La falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado genera una situación de incertidumbre que se traslada a las administraciones. Para el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, esta situación perjudica a «los ciudadanos y las comunidades autónomas», al quedar limitadas en su planificación y capacidad de inversión. Mientras, el Gobierno insiste en que sigue trabajando en el diseño de las nuevas cuentas y en la senda de estabilidad, aunque ya admite que los plazos se complican y que 2026 podría arrancar, por tercer año consecutivo, con las cuentas prorrogadas de 2023.
Montero insiste en que habrá Presupuestos
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este martes que el Ejecutivo tiene «el diseño básico de las cuentas» y que se están incorporando materias «para facilitar su aprobación».
Montero descartó que la senda de estabilidad se lleve al próximo Consejo de Ministros, pero confió en presentarla «en los próximos días», tras las conversaciones con los grupos parlamentarios. «Estamos haciendo propuestas que benefician a las administraciones territoriales», apuntó, advirtiendo que un rechazo en el Congreso perjudicaría directamente a comunidades y ayuntamientos.
En cualquier caso, Montero rechazó que pueda producirse una nueva prórroga automática: «Con una senda u otra, el Gobierno de España va a mantener el techo de gasto. No va a aumentar su capacidad de gasto por el hecho de que no se apruebe».
El PP acusa de «irresponsabilidad» al Ejecutivo
Desde la oposición, Juan Bravo (PP) criticó con dureza el retraso en la presentación de los Presupuestos. «Esto acredita que en España hay un gobierno sin gobierno», afirmó en una entrevista en Onda Madrid, reprochando que las cuentas vigentes son todavía las de la anterior legislatura. Para Bravo, recurrir a una prórroga sobre prórroga supone una «falta de responsabilidad y diligencia» por parte de Montero.
A su juicio, los damnificados son los ciudadanos que no verán actualizadas las partidas sociales y comunidades autónomas que deben elaborar sus presupuestos «sin tener techo de gasto, sin entregas a cuenta, sin información».
Comunidades y ayuntamientos, los más afectados
La falta de nuevas cuentas supone que autonomías y entidades locales tengan que gestionar con los mismos fondos transferidos en ejercicios anteriores, perdiendo acceso a incrementos previstos. Según cálculos del propio Gobierno, dejarían de ingresar hasta 12.000 millones de euros adicionales contemplados en la propuesta actual, afectando directamente a sanidad, educación y servicios sociales.
El retraso en las entregas a cuenta y la ausencia de previsiones claras dificultan además la planificación de inversiones y la cobertura de nuevas necesidades, en un contexto de inflación y aumento de costes. Mientras algunas comunidades con más margen fiscal pueden compensar el impacto, otras quedan especialmente expuestas, profundizando las disparidades en servicios públicos y cohesión territorial.
La prórroga también impacta en los perceptores de ayudas sociales, cuyos importes no se actualizan con la inflación, y en los sectores vinculados a grandes proyectos de inversión e infraestructuras, muchos de ellos ligados a fondos europeos que requieren reasignaciones ágiles.
El Ejecutivo tenía hasta el 30 de septiembre para presentar al Congreso el proyecto de Presupuestos para 2026, tal y como establece la Constitución. No lo ha hecho, como tampoco en los dos ejercicios anteriores. Fuentes gubernamentales admiten que el calendario hace casi imposible cumplir antes del 31 de diciembre, lo que abocaría a iniciar 2026 con las cuentas de 2023, aprobadas en 2022.