La Comunidad de Madrid ha detectado hasta 40 fallos en las conocidas como pulseras antimaltrato. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que celebró este lunes una reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género, insta ahora al Ministerio de Igualdad a encargar una auditoría externa e independiente para detallar lo sucedido y subsanar estas deficiencias. «Es fundamental saber cuántas mujeres se han quedado sin protección, cuántos procedimientos judiciales se han visto comprometidos y si ha habido agresores beneficiados por este fallo», declaró el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García.
García explicó las conclusiones del Observatorio junto a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que la semana pasada ya envió una carta a Igualdad exigiendo la dimisión de la ministra Ana Redondo. «Hoy hemos conocido datos escalofriantes, como que se contrató con un proveedor sin experiencia previa o que los dispositivos se podían adquirir también a través de plataformas de comercio de China por lo que no tenían calidad suficiente para poder garantizar este servicio tan fundamental a las mujeres víctimas de violencia», añadió García, también responsable de Presidencia, Justicia y Administración Local.
El organismo autonómico, convocado de urgencia, acordó trasladar al Ministerio de Igualdad la necesidad de conocer hasta el último detalle lo ocurrido y poner en marcha cuando antes una auditoría. También solicita información sobre el hecho de que algunas víctimas de violencia de género solicitaran la retirada de estos dispositivos y las comunicaciones y alertas recibidas desde las audiencias provinciales o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como desveló El Confidencial tras conocer el problema en la memoria anual de la Fiscalía.
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Borja Negrete
Igualdad ha negado hasta la fecha que hubiera comunicaciones oficiales, pero la cronología de los hechos revela lo contrario. El CGPJ avisó por escrito el 6 de mayo al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes sobre los problemas con el sistema. Y los presidentes de las audiencias provinciales hicieron lo propio por escrito. «Teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, interesamos que se revisen y corrijan las disfunciones a fin de evitar la desprotección de las víctimas«, indicaron a través de un documento interno.
Múltiples fallos
García y Dávila insistieron en la «indefensión» de las mujeres y denunciaron los «fallos continuos y recurrentes» del sistema de las pulseras. «Hay pruebas de que fallaban cuando se mojaban, que el pitido del fin de la batería era igual que el pitido cuando se acercaba el agresor, lo que generaba una confusión muy grave a la víctima, con fallos de geolocalización o que habían perdido datos», subrayó García.
La titular autonómica de Asuntos Sociales, además, señaló que la Red de Atención Integral para las Víctimas de Violencia de Género constató que el 40% de los centros reportaron problemas con estos dispositivos, como pérdidas de conexión, problemas de cobertura o manipulación por parte del agresor. «Hemos tenido casos en los que el agresor se ha acercado a la distancia justa para infundir miedo, quitándose el dispositivo o manipulándolo para provocar que salte la alarma o situaciones que se producen en cualquier momento del día, en la compañía de los hijos, durante las horas del sueño o en plena jornada laboral», explicó.
La Comunidad de Madrid ha detectado hasta 40 fallos en las conocidas como pulseras antimaltrato. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que celebró este lunes una reunión extraordinaria del Observatorio Regional de la Violencia de Género, insta ahora al Ministerio de Igualdad a encargar una auditoría externa e independiente para detallar lo sucedido y subsanar estas deficiencias. «Es fundamental saber cuántas mujeres se han quedado sin protección, cuántos procedimientos judiciales se han visto comprometidos y si ha habido agresores beneficiados por este fallo», declaró el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García.