![La Moncloa. 30/09/2025. El Gobierno impulsa la lucha contra la violencia vicaria [Consejo de Ministros/Resúmenes]](https://www.europesays.com/es/wp-content/uploads/2025/09/300925-rueda-de-prensa-ministros8-1920x1024.jpg)
La Moncloa, Madrid
El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha destacado la oportunidad de la norma ante un «contexto político de ola reaccionaria» y la ha enmarcado en el compromiso del Gobierno por seguir avanzando en la igualdad real y atender las peticiones de las asociaciones de víctimas. Redondo ha recordado las cifras de esta «durísima realidad»: desde el año 2013, un total de 65 niñas y niños han sido asesinados por violencia vicaria, 9 el año pasado y 3 en 2025.
Tipificación de la violencia vicaria
Los objetivos de la futura ley son tres, según ha detallado la ministra: cumplir el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el ámbito de la violencia vicaria; definirla e incorporarla al ordenamiento jurídico y, sobre todo, proteger a las víctimas y concienciar a la sociedad contra «estas violencias tan radicales, salvajes y absolutamente inconcebibles».
Ana Redondo ha explicado que el texto modifica otras leyes que afectan a la violencia vicaria, fundamentalmente la Ley Integral contra la Violencia de Género, de la que se ha celebrado recientemente el vigésimo aniversario, pero también el Código Penal, el Código Civil y las leyes sobre el enjuiciamiento civil, el Poder Judicial y la protección jurídica del menor.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Cesar Porras
El anteproyecto identifica la violencia vicaria como aquella que se ejerce sobre la mujer por parte de su pareja o expareja a través de una persona interpuesta con el fin de vulnerar su integridad moral. Esas personas interpuestas pueden ser los menores, los descendientes, los mayores con discapacidad sometidos a la patria potestad o custodia, los ascendientes, los hermanos o la pareja actual de la víctima.
Con la reforma, esta violencia queda tipificada con un nuevo artículo en el Código Penal que establece dos tipos, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: uno general de violencia vicaria en el ámbito de la violencia doméstica, con penas privativas de libertad de seis meses y un día a tres años, y un tipo agravado en el contexto de la violencia de género, con penas de un año y medio a tres años. Además, se incorpora como pena accesoria la prohibición de portar armas entre tres y cinco años.
Medidas accesorias, sensibilización y formación específica
La titular de Igualdad ha subrayado otra pena accesoria que se incorpora al Código Penal: el juez valorará la prohibición de publicar aquellos contenidos directamente relacionados con los hechos delictivos que puedan afectar a la integridad moral de la víctima.
La reforma refuerza, además, la obligación de escuchar al menor antes de acordar un régimen de guardia y custodia. La única excepción, que exigirá una especial motivación por parte del juez, serán aquellos casos donde la escucha sea imposible o interfiera clara y directamente con el interés superior del menor.
Por otra parte, el anteproyecto incorpora planes de sensibilización contra la violencia vicaria, en línea con los que existen respecto a la violencia de género. Igualmente, incide en la formación de los jueces y fiscales sobre la violencia vicaria, incluyéndola en la oferta formativa del Consejo General del Poder Judicial y en el acceso y promoción de las carreras judicial y fiscal.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Cesar Porras
Este conjunto de medidas pretende, en palabras de Ana Redondo, «situar a España nuevamente a la vanguardia en las políticas de defensa de la igualdad real de oportunidades, cuando la violencia de género sigue siendo uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las mujeres y la sociedad y la democracia española».
Búsqueda, localización exhumación e identificación de víctimas de la guerra de España y la dictadura
El Gobierno ha regulado la concesión directa de 2,4 millones de euros para buscar, localizar, exhumar e identificar restos de víctimas de la guerra en España y la dictadura. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha precisado que un millón de euros se distribuirá a la Federación Española de Municipios y Provincias, que lo destinará «a las fosas analizadas donde presumiblemente hay seguridad de encontrar restos de personas», y el resto se repartirá entre distintas entidades locales.
En concreto, se asignarán a las diputaciones provinciales de Cáceres, Badajoz, Jaén, Sevilla y A Coruña, a los ayuntamientos de Sevilla, Jaén, Huelva y Córdoba y a los de Nerva (Huelva) y Víznar (Granada).
Balance de los planes cuatrienales
Durante su comparecencia en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres ha repasado los logros obtenidos con los dos planes cuatrienales desplegados por el Gobierno desde 2019 para exhumar fosas comunes en todo el país. Los estudios e informes emitidos en el año 2019, según ha apuntado el ministro, reflejaban la posibilidad de que se pudieran rescatar hasta 20.000 personas de fosas, pozos y cunetas. En 5 años se han realizado 8.941 exhumaciones de víctimas en toda España; la cifra se acerca al 50% de las previstas.
El ministro ha concretado que, una vez hechas las comprobaciones de ADN solicitadas por los familiares de los fallecidos hallados en esas fosas y pozos y en lugares como el Valle de Cuelgamuros, ya se han entregado 70 víctimas a sus familias.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Cesar Porras
Ángel Víctor Torres también ha recordado que la Ley de Memoria Democrática de 2022 establece un plazo para que los hijos y los nietos de los exiliados españoles en América puedan obtener la nacionalidad española. A este respecto, ha avanzado que a finales de julio se habían recibido 876.321 solicitudes, de las que ya se han concedido 24.000. El 40% de las peticiones vienen de Argentina.
El titular de Memoria Democrática ha asegurado que el Gobierno seguirá con las exhumaciones mientras haya «una sola fosa donde haya una víctima de la represión de la dictadura y el totalitarismo en nuestra España».
Recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de Canarias
El Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que recurra ante el Tribunal Constitucional determinados preceptos de la Ley de Presupuestos Generales de Canarias para 2025.
Ángel Víctor Torres ha explicado que existían discrepancias entre los Ejecutivos de España y Canarias sobre algunos aspectos de los presupuestos canarios, pero se alcanzó un acuerdo al respecto. Sin embargo, no hubo consenso sobre dos asuntos: las retribuciones del gerente del Servicio Canario de Salud y los puertos deportivos, por lo que se pidió el dictamen del Consejo de Estado.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/ Cesar Porras
En cuanto al Servicio Canario de Salud, Torres ha informado de que la ley canaria establece que quienes sean nombrados gerentes o directores gerentes no percibirán retribuciones inferiores a las del puesto que desempeñaran con anterioridad, tanto en el sector público como en el privado, lo que vulnera la competencia estatal.
Respecto a las concesiones para los puertos deportivos, el ministro ha señalado que la ley canaria establece que la inversión será de «no menos del 20%», mientras la normativa estatal fija que tiene que ser por encima del 50%. De igual modo, la norma estatal exige que las inversiones se hagan en seis meses y la ley de presupuestos canaria marca un periodo de 4 a 6 años.
El ministro ha reiterado que, no habiendo acuerdo en estos puntos, será el Tribunal Constitucional quien terminará dilucidando.
Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de la creación por parte del Consejo de Ministros de la Oficina para la Reconstrucción de Ucrania, un organismo que dependerá del Ministerio de Economía.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
La portavoz del Ejecutivo ha explicado que la nueva oficina actuará como ventanilla única para las empresas españolas interesadas en desarrollar proyectos en Ucrania, a las que facilitará el acceso a los trámites e instrumentos disponibles para la reconstrucción y brindará asesoramiento y apoyo.
Con la creación de esta entidad, que contará con una dotación presupuestaria de 1,3 millones de euros, se cumple uno de los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el pasado mes de julio, en el marco de las actuaciones anunciadas por España para apoyar a los ucranianos.