El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado una investigación a las empresas que publiciten servicios o productos de los territorios palestinos ocupados por Israel.
Aplica así el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada con «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina». Dicho texto, en su artículo 4, considera «ilícita» la publicidad de bienes provenientes de asentamientos israelíes en la Palestina ocupada, así como de los servicios prestados allí, con el objetivo de limitar el desarrollo de esos negocios.
¿Y cómo lo hará? El Reglamento de Servicios Digitales permite instar a eliminar o bloquear los contenidos ilícitos, al tiempo que se prevén sanciones que pueden alcanzar los 100.000 euros en caso de infracciones graves o entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido.
Una «economía de genocidio», según la relatora especial de la ONU
Para ello, el departamento que dirige el ministro Pablo Bustinduy ha encargado la tarea a la Dirección General de Consumo y esgrime los argumentos del informe de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese. Este concluye que las empresas que se benefician de la ocupación ilegal de los territorios perpetran ya una «economía de genocidio».
“Los actores corporativos están profundamente entrelazados con el sistema de ocupación, apartheid y genocidio en el territorio palestino ocupado”, afirmó Albanese, que señala a 48 empresas (desde fabricantes de armas a constructoras y energéticas) en el escrito titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio.
Una muestra de ese impulso económico durante la masacre es la bolsa de Tel Aviv que, según ha documentado la experta, ha subido un 213% en menos de dos años y ha acumulado 225.700 millones de dólares en ganancias bursátiles hasta julio.
Por eso, Albanese llama a los países a garantizar la rendición de cuentas de estas corporaciones a través de leyes penales y civiles, mientras pide a las empresas que cesen de inmediato esas actividades que «contribuyen o causen violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales» y paguen reparaciones al pueblo palestino, como ha ocurrido en Sudáfrica tras su apartheid.
Mientras en España se ha optado por actuar a través de los límites a la publicidad, la Fiscalía de Países Bajos está estudiando denuncias por posibles incumplimientos de la normativa de blanqueo de capitales.
Corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores proponer un listado de localidades y áreas consideradas «asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado», que aprobará luego la Agencia Tributaria.