La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en La Moncloa e investigada por malversación por el magistrado Juan Carlos Peinado, ha interpuesto un recurso directamente ante la Audiencia Provincial contra la resolución del juez que acordaba transformar la causa para que … continúe por el procedimiento del Tribunal del Jurado, lo que supondría que en caso de llegar a juicio sería un jurado popular el encargado del veredicto.
En el recurso, al que ha tenido acceso ABC, la defensa explica que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid «desobedece» una resolución previa de la Audiencia Provincial que ya negó «de manera expresa y tajante» que su representada pudiera cometer el delito de malversación que se le atribuye.
«El funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer el delito de malversación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión«, indica parafraseando el auto del tribunal, para añadir que »solo cabría plantear (ese delito) en el caso de que cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada«.
Lamenta que Peinado vuelva a «ignorar el criterio de la superioridad» como ya hiciera con el caso de Air Europa y apunta que esta vez llega incluso «a mutilar un auto de la Audiencia Provincial que transcribe parcialmente y de manera descontextualizada para disimular su rebeldía».
Contra su propio criterio
Y va más allá, al considerar que el juez investiga a su mandante incluso «contra su propio criterio» que ya expresó en resoluciones anteriores. «Estamos, como ya hemos dicho en anteriores recursos, ante la instrucción de Schrödinger, en la que los mismos hechos son o no constitutivos de delito según el día de la semana en que nos encontremos», ironiza.
Por otro lado, subraya que Álvarez, pese a su condición de funcionaria, no posee la cualificación específica para la comisión de este concreto delito porque «no basta con ser funcionario público o autoridad para cometer malversación: debe existir también una relación funcional con el caudal público presuntamente malversado».