones telefónicas y consultaba con la Universidad cualquier movimiento. Por ejemplo, cuando una empresa solicitó servicios de consultoría a la cátedra, pero los servicios jurídicos de la Institución respondieron que eso no era compatible.
Las demandas de Peinado caen en un juzgado de Pozuelo
Por otro lado, las primeras demandas para el acto de conciliación que el juez Peinado ha presentado contra políticos, periodistas y tertulianos han recaído en un juzgado de Pozuelo de Alarcón, sede RTVE. Son las del periodista Ernesto Ekaizer y el tertuliano Pablo Iglesias, que criticaron al instructor en distintas tertulias de la Corporación. La demanda del juez exige que se retracten de sus palabras porque son «rotundamente falsas» ya que su actuación «no responde a fines espurios o políticos» y que se trata de «imputaciones falsas de extrema gravedad».