La asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, ha recurrido este martes la decisión del juez Juan Carlos Peinado de transformar el procedimiento de la causa abierta contra ella para que el juicio sea por jurado popular.
El magistrado propuso la semana pasada enviarla a juicio ante un jurado popular junto a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por su nombramiento como asesora en Moncloa.
En un escrito fechado el 30 de septiembre y al que ha tenido acceso RTVE, la defensa de Álvarez denuncia que el magistrado «mutila» un auto de la Audiencia Provincial en el que consideró que había indicios de presunto tráfico de influencias, pero no de malversación.
Cree que transcribe el auto «de manera descontextualizada para disimular su rebeldía»
Según su letrado, Peinado lo hace para que el auto «parezca que dice lo contrario de lo que en realidad dice». Así, afirma que el juez instructor ha transcrito dicho auto «parcialmente y de manera descontextualizada para disimular su rebeldía» y «omite» la parte en la que la Audiencia niega que la asesora haya incurrido en el delito de malversación.
En concreto, la Sección 23 de la Audiencia Provincial indicó que podría haber sido «voluntariamente utilizada, desde un inicio, como un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados». Sin embargo, determinó que la investigación «tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias».
Cabe recordar, no obstante, que la Ley del Jurado incluye entre los delitos que pueden ser juzgados por este procedimiento tanto el de malversación como el de tráfico de Influencias.
Por otro lado, el abogado de Álvarez traslada su «inquietud» por la situación de su representada, ya que se ha acordado investigarla dos veces por dos delitos diferentes, primero por tráfico de influencias y ahora por malversación. Y en ambas ocasiones, «ha sido necesario modificar el criterio jurídico expresado previamente por el Juzgador y por la Audiencia Provincial en anteriores resoluciones». «Estamos ante la instrucción de Schrödinger, en la que los mismos hechos son o no constitutivos de delito según el día de la semana en que nos encontremos», ha denunciado la defensa.
En ese sentido, ha reiterado que la asesora «no posee la cualificación específica para la comisión» del delito de malversación porque «no basta con ser funcionario público o autoridad» para cometerlo. «Deben poseer facultades de administración, custodia o disposición sobre dicho patrimonio en virtud de su cargo», ha señalado.
De igual modo, ha argumentado que su superior –en este caso, Begoña Gómez– tampoco cometería delito de malversación, porque para eso sería necesario que Álvarez «cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada».
Todo ello, ha recordado, coincidiendo con el criterio jurídico de la propia Audiencia Provincial, que determinó que «el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión».
Las defensas pidieron archivar la causa
Su recurso llega pocos días después de que los tres imputados no acudieran al juzgado de Madrid donde les había citado el juez Peinado para concretar su imputación por malversación. Pese a que desoyeron el auto, en el que se precisaba que los investigados debían estar presentes en esta comparecencia, el magistrado decidió seguir adelante con la vista y con el procedimiento de esta pieza separada.
La Fiscalía y las defensas pidieron el archivo de la causa, mientras que las acusaciones quieren que siga adelante la investigación mediante una batería de diligencias, entre ellas la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar como testigo.
También reclamaron la testifical del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en el marco de la pieza en la que investiga si la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, pagada con fondos públicos, le asistió para tareas vinculadas a su faceta profesional en la Universidad Complutense.