El cierre federal se ha convertido en un escenario común en Estados Unidos y es la mayor amenaza que se vislumbra esta semana en la potencia mundial. El martes 30 de septiembre termina el año fiscal vigente sin que el Congreso haya aprobado un nuevo presupuesto. Aunque los republicanos cuentan con mayoría en ambas Cámaras, la endiablada aritmética y la libertad de voto han favorecido un bloqueo de las cuentas de agencias y administraciones federales. El presidente de EEUU, Donald Trump, ha amenazado con despedir a miles de funcionarios si no se aprueba un presupuesto o una prórroga in extremis que afectaría a organismos de todo el aparato federal del país.

Sin una nueva asignación económica sancionada por el Parlamento norteamericano, el grueso de los servicios federales de EEUU se detendrá a partir del miércoles 1 de octubre. Bloomberg estima, basándose en cierres precedentes, que alrededor del 40% de los 3 millones de funcionarios federales serán suspendidos de trabajo y sueldo. El resto, al ocupar puestos esenciales en áreas como la defensa nacional o la administración judicial, deberán seguir trabajando sin cobrar, lo que anticipa un deterioro de los servicios federales. Los congresistas seguirán recibiendo íntegramente sus honorarios debido a la XXVII enmienda constitucional aprobada en 1992.

Las Fuerzas Armadas, el Tesoro, la Seguridad Social, la Justicia y la Reserva Federal, entre otras administraciones, continuarán operando con relativa normalidad; sin embargo, organismos como la Educación, Hacienda, la Oficina del Censo o el Departamento de Estadísticas Laborales cesarán en su actividad, lo que afectará a la publicación y recogida de información estadística y fiscal, incluida la encuesta laboral de septiembre prevista para este viernes.

Las consecuencias para la economía estadounidense son graves. Según una estimación de Capital Economics, el último cierre producido en 2018 y que duró 35 días tuvo un impacto negativo de 70.000 millones de dólares (el 0,3% del PIB de EEUU en términos anualizados). Hasta 800.000 empleados públicos no cobraron durante casi dos meses, lo que hundió la economía local de distritos enteros, incluida la propia capital.

Los servicios que permanecen abiertos

Sin presupuestos nuevos, los servicios que permanecerán abiertos serán aquellos que determina la Ley de Antideficiencia que «involucren la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad». Las áreas afectadas comprenden todo el personal militar y la mayor parte de la seguridad pública; administrativos y jueces de los tribunales federales; los empleados de transporte y navegación, incluidos sobrecargos, controladores y guardias jurado de aduanas; y la cúpula del Ejecutivo designado por el Senado.

Otras administraciones como el Tesoro Público, la Seguridad Social y la Reserva Federal continuarán operando, así como los servicios esenciales prestados por las diferentes agencias federales. Personal dependiente de empresas públicas con presupuestos independientes como la Oficina Postal de EEUU seguirán trabajando con normalidad.

La mayor parte de los empleados públicos, tanto militares como funcionariado civil, deberán trabajar sin cobrar mientras dure el cierre federal. En pasados bloqueos administrativos, las consecuencias directas fue un empeoramiento de los servicios conforme las protestas se alargaban y el personal público se quedaba sin ahorros. Una reforma de 2019 contempla que los trabajadores cobren con efecto retroactivo por los servicios prestados una vez se apruebe un nuevo presupuesto.

Los servicios que cierran

El grueso de las agencias federales funcionarán a medio gas o directamente se detendrán a partir del 1 de octubre si no hay un nuevo presupuesto. Los organismos afectados incluyen el grueso del Servicio de Impuestos Internos (la Agencia Tributaria de EEUU), la Oficina del Censo y el Departamento de Estadísticas Laborales (BLS), así como servicios sociales, educación, cultura y áreas de gestión administrativa y de salud.

Las consecuencias económicas no tardarán en llegar. El BLS es clave en las estadísticas económicas como la inflación o la tasa de desempleo. Casas de análisis como Capital Economics o medios de EEUU como Bloomberg creen que el cierre federal podría llevar a la cancelación del informe de empleo de septiembre, previsto para este viernes 3 de octubre.

Mientras dure el bloqueo, los funcionarios estarán suspendidos de empleo y sueldo, y no podrán trabajar en otras agencias federales ni organismos públicos. Según el BLS, actualmente el Gobierno federal emplea a casi 3 millones de personas. Como medio de presión, Trump ha amenazado con realizar despidos masivos si no se aprueba una prórroga presupuestaria. Desde que llegó a la Casa Blanca, el presidente ha recortado 100.000 empleos federales, aunque la mayoría permanecen a la espera de resoluciones judiciales firmes.

¿Cómo se ha llegado al cierre federal?

A diferencia de otros países como Alemania o España, que prorrogan automáticamente el presupuesto público o limitan las acciones del Gobierno si no hay unas nuevas cuentas, en Estados Unidos el Congreso ejerce un control mucho mayor del dinero asignado al Ejecutivo y a las diferentes agencias federales, que operan con mayor autonomía. La consecuencia es que, sin acuerdo legislativo o un nuevo presupuesto, el grueso de la Administración federal de EEUU debe detener sus servicios una vez expira el ejercicio fiscal, que termina en septiembre.

Una situación que debería ser extraordinaria se está volviendo progresivamente más cotidiana. Desde 1980 ha habido 10 suspensiones federales, siendo la de 2018 (bajo el primer mandato de Trump) la más larga: de hasta 35 días. Si no se ejecuta el bloqueo, la mera amenaza de este condiciona la actividad política en Washington.

Aunque el procedimiento legislativo para aprobar un presupuesto está definido desde hace décadas, el filibusterismo parlamentario entre los dos grandes partidos y la ley fiscal de la primavera que recortó inversiones en servicios sociales ha condenado a que no haya una nueva ley lista para el 1 de octubre. La aprobación de aranceles del Gobierno sin pasar por el Congreso solo ha ahondado la desconfianza y el bloqueo político.

Este lunes Trump tiene previsto reunirse con los dirigentes demócratas para que permitan una prórroga extraordinaria del presupuesto hasta mediados de noviembre, que requiere una mayoría reforzada de 60 votos en el Senado, más que los escaños republicanos actuales. En caso de desacuerdo, el miércoles 1 de octubre el grueso del Gobierno de EEUU echará la persiana y millones de trabajadores públicos tendrán sus ingresos y puestos laborales al filo de la navaja.

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